Último impulso a la consulta anticorrupción

Los promotores de la consulta anticorrupción hablan de “domesticar a la clase política”. / Cortesía

El 26 de julio se cierra el plazo para la entrega de planillas con firmas para la consulta anticorrupción. Sin embargo, dos de las principales promotoras de la iniciativa, las congresistas Claudia López y Angélica Lozano, han determinado que recibirán todo el material con rúbricas hasta el jueves 20 de julio, incluido el que fue recolectado en diferentes ciudades del país, para reunirlo, llevarlo a la Registraduría y certificar si todo el esfuerzo realizado durante meses valió la pena.

Es decir, empieza la cuenta regresiva para que los ciudadanos que, desde enero pasado, cuando se inició el proceso, se han dado a la tarea de recolectar firmas, saquen los formularios y los dejen en las manos de los promotores de la iniciativa, que apunta, entre otras cosas, a reducir de 40 a 25 salarios mínimos legales el sueldo de los congresistas y altos funcionarios del Estado, a que no haya beneficios para los condenados por corrupción, a hacer públicas las declaraciones de bienes, renta e impuestos, y a limitar por máximo tres períodos la permanencia en las corporaciones públicas como concejos, asambleas y el Congreso.

Se requieren mínimo 1’762.083 firmas para que la Registraduría fije una fecha para la realización de la consulta y, según los últimos balances, ya van por los 2 millones. Sin embargo, Angélica Lozano, representante a la Cámara por la Alianza Verde, dice que sólo dormirá tranquila si logran entregar 2’500.000, pues el objetivo es “blindar la propuesta”, previendo que muchas firmas pueden ser invalidadas o anuladas por diferentes razones.

Por ahora, el escenario es optimista. Hubo un gran movimiento de ciudadanos y personas desinteresadas de las movidas políticas pero cansadas del flagelo de la corrupción, que imprimieron los formularios y salieron a las calles a recoger firmas. Pero aunque se supere la recolección de firmas, vendrán retos gigantescos. Uno de ellos en el mismo Senado de la República, escenario donde se hundieron varios de los proyectos de ley que, de una u otra manera, recogían parte de los mandatos ciudadanos que propone la consulta. Será esta corporación la que deba entregar un concepto de conveniencia, positivo o negativo, sobre su realización.

Pero ¿de qué manera el Senado, que no dejó avanzar esas iniciativas, ahora sí podría estar de acuerdo con la consulta? Los cálculos de Lozano son bastante lógicos, lo que no quiere decir que sean una boleta de seguridad. Según dice, si la Registraduría da vía libre, el proyecto llegaría a la plenaria a finales de noviembre, es decir, unos 15 días antes de que se cierren las inscripciones de las listas al Congreso.

“En otra época podrían decir que es inconveniente, pero a 15 días de inscribir a sus candidatos, por las elecciones, van a dar un voto de conveniencia positivo. Podría fallar, pero creo que se va a lograr”, enfatizó la legisladora. En pocas palabras, la coyuntura electoral seguramente hará que varios aspirantes aprovechen para montarse en el bus de una propuesta que, en últimas, genera pasión entre los ciudadanos y puede representar réditos políticos.

Ahora, una vez sorteado este reto en el Congreso, la Registraduría tendrá dos meses para fijar la fecha para la cita en las urnas, que no podrá coincidir con ninguna de las que ya están previstas: elección de Congreso (marzo 11 de 2018) y Presidencia (mayo 27 en primera y junio 17 para segunda vuelta, si se requiere). Es posible entonces que se busque aprovechar la gigantesca logística que se implementa en dichos procesos y programar la consulta el día anterior a cualquiera de las tres jornadas electorales del próximo año.

Que los demás candidatos vean la consulta anticorrupción en época electoral como una oportunidad para generar una imagen positiva ante la ciudadanía tiene sin cuidado a las promotoras de la iniciativa, pues para que los mandatos sean aprobados se necesita la participación de, al menos, el 33 % del censo electoral, es decir, más de 11 millones de personas que deberán decir sí o no a cada propuesta.

Si la meta se logra, explica Lozano, el Congreso que empiece a legislar el 20 de julio de 2018 tendrá un año para incorporar cada uno de los mandatos en las leyes según corresponda. Sin embargo, si vencido el plazo el Congreso no hace la tarea, será el próximo presidente quien tenga la obligación de hacer cumplir la voluntad ciudadana a través de decretos. En conclusión, el camino que le resta a la iniciativa anticorrupción aún es largo y son muchos los colombianos que creen que esta es la última alternativa, luego de que proyectos similares no encontraran apoyo en el el Congreso tras varios intentos.