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La próxima semana el Congreso espera aprobar, en plenarias de Cámara y Senado, el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018. Sin embargo, la carta de navegación del gobierno Santos tendrá que enfrentar una dura tormenta: una tutela presentada por la Autoridad Nacional Afrocolombiana (Anafro) ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la cual pretende proteger el derecho a la consulta previa, libre e informada a que tienen derecho las comunidades étnicas.
La demanda fue presentada por Daniel Garcés Carabalí en calidad de miembro del pueblo negro y como integrante del Equipo de Coordinación Nacional del Proceso de Comunidades Negras (PCN), una de las organizaciones afros más grande del país. Garcés pide que se protejan los “derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, la participación, la consulta previa, libre e informada del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, al derecho a determinar el modelo de desarrollo autónomo del pueblo negro, afrocolombiano, palenquero y raizal”.
Asimismo, la tutela solicita que se “ordene al Congreso de la República suspender el trámite de debate y aprobación del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 y devolverlo al Gobierno Nacional para que dicha consulta previa libre e informada sea realizada en los términos del Convenio 169 de la OIT, la jurisprudencia de la Corte Constitucional y el protocolo adoptado por las comunidades étnicas afrocolombianas en el marco del Primer Congreso Nacional Autónomo del Pueblo Negro, Afrocolombiano, Raizal y Palenquero, realizado en agosto del año 2013”.
En este sentido, la demanda de Garcés Carabalí adjunta una serie de documentos que dan cuenta de los pormenores de la relación entre el Gobierno y las organizaciones afros y dejan claro que el PND no fue consultado con las comunidades negras. Proceso que sí se llevó a cabo con los grupos indígenas y los gitanos, o población rom. La situación de las comunidades negras es particular, puesto que desde hace más de tres años la Corte Constitucional le ha advertido al Gobierno que debe reformular el espacio de consulta de las medidas de alcance nacional.
El demandante argumenta que Anafro, una organización constituida a partir del Primer Congreso Nacional Autónomo del Pueblo Negro, Afrocolombiano, Palenquero y Raizal, ha buscado interactuar con el Gobierno para establecer una ruta de consulta que garantice los derechos de los pueblos afros, pero el Ejecutivo ha hecho caso omiso a estos llamados con el argumento de que la Corte Constitucional estudiaba el caso de fondo.
Al final, Garcés Carabalí anexa 12 documentos probatorios que dan cuenta de que el PND no se consultó, el Estado ha incumplido con la orden de la Corte Constitucional de garantizar el derecho a la consulta previa, así como de la autodeterminación del pueblo negro a definir la manera como deben ser consultados y los procesos organizativos que permitirían establecer los mecanismos de representación de las comunidades. Y mientras el Gobierno le mete el acelerador al Congreso para que apruebe su ruta de navegación, en los tribunales ya está planteado el pulso que podría hacer encallar los planes del Ejecutivo.
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