Tiempos y reformas para lograr la paz

Cinco actos legislativos y diez proyectos de ley serán las reformas mínimas que deberá impulsar el Ejecutivo en el transcurso de un año para cumplir con los acuerdos de La Habana.

El miércoles, la plenaria de la Cámara aprobó el Acto Legislativo para la Paz. / Andrés Torres - El Espectador
El miércoles, la plenaria de la Cámara aprobó el Acto Legislativo para la Paz. / Andrés Torres - El Espectador

La aprobación, el miércoles pasado, del Acto Legislativo para la Paz marcó el inicio de la cuenta regresiva para la firma del acuerdo final entre el Gobierno y las Farc. El tiempo corre, y tal y como quedó consignado en la reforma, los desarrollos normativos que exigirá la implementación de la paz tendrán un plazo máximo de un año, a partir de que se refrende lo pactado en La Habana. Para eso se estableció un procedimiento especial legislativo que permitirá que en esos 12 meses se adelanten no menos de 10 cambios constitucionales, 20 proyectos de ley y un número indeterminado de decretos, resoluciones o directivas expedidos por el presidente Juan Manuel Santos, en uso de facultades extraordinarias que le otorga el mismo acto legislativo.

Y es que la naturaleza de las reformas que vienen harán que la próxima legislatura convierta al Capitolio en un Congreso constituyente. El próximo 20 de junio terminará lo que podrá ser la última legislatura tranquila. Un mes después, los congresistas regresarán para encarar este proceso. Precisamente, las delegaciones de paz de Gobierno y Farc trabajan a toda marcha para que ese 20 de julio o máximo el 7 de agosto puedan dar a conocer el acuerdo final. Sin embargo, para llegar a ese momento falta surtir dos escollos: el acuerdo sobre el fin del conflicto, que implica el cese bilateral y definitivo del fuego y de las hostilidades, que está muy cerca de ser concretado. Y después definir el mecanismo para refrendar los acuerdos.

El Gobierno aspira a que en esa encrucijada la Corte Constitucional resuelva el estudio del llamado plebiscito para la paz. Una iniciativa unilateral del Ejecutivo que, de ser aprobada por el alto tribunal, le dará al jefe de Estado un mes, luego de la firma del acuerdo, para convocar a los ciudadanos a las urnas. Si los planes salen según la ruta trazada, la refrendación se estaría votando entre los meses de septiembre y octubre. Para este momento el país estará sumergido en una campaña política sin precedentes en la historia reciente y los partidos políticos tendrán que quemar las naves en esta inédita justa.

Resuelta la refrendación, el acto legislativo entrará en vigencia, y para ese momento es que el Gobierno ya viene adelantando un proceso de alistamiento. Ha conformado cuatro comisiones intersectoriales integradas por varias instituciones, que tendrán que hacer realidad los compromisos adquiridos. Además, para que estudien los acuerdos de desarrollo agrario, participación en política, solución al problema de las drogas y satisfacción de los derechos de las víctimas. El resultado debe ser una serie de recomendaciones sobre cuántas reformas constitucionales, proyectos de ley, decretos o resoluciones se necesitarán para implementar cada detalle de lo acordado en La Habana. Informalmente, en el Congreso se habla de que podrían ser más de 50 iniciativas. Todas tendrían que ser tramitadas en los 12 meses de vigencia del Procedimiento Legislativo Especial.

Y el primer acto que recibirá el Congreso bajo el amparo del sistema de fast track será el proyecto de ley aprobatorio del acuerdo final, en el que se incorporará al ordenamiento jurídico todo lo acordado en La Habana. Este proceso tendrá tres debates y en su trámite se demorarán 15 días. Lo siguiente, que se podría denominar la base jurídica del acuerdo, el Gobierno impulsará un acto legislativo que incluirá un nuevo artículo transitorio a la Constitución, con el texto completo del acuerdo final y, expresamente, lo acordado sobre la Jurisdicción Especial de Paz. A partir de ese momento, cuando falten tres o cuatro meses para que termine 2016, el Congreso recibirá una avalancha de actos legislativos o proyectos de ley. Por esos días las Farc ya habrán iniciado el proceso de dejación de las armas y concentración en las zonas acampamentarias que defina el acuerdo sobre el fin del conflicto.

En seguida vendrán, de manera gradual, los actos legislativos y proyectos de ley para implementar el resto de los acuerdos. El Espectador despiezó los textos entregados por el Gobierno y las Farc sobre lo establecido en desarrollo rural, participación política y solución al problema de las drogas, y, con el análisis de quienes asesoraron las discusiones en cada uno de estos puntos, estableció cuáles serán los instrumentos legislativos que se utilizarán para implementarlos. Con una aclaración de por medio: la implementación podrá tomar dos rutas: realizar las reformas normativas exclusivamente necesarias o impulsar un profundo rediseño institucional, acorde con las exigencias de los compromisos adquiridos. De esta decisión también depende el número de actos legislativos, proyectos de ley o decretos que se tramiten.

