A Tumaco nunca llegó la paz

En un informe detallado, la organización no gubernamental Human Rights Watch da a conocer  la crisis humanitaria que vive este municipio de Nariño, luego de la firma de los acuerdos de paz entre el Gobierno y las Farc. Violencia sexual, desaparición, homicidios de líderes sociales, reclutamiento de menores y desplazamiento son algunas de las problemáticas que siguen presentes esta población del sur del país.

Tumaco es el municipio más afectado por los cultivos de uso ilícito en el país.
Tumaco es el municipio más afectado por los cultivos de uso ilícito en el país. TPP

Este jueves, Human Rights Watch publicó el informe titulado “Violencia reciclada” en el que dio a conocer, tras dos meses de investigaciones, los abusos de los grupos disidentes de las Farc en Tumaco, Nariño, al igual que de otras organizaciones paramilitares como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AUC) y Los Rastrojos, que siguen delinquiendo en el segundo puerto de importancia del país en el océano Pacífico.

En el documento de 64 páginas, la organización empieza resaltando que mientras que en ciudades como Bogotá, Medellín y Barranquilla hubo en promedio 22 homicidios por cada 100 mil habitantes durante 2017, en Tumaco se llegó a los 101, teniendo en cuenta que en el municipio nariñense solo hay 210.000 pobladores. Una cifra preocupante si se tiene en cuenta que en noviembre de 2016 el Gobierno firmó el Acuerdo de La Habana con la desmovilizada guerrilla de las Farc, pacto que ilusionó a esa comunidad nariñense que creyó que lo acordado sería la base para una mejora no solo en el orden público sino en el desarrollo social y económico de la región.

Sin embargo, eso nunca pasó, pues, según cifras oficiales, entre el 1 de enero y el 5 de diciembre de este año se registraron 237 investigaciones por homicidios, teniendo en cuenta que, como lo apunta la misma oenegé, en la mayoría de los veces la población no presenta la denuncia por temor a represalias. En otras palabras, que sin el respectivo procedimiento se hace imposible calcular los abusos que vive la población hoy en día. De hecho, Human Rights Watch solo pudo documentar 120 historias de víctimas entre los que se encuentran 21 asesinatos, 14 desapariciones, 11 violaciones sexuales y 24 reclutamientos desde mediados de 2016.

Además, según el mismo texto, hasta septiembre de este año las muertes violentas aumentaron casi en un 50 % en comparación al 2017. Y aunque todavía no ha sido confirmado, fuentes consultadas por Human Rights Watch (entre ellos tres fiscales que investigan los delitos) reiteran que la mayoría de los crímenes son cometidos por grupos disidentes de las Farc. “Es habitual que asesinen a civiles para aterrorizar o imponer su autoridad en barrios urbanos de bajos recursos y comunidades rurales”, resalta el informe.

Esta grave situación de derechos humanos en la zona es, paradójicamente, una derivación del proceso de paz que vive el país. “En muchas partes de Colombia, pronto parecieron frustrarse las esperanzas de que el acuerdo trajera paz”, dice el informe. Según la organización son varios los factores que explican esta situación. Uno de estos es que, pese al compromiso de la extinta guerrilla, algunos miembros de las Farc no creyeron en la negociación con el Gobierno y continuaron con las actividades delictivas, siendo la Columna Móvil Daniel Aldana la principal detractora de la zona y la que más adelante se convirtió en el Frente Oliver Sinisterra, liderado por alias Guacho. La presencia de este grupo y estructuras paramilitares ha generado una proliferación del negocio del narcotráfico y eso lo ratifica la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) que, en septiembre de este año, reveló que los cultivos ilícitos aumentaron, en 2017, un 17% en comparación a 2016, siendo Tumaco el municipio más afectado por este flagelo.

El otro factor que la organización argumenta como motivador de la situación es la ineficiente presencia del Estado, que ha sabido responder militarmente, pero que en el ámbito social no llega con propuestas concretas de transformación y apoyo a las comunidades. “A principios de 2018, el Gobierno puso en práctica una poderosa campaña militar y policial para frenar los abusos perpetrados por grupos armados. Envió a miles de agentes de la Fuerza Pública a Tumaco y a otros nueve municipios vecinos del departamento de Nariño. La operación ayudó a capturar a numerosas personas, pero los datos muestran que, hasta septiembre de 2018, se siguen cometiendo graves abusos”.

El texto, además de hacer una radiografía de la situación en Tumaco, hace unas recomendaciones directas al presidente Iván Duque, al fiscal  Néstor Humberto Martínez, al alcalde Julio César Rivera y al Consejo Superior de la Judicatura. En síntesis, la organización sugiere prestar atención a los desplazados por la violencia, garantizar el acceso a los servicios públicos, monitorear y estudiar los casos de violencia sexual, establecer programas para la protección de líderes sociales, aumentar los esfuerzos para la erradicación de los cultivos ilícitos, llevar al territorio más fiscales, investigadores y jueces para atender los casos y que estos no queden en la impunidad.

El resultado de la investigación es una reiteración de lo que la administración regional insiste en todos los medios de comunicación. El gobernador de Nariño, Camilo Romero, hace unos meses afirmó en El Espectador que la paz no ha llegado al territorio. Para él, el principal culpable de que esto suceda es el Gobierno. "Lo que menos pueden esperar es que esta problemática la resuelva el alcalde o el gobernador", sentenció. 

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-Redacción Política

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