Este 30 de noviembre terminará la vigencia del “fast track”

¿Todos contra la reforma política?

El texto de reforma política que irá a la plenaria del Senado, en último debate, se aleja mucho de la propuesta inicial, que prometía una modificación estructural del sistema político y electoral. No habrá independencia de la autoridad electoral y diferentes sectores piden que se retire la iniciativa.

El senador Roy Barreras radicó la ponencia de la reforma política que será debatida en la plenaria del Senado esta semana. / Archivo El Espectador

La reforma política era un gigante con armadura. Llegó a la Cámara de Representantes en agosto blandiendo una espada, con la promesa de lograr cambios estructurales y necesarios en el sistema político colombiano, luego de recoger las recomendaciones que sobre el asunto dio la Misión Electoral Especial (MEE), creada tras la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las Farc. Constaba de 22 artículos y dentro de sus pilares estaban la creación de una autoridad electoral, cuya conformación quedara en la otra orilla de los intereses políticos del Congreso de la República; la apertura democrática para la participación de fuerzas políticas minoritarias, y la exclusión de la posibilidad del transfuguismo, como una forma de fortalecer a los partidos y de respetar el voto de quien había sufragado movido por las ideas.

Incluso, durante el debate en la Comisión Primera de la Cámara, se propuso la creación de un tribunal de aforados ante la evidente inutilidad y falta de efectividad, demostrada durante años por la Comisión de Investigación y Acusación de esa misma corporación. Sin embargo, el gigante entró a caminar en un valle angosto en el que recibía pedradas desde lo alto de las montañas. Pedradas políticas de gran calibre que empezaron a despedazarla, por lo que sus intenciones de ser una reforma estructural fueron quedando regadas en el camino a medida que avanzaba en los debates.

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Por ejemplo, el texto que salió de la Comisión Primera del Senado, pactado por los partidos políticos en una subcomisión que se realizó en el mediodía del pasado 16 de noviembre, muy poco tiene que ver con el texto inicial, a pesar de que desde el Gobierno se defienda que en él se conserva lo fundamental. Desde que se debatía en la Cámara, los miembros de Voces de Paz advertían de esta situación, sin embargo, fue hasta la semana pasada que se creó una especie de “Todos contra la reforma” y las críticas y peticiones de retiro llegaron por todos los flancos.

Uno de los primeros en solicitarle al Gobierno desistir de la reforma fue su autor, el exministro del Interior Juan Fernando Cristo, quien consideró que la iniciativa se había convertido en una pieza completamente inútil y que lo mejor era dejarle esa tarea al próximo Congreso. En consonancia con esa propuesta, varios senadores del Partido Liberal anunciaron su voto negativo al proyecto y calificaron el texto como una colcha de retazos. Pero una de las más preocupantes fue la petición que la Misión de Observación Electoral (MOE) le hizo al presidente Juan Manuel Santos para que retire el apoyo del Ejecutivo al proyecto que hoy podría ser aprobado.

Para la organización, el articulado no responde a tres asuntos mínimos: garantizar una autoridad independiente e imparcial, dotar a las autoridades electorales de las herramientas para un control efectivo de la financiación de la política y las campañas, y ampliar la participación y representación territorial a través de la promoción del pluralismo político y la democracia interna de los partidos. Los argumentos son hechos con base en lo que se aprobó en la Comisión Primera del Senado.

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No habrá una autoridad independiente, pues se derribó la posibilidad de que su conformación se hiciera con miembros propuestos por las mejores universidades del país. Contrario a eso, los nueve magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) “serán elegidos por el Congreso de la República en pleno, de candidatos presentados en razón de cinco por los partidos políticos que se declaren de gobierno, dos por los partidos políticos que se declaren de oposición y dos por los partidos políticos que se declaren independientes”. Es decir, fracasó el intento de evitar al máximo que los miembros del CNE, que adelantan investigaciones como la financiación de Odebrecht en las campañas presidenciales de 2014, tengan relaciones con los congresistas, los partidos y sus intereses políticos.

También quedó aprobado el transfuguismo. Aunque quedó amarrado a que un miembro de una colectividad esté en desacuerdo con las coaliciones que haya hecho su partido, para la MOE lo que se está permitiendo es una indisciplina partidista y se premia el personalismo político. También quedó por fuera, y por petición expresa del Partido Conservador, la obligatoriedad de las listas cerradas a las corporaciones públicas. Pero quizá los más sensible fue que el sistema de adquisición progresiva de derechos para movimientos políticos minoritarios —es decir, la adquisición de la personería jurídica con un número determinado de afiliados y no con el umbral de votación— quedó dependiendo de la aprobación de una ley estatutaria.

Por supuesto, una de las razones más fuertes de algunos congresistas para no apoyar las modificaciones al escenario electoral fue la inconveniencia de cambiar las reglas del juego a pocos meses de las elecciones, pero tampoco se puede dejar de lado que el planteamiento del actual sistema electoral ayuda a perpetuar las malas prácticas de la política en el país. Desarticulada, así quedó la reforma política que debía tramitarse para cumplir puntos específicos del Acuerdo de Paz y que es uno de los proyectos prioritarios también amenazado por la terminación de la vigencia de procedimiento de fast track este 30 de noviembre, junto con la estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la creación de las circunscripciones especiales. Ya fue radicada por parte del senador Roy Barreras la ponencia que se debatirá en la plenaria del Senado y lo más probable es que pase tal y como está. Quedará demostrado que el Congreso no tuvo voluntad, tampoco esta vez, para reformar el ejercicio de la política.

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