Para cumplir con el postulado de ampliar la democracia, según el exviceministro del Interior Juan Fernando Londoño, quien asesoró la mesa en el acuerdo de participación política, se necesitarán como mínimo una reforma constitucional y cuatro leyes estatutarias. El acto legislativo tendría que modificar los criterios de elegibilidad para garantizar la incorporación de los miembros de las Farc a la vida política, incluyendo la creación de las circunscripciones especiales de paz. Con esto, según Londoño, se empezaría a aplicar un régimen progresivo de adquisición de derechos.

Al mismo tiempo, el Congreso deberá tramitar el Estatuto de Oposición, que actualmente se ha venido trabajando con los partidos políticos; una reforma electoral, que elimine el umbral como requisito para conservar la personería jurídica, un régimen de partidos que garantice la aparición de nuevos movimientos políticos y, finalmente, una ley estatutaria de participación y otra para reglamentar las circunscripciones de paz. A esto se sumará un compromiso firmado en la mesa y es que, firmado el acuerdo final, se conformará una comisión de expertos que presentará las recomendaciones sobre una reforma política que se concentrará más en el diseño institucional. Por ejemplo, la eliminación del Consejo Nacional Electoral, por ser un órgano que hoy es controlado por los partidos políticos hegemónicos, o las funciones de la Registraduría, para separar los procesos registrales de los electorales.

En cuanto a los cambios normativos que se necesitarán para implementar la reforma rural integral, de la que habla el acuerdo en el primer punto de la agenda de diálogos, el tema será principalmente mediante decretos con fuerza de ley, resoluciones y manuales expedidos por el presidente Santos. En este aspecto, Álvaro Balcázar, quien ha asesorado en distintas discusiones a la mesa de diálogos, asegura que ya se han hecho importantes avances en el diseño de la institucionalidad del acuerdo agrario, como lo es la creación de la Agencia Nacional de Tierras, la de Desarrollo Rural o la de Renovación del Territorio. De manera que el Congreso recibirá, probablemente, un acto legislativo para darle vida a la jurisdicción agraria. Asimismo, podrá tramitarse un proyecto de ley para darle fuerza al Fondo de Tierras, y otro para armonizar las competencias del Agustín Codazzi y la Superintendencia de Notariado y Registro. El resto de asuntos se podrán reglamentar con decretos.

El punto de solución al problema de las drogas, en su implementación, tiene una relación profunda con el desarrollo rural. De manera que su puesta en marcha tendrá que ver mucho con el enfoque de las políticas públicas, ya que el problema de los cultivos ilícitos debe ser entendido desde la perspectiva territorial. De esta manera, el aspecto más importante para el desarrollo del acuerdo sobre drogas es un proyecto de ley de reforma al Código Penal para incorporar el acuerdo sobre el tratamiento penal diferencial que permitirá ofrecer beneficios judiciales a quienes voluntariamente abandonen los cultivos de uso ilícito. Y sobre esto ya está trabajando el Ministerio de Justicia.

Finalmente, quedará por implementar el acuerdo de justicia y satisfacción de los derechos de las víctimas. Pero con la reforma constitucional que incorpora la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) ya se habrá allanado el camino. Luego vendrá el proyecto de ley de amnistía, que incluirá las conductas que serán conexas al delito político y una ley estatutaria para reglamentar el funcionamiento de la JEP, en la que se definirá el manejo del modelo de justicia transicional. Con este panorama, el Congreso de la siguiente legislatura tendrá un trabajo abrumador, más cuando el acto legislativo autorizó que todas estas reformas se podrán adelantar en sesiones extraordinarias del Congreso de la República, por lo que los parlamentarios no tendrán los cómodos tres meses de vacaciones de que gozan desde diciembre hasta marzo cuando vuelven a legislar, y así deberán terminar el 2016.

La campaña para la refrendación de la paz

Si la Corte Constitucional avala el plebiscito para la paz, y las Farc lo aceptan como mecanismo para refrendar los acuerdos de La Habana, el país se enfrentará a una campaña política sin precedentes en la historia reciente del país. Las campañas por el sí y por el no tendrán un mes a partir de que el presidente convoque a las urnas para consolidar sus fuerzas electorales.

El urbismo, aglutinado hoy en torno a la llamada resistencia civil, busca desde ya recomponer su poder en las regiones para rechazar los acuerdos e impulsar una renegociación de lo pactado. Para eso se recogen firmas para pedir la renuncia de Santos, pero sobre todo para saber con qué cuentan a la hora del plebiscito.

Por su parte el Gobierno, que le apunta a pasar de largo los 4,5 millones de votos aprobatorios que se requieren, trabaja para enfilar sus fuerza. Los partidos de la Unidad Nacional y los funcionarios de Gobierno tienen la tarea de conformar capítulos regionales de pedagogía de los acuerdos y movilización por el sí.