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El debate del proyecto de Ley TIC, una de las prioridades del Gobierno Nacional, surte por estos días la votación de los impedimentos que han presentado varias decenas senadores, que consideran que, por varios motivos, tienen conflictos de interés para votar la iniciativa que tocaría asuntos relativos con la televisión en el país.
Sin embargo, hay una molestia específica en los sectores de la oposición que se resume de una forma bastante sencilla: algunos impedimentos se han negado, a pesar de que, a juicio de algunos senadores, sí habría conflicto de intereses.
De los 14 impedimentos que se tramitaron en la pasada plenaria del Senado, cuatro fueron aprobados. El de Iván Marulanda (Alianza Verde), quien señaló tener varios familiares que se dedicaban profesionalmente a industria del cine, la televisión y la producción audiovisual; el de Samy Merheg (Conservador), quien expresó que tenía negocios relacionados con el sector; el de Arturo Char (Cambio Radical), que aseguró ser socio de emisoras radiales; y el de Gustavo Bolívar (Decentes), quien anotó que en el espectro electromagnético se tramite producciones televisivas creadas con base en obras literarias de mi autoridad y tiene interés en los medios.
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Los 10 negados, en su mayoría, tiene que ver con aportes que realizaron canales privados, empresas del sector de la televisión o empresas que son filiales a otras que desarrollan su actividad económica en asuntos de los que se beneficiaría o afectaría la Ley TIC a las campañas electorales. Es decir, que no se les aprobó el impedimento a los senadores que financiaron parte de sus campañas con recursos provenientes de empresas que tiene que ver con el sector de la televisión.
“RCN y Caracol realizaron aportes económicos al partido conservador para financiar la campaña al Congreso para el período 2018 – 2022”, fue el motivo por el que la senadora Miriam Paredes, del Partido Conservador, presentó su impedimento, pero fue negado.
Por su parte, el senador Andrés García Zuccardi, de la U, señaló en su impedimento: “Hay una novedad en esta sesión de plenaria y es que varios miembros del Partido de la Unidad han radicado impedimento debido a que empresas, como el grupo Ardila Lule, Bavaria, entre otras, han hecho donaciones al partido y sus campañas (…) El impedimento también es por aportes al partido de la U de empresas de telecomunicaciones”. Este impedimento también fue negado.
“No es posible que unos se declaren impedidos los que desarrollan negocios en el sector de las telecomunicaciones, pero que no lo hagan quienes recibieron dineros de empresas de telecomunicaciones para financiar sus campañas. Es como si no se les aprobara el impedimento a quien recibió financiación de empresas de gaseosas cuando se vaya a votar la ley que regula las bebidas azucaradas”, señaló un congresista de la oposición.
De hecho, en la plenaria de esta tarde, el senador Wilson Arias, del Polo Democrático, expresó: “Para recomendar a la plenaria y a los senadores. Recibir aportes particulares en nombre de un servicio de comunicaciones es suficiente para ser considerado de otra manera. Lo digo ni siquiera como solidaridad, sino de seriedad frente al país y frente a nuestro voto”.
La senadora María Del Rosario Guerra, del Centro Democrático, también se refirió al asunto, y pidió a sus colegas que, como el proyecto de ley tocaba las telecomunicaciones, “fueran precisos en los impedimentos porque si simplemente dicen, en general, en el sector de comunicaciones, no sabemos exactamente por qué se declaran impedidos”. “Sean precisos si recibieron para una pauta en radio o televisión”, dijo la senadora.