Trump-Duque: el enfoque prohibicionista

El presidente Iván Duque intervendrá mañana ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. / SIG

El 19 de septiembre de 2017, más de 190 naciones del mundo reunidas en Nueva York (EE. UU.), con ocasión de la 72ª Asamblea General de Naciones Unidas (UNGA), escucharon el que sería el último discurso del entonces presidente Juan Manuel Santos ante ese organismo multilateral. Como era evidente, los ojos de la comunidad internacional estaban puestos sobre un país en tránsito hacia la consolidación de un acuerdo de paz que, aunque imperfecto, estableció nuevas políticas para afrontar aquellos focos que en el pasado —y aún hoy— se convirtieron en caldo de cultivo para alimentar la guerra en Colombia. El narcotráfico lo fue y, por eso, la nueva mirada para combatirlo era fundamental en momentos en que los estados afectados admitían el concepto de responsabilidad compartida para afrontar la guerra global contra las drogas.

Así lo dejó consignado Santos el año pasado, al advertir sobre la necesidad de buscar nuevas estrategias, bajo la certeza de que la lucha contra las drogas no se ha ganado ni se va a ganar y que el aumento en el consumo es otra realidad igual de ineludible que tampoco se va a acabar. “Pero tenemos que avanzar en esta lucha con una mente más abierta. Tenemos que ser más inteligentes, más innovadores”, dijo el mandatario. Por eso, sorprende que en el marco de la 73ª UNGA, su sucesor, el presidente Iván Duque, haya liderado en ese mismo escenario un viraje de 180 grados sobre este asunto, pues, aunque reconoce que se trata de un problema de salud pública, insiste en tesis propias del prohibicionismo, como acabar con la dosis personal.

Así quedó claro ayer, en el primer encuentro que sostuvo el presidente Duque con su homólogo estadounidense, Donald Trump, pues ambos contravienen el mensaje con el que concluyó la ONU en la Sesión Especial de 2016 sobre una nueva mirada a esta lucha. Esto es, ya no un mundo libre de drogas sino un mundo libre de su abuso. “Queremos trabajar con su nuevo gobierno para erradicar la producción de coca en su país. Todos hemos de colaborar para desmantelar la producción y acabar con la adicción a la droga”, le dijo el presidente Trump a Duque, ad portas del encuentro bilateral que tendrán en la sede de la ONU en las próximas horas.

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Y ese, indudablemente, es el tema central entre ambas naciones que parecieran haber revivido las relaciones “narcotizadas” que hubo entre Estados Unidos y Colombia en el pasado. Pero ¿significa ello que se mantendrá la mano dura y regresarán el prohibicionismo y el rechazo a propuestas “innovadoras” en la lucha contra las drogas? Es claro que el gobierno norteamericano no puede seguir girando cheques en blanco a cambio de resultados cada vez más preocupantes en la siembra de cultivos ilícitos. Lo reportó la Casa Blanca y, más recientemente, el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de la ONU: Colombia ha llegado a cifras históricas en apenas pocos años y los alarmantes resultados coinciden, entre otras cosas, con lo pactado en Cuba sobre la materia.

Erradicación voluntaria, incentivos para los campesinos que, por décadas, se dedicaron a sembrar coca y sustitución, sumadas a la decisión de suspender las aspersiones aéreas con glifosato, suelen ser los principales argumentos entre los sectores que apoyan retomar las estrategias hoy dadas por fallidas por la misma comunidad internacional. Pero en la otra orilla están quienes creen que a Colombia se le dio un margen de maniobra absolutamente corto para demostrar que el nuevo enfoque funciona. Basta revisar la amenaza que lanzó Trump el año pasado con descertificar al país y, aunque finalmente no adoptó tal determinación, es claro que, como Duque, busca medidas más represivas de cara a lograr resultados cuanto antes.

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“Me interesa que en Colombia tengamos prevención desde la familia, desde el colegio, que promovamos buenos hábitos (…) y enfrentar la presencia de drogas en las calles de Colombia, para lograr una sociedad libre de drogas”, dijo el presidente Duque desde Nueva York. En pocas palabras, la polémica alrededor de la ponderación entre los derechos fundamentales y la guerra contra las drogas parece haber llevado a la confrontación del eslabón más débil de la cadena, cuyas consecuencias son difíciles de predecir, menos aún a la hora de lograr resultados efectivos en la disminución de hectáreas con cultivos ilícitos.

Ayer, 130 países firmaron un documento de llamado a la acción en la lucha contra las drogas, liderado por el presidente Trump, con cuatro compromisos concretos: reducir la demanda de drogas ilícitas a través de la educación, el conocimiento y la prevención del abuso; ampliar los esfuerzos de tratamiento para salvar vidas y promover la recuperación; fortalecer la cooperación internacional en los sectores judicial, policial y de salud, y cortar el suministro de drogas ilícitas al detener su producción, ya sea a través del cultivo o la fabricación y el flujo a través de las fronteras. Un compromiso aún tímido que solo evaluará resultados en 2019, cuando la Sesión Especial de la ONU se vuelva a reunir para analizar los avances de los estados en materia antidrogas.

De momento, resta esperar que tanto Duque como Trump, afines a políticas de mano dura que sus antecesores pusieron en entredicho, den a conocer los términos en los que se mantendrá la cooperación bilateral sin afectar el principal objetivo que quedó plasmado en Naciones Unidas en abril de 2016: “Garantizar que todas las personas puedan vivir con salud, dignidad, paz, seguridad y prosperidad, y (…) abordar los problemas sociales, de salud pública y de seguridad derivados del uso indebido de drogas”. El debate apenas comienza, pues, como lo ratificó Duque ayer, “esta es una lucha moral del mundo”, y Colombia no puede perder el protagonismo que suscitó la nueva mirada originada desde la Cumbre de las Américas en 2012.