Tras elecciones, Procuraduría intensificará revisión de gastos e ingresos de campañas

Al hacer una revisión de lo consignado en el portal Cuentas Claras con corte a 30 de octubre, se evidencia que hay mandatarios que reportan $0 frente a sus ingresos o gastos, mientras que hay otros que han gastado más de lo que han recibido.

Si bien hace menos de una semana concluyó la temporada electoral y los colombianos eligieron a sus nuevas autoridades electorales, este viernes, desde Medellín, el procurador general de la Nación, Fernando Carrillo, anunció que las labores de inspección y vigilancia del ente de control no han terminado y fijó como otra de las etapas del proceso la revisión de los gastos e ingresos de las campañas.

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Según el funcionario, una vez finalicen las labores de verificación y estudio de los cerca de 40 casos de presuntas irregulares en los escrutinios, para los que hay dispuestos 7.000 funcionarios tanto de Procuraduría como de Defensoría, la lupa estará puesta sobre la financiación de los candidatos y su obligación de hacer el reporte en el portal Cuentas Claras.

“Vendrá algo que no se les puede olvidar a los partidos y los candidatos: la revisión de las cuentas de las campañas. Lo establecimos hace dos semanas: ni siquiera el 20 % de las campañas y los candidatos han cumplido con eso. Que no se les olvide que esto es un delito a partir de 2018, así como la violación de los topes en materia de financiación de campañas”, declaró Carrillo.

Aunque la normatividad indica que los 117.822 aspirantes tienen plazo de hacer el reporte hasta dos meses pasados los comicios, es decir el 27 de diciembre; la urgencia obedece a los riesgos electorales y eventuales delitos que podría haber detrás.

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El procurador se refirió también a las irregularidades electorales y al proceso de escrutinio, admitiendo que en muchas regiones las maquinarias funcionaron. Para Carrillo, aunque haya sido una jornada electoral pacifica, “los vicios de la política colombiana se mantienen”.

“Logramos cosas en materia de inhabilitación de candidatos (700) y por trashumancia electoral fueron más de un millón de cédulas cuyas inscripciones fueron anuladas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y que implican investigaciones penales. Seguimos insistiendo en el tema de financiamiento”, agregó el procurador.