Transfuguismo: ¿asunto de camaleones o de principios?

Si el coronavirus lo permite, y se logra atajar la epidemia en las semanas venideras, el Congreso de la República discutirá en el período legislativo que recién arranca un proyecto en el que no se ha dejado de insistir en la última década: el transfuguismo político. Se trata de una iniciativa que, sin más, les permite a congresistas, diputados, concejales y ediles cambiar de parecer y -solo por una vez- dar el salto a otro partido diferente al que los avaló, sin que ello implique tener que despedirse de su curul o incurrir en doble militancia. El debate tiene de viejo lo mismo que conserva de controversial: ¿se estaría traicionando al elector y privilegiando a los “voltiarepas”, o es una medida que ayudaría a recomponer las fuerzas políticas y afianzar posturas ideológicas?

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La Constitución es estricta: si un miembro de una corporación pública quiere pasar de un bando a otro la condición es que renuncie a su curul un año antes de que se inscriba a elecciones. Sin embargo, defensores de la iniciativa argumentan que se trata de una conversión que, lejos de hacerlos ver como camaleones o vendidos, les permite reacomodarse a una colectividad afín a sus ideas y convicciones, en caso de que su partido las haya “traicionado”.

El proyecto de acto legislativo, es decir, que implica reformar la Constitución, está enmarcado en la tan aplazada reforma política y, de acuerdo con el senador liberal Luis Fernando Velasco -que ya contaría con el respaldo de sectores de la U y Cambio Radical (CR)-, abarca una serie de requisitos previos para hacer viable el transfuguismo. En primer lugar, consagra que durante dos elecciones seguidas (las de 2022 y 2026, en el caso del Congreso) se elija vía lista cerrada, en la que se vota por un partido con una nómina de candidatos, y luego por otros dos períodos (2030-2034) el mecanismo sea el voto preferente, es decir, por un determinado candidato.

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Con ello, en un momento inicial, se fortalecerían los partidos a través de la disciplina programática, pues los electores estarían apostando por todo un movimiento y no por aspiraciones personalistas. Luego, pasados ocho años, y bajo el supuesto de que ya habría colectividades sólidas, sí se podría optar por un aspirante particular.

El argumento parece válido si se tiene en cuenta que en las elecciones regionales de octubre pasado quedó en evidencia el boom de los grupos significativos de ciudadanos (1.253 inscritos), por encima de los partidos. Asimismo, se atajarían sendas divisiones, que aquejan incluso a colectividades tan disciplinadas como el Centro Democrático (CD), al que le salió una supuesta facción dispuesta a montar un movimiento semejante al Vox, partido de ultraderecha español.

En segundo lugar, la iniciativa propone que la financiación sea “preponderantemente estatal”, dado el fortalecimiento de las listas cerradas, y se consagra además la creación de un tribunal electoral que actúe como juez de primera instancia en la resolución de controversias electorales. Si se cumplen estas condiciones, dice Velasco, se viabiliza el transfuguismo: “Hoy no existen partidos, digámoslo con claridad. Los candidatos están donde les dan el aval y no donde hay agenda programática. Si cerramos listas, garantizamos financiación pública y hay un órgano electoral independiente, se justifica que alguien se ubique en su verdadero partido”.

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Para Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), si lo que se busca es robustecer los partidos, la alternativa sería solo permitir listas cerradas y luego evaluar su funcionamiento antes de entrar a establecer el voto programático. En esa línea, critica que el transfuguismo sea -como ha pasado antes- una “moneda de cambio” para que pase la reforma.

“Exige una reflexión de fondo. ¿Por qué tiene que pasar esto? ¿Por qué los del CD quieren abrirse y formar otro partido, y por qué le pasa lo mismo a una tendencia de la U y CR? ¿Para qué organizaciones políticas si no aguantan más de ocho años y después hay gente que no cabe ahí? Se está demostrando la debilidad de los partidos. Si alguien no se siente cómodo donde fue elegido, quiere decir que el tema era de conveniencia electoral y no de compartir principios ideológicos”, asegura Barrios.

A su turno, Yann Basset, director del Grupo de Estudios de la Democracia de la Universidad del Rosario, alega que el transfuguismo termina debilitando a los partidos y solo sería viable si hay únicamente listas cerradas. “Hay que ser conscientes de que un congresista no les responde solo a sus electores, sino a quienes votan por el partido. Por ello, el transfuguismo está prohibido”.

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Finalmente, Catalina Jiménez, profesora de gobierno de la Externado, indica que la alternancia de listas facilitaría una reacomodación no de candidatos, sino del partido, y aunque en la teoría pinta interesante, “hay que ver cómo se logra ese vínculo programático, ya que en las regiones las colectividades van más a la fija por coaliciones”.

El debate nuevamente arranca y la iniciativa será una prueba de fuego para la ministra del Interior, Alicia Arango, teniendo en cuenta que su antecesora -Nancy Patricia Gutiérrez- prefirió dejar hundir otra reforma política con puntos similares hace un año, porque se quedó sin su razón de ser: la lista cerrada, cuya aplicación sí podría abrir la puerta al transfuguismo.

jgonzalez@elespectador.com