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Parece disiparse en el Congreso el tan advertido riesgo de que se hunda el proyecto de pago a plazos justos. Este jueves, en tercer debate, el Senado de la República aprobó la iniciativa, que busca limitar el plazo de pagos de grandes proveedores por los servicios ofrecidos por las micro, pequeñas y medianas empresas, para que, entre otras cosas, tengan mayor flujo de caja.
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El proyecto recibió el visto bueno de la Comisión Tercera de Senado y ahora solo le resta un debate en la plenaria del Senado para convertirse en ley. Según el presidente de la corporación, Lidio García, el proyecto será agendado en primer orden del día para la próxima semana.
El autor del proyecto, el representante Mauricio Toro (Alianza Verde), argumentó que, incluso antes que se iniciara la crisis económica generada por el coronavirus, las micro, pequeñas y medianas empresas del país (MiPymes) ya afrontaban serios problemas de flujo de caja. ¿La razón? los extensos plazos de pago que las grandes empresas se toman para pagar sus facturas, que superan hasta los 180 días.
“La aprobación en tercer debate representa un verdadero salvavidas para conseguir liquidez y así evitar la quiebra, pues las grandes empresas deberán pagarles sus facturas en 60 días calendario durante el primer año de entrada en vigencia de la ley y a partir del segundo, el tope será de 45 días máximo”, argumentó el congresista.
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Se estima que los empresarios MiPymes representan más del 96 % de las empresas del país, aportan 40 % del PIB general de la Nación, y generan ocho de cada 10 empleos nuevos. “El Senado hoy ha demostrado su apoyo al tejido empresarial del país, que en esta crisis económica ha tenido barreras para acceder a las ayudas anunciadas por el Gobierno y que ve como su única esperanza para tener flujo de caja y liquidez que las grandes empresas les paguen sus facturas a máximo 45 días”, agregó.
Toro destacó que dentro del articulado del proyecto no se incorporó el denominado “acuerdo entre privados” que promovía la ANDI (Asociación Nacional de Empresarios de Colombia), para que las grandes empresas no impongan periodos de pago diferentes a las que contempla el proyecto, eliminando así la posibilidad de que ejerzan su posición dominante sobre las empresas más pequeñas. Además, las empresas medianas no serán excluidas.
Entre otros puntos, la iniciativa permite que las empresas grandes hagan acuerdos entre sí para fijar los tiempos de pago de sus facturas, así como que la entidad encargada de determinar las sanciones administrativas sea la Superintendencia de Sociedades. Adicionalmente, en cuanto a las operaciones mercantiles que se realicen en el marco del Sistema General de Seguridad Social en Salud, a partir del cuarto año a partir de la promulgación de la ley el pago será de 60 días calendario.