Lo que toca conciliar de la reforma de equilibrio de poderes

A puerta cerrada, en unas discusiones complejas que se han visto como poco transparentes, se definirá el texto final de la reforma. Hay diferencias entre los textos del Senado y la Cámara de Representantes.

La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó, en último debate, la reforma del equilibrio de poderes. / Mininterior

Concluida la aprobación de la reforma de equilibrio de poderes viene el que se ha denominado, con fundada desconfianza, “el noveno debate”, al que se hace referencia cuando se tratan de conciliar los textos de Senado y Cámara. La fallida reforma a la justicia de 2012 terminó plagada de micos al momento de la conciliación y finalmente tuvo que ser objetada por el presidente Juan Manuel Santos. Más recientes fueron las modificaciones al Plan Nacional de Desarrollo, lo cual generó demandas ante la Corte Constitucional. Por eso los ojos están puestos en la última etapa de la reforma. Estos son los principales puntos que deberán conciliarse.

Los aforados

Sin duda, uno de los temas más polémicos de la reforma fue la eliminación de la Comisión de Acusaciones para crear un tribunal con verdaderos dientes que dejara de lado la impunidad reinante en los procesos contra los magistrados de las altas cortes y el fiscal general. Conforme pasaron los debates fueron incluidos como aforados el contralor general, el defensor del Pueblo y el procurador. Así quedó aprobado en Senado. En la conciliación tendrá que definirse cuáles serán los funcionarios que contarán con este fuero, si se deja sólo para el fiscal y los magistrados o se amplía y se incluye hasta el vicepresidente.

Los miembros de la comisión

En la Cámara de Representantes se aprobó que la naciente comisión de aforados contará con tres magistrados; en Senado se aprobó que fueran cinco miembros. Finalmente, por solicitud del Centro Democrático, primará la propuesta de Senado.

Sobre el vicepresidente

El presupuesto que el hoy vicepresidente, Germán Vargas Lleras, maneja para inversiones en infraestructura y vivienda, calculado en $12 billones, hizo del alto funcionario un protagonista en el trámite de la reforma. El primer punto tiene que ver con su juzgamiento. En Senado fue incluido en la lista de funcionarios que investigaría la comisión de aforados, pero de acuerdo con la Cámara tendría el mismo juicio que ministros y gobernadores, siendo investigado por la Fiscalía y condenado por la Corte Suprema de Justicia. El segundo punto es la inhabilidad para aspirar a cargos públicos; en síntesis, cuándo tiene que renunciar si quiere aspirar a la Presidencia. Por ahora parece haber acuerdo en que tendrá que hacerlo un año antes de las elecciones.

Consejo de gobierno judicial

Este será el remplazo del Consejo Superior de la Judicatura y la gran polémica sobre este tema se dio cuando el saliente ministro de la Presidencia, Néstor Humberto Martínez, pretendió incluir una modificación que dejaba en manos de los tres presidentes de las altas cortes el manejo de ese consejo de gobierno judicial. Este tema no se podrá abordar de nuevo en la conciliación, pero está pendiente la posibilidad de que el ministro de Justicia pueda formar parte de este órgano, con voz pero sin voto. Así fue aprobado en Senado, pero los magistrados consideran que esa es una intromisión en la independencia de la Rama Judicial, por lo que sería retirado en la conciliación.

Lo que no llegó

Aunque había posiciones encontradas entre lo que pensaban la Cámara y el Senado y se esperaba que las diferencias se resolvieran en la conciliación, varios temas quedaron en el tintero y no contaron con los votos para su aprobación en las plenarias. El primero es el senado regional, promesa del presidente Santos para las zonas que no tenían representación: en Senado no fue votado y en la Cámara no tuvo los votos suficientes. La lista cerrada, una de las prioridades para la transparencia en elecciones, también fracasó y será decisión de cada colectividad.

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