Un día clave para la guerra antidrogas

El Estado les apostaría a intervenciones integrales en las zonas de cultivos y a políticas de interdicción sobre precursores, laboratorios y rutas de narcotráfico.

En 1984 comenzaron las aspersiones con glifosato para erradicar los cultivos ilícitos. / EFE
Hoy, el Consejo Nacional de Estupefacientes está citado para decidir entre eliminar o mantener las fumigaciones con glifosato contra los cultivos ilícitos. La suspensión de las aspersiones, después de que el presidente Juan Manuel Santos se declarara a favor, parece un hecho. Sin embargo, podría congelarse el anuncio pues aún no está claro cómo se va a eliminar esta práctica que lleva tres décadas aplicándose en el país y qué va a cambiar en la política antinarcóticos del Estado.
 
El debate de las aspersiones no parece ser el principal reto del Consejo. Tanto el Ejecutivo como la Fiscalía, imponiendo mayorías sobre la Procuraduría, están de acuerdo en la eliminación del glifosato, luego de que la Organización Mundial de la Salud alertara sobre posibles riesgos para la salud generados por este herbicida.
 
Más allá de que el procurador Alejandro Ordóñez insista en su postura a favor de la continuidad del glifosato, los debates que se dieron incluso en el Gobierno, quedarán suspendidos. Presumen en el Ejecutivo que en la reunión del Consejo de Estupefacientes, la voz del ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, que se había opuesto a las de los ministros de Salud, Justicia y Ambiente, no será contraria a la orden presidencial, aún cuando sus reparos a la eliminación de aspersiones puedan seguir vigentes.
 
La posición de la Casa de Nariño y de la mayoría de los ministros parece inmutable. Incluso, luce fortalecida luego de que ayer un grupo de congresistas estadounidenses respaldara la voluntad de Santos y de que la Comisión Asesora para la Política de Drogas presentara sus recomendaciones para una nueva política contra las sustancias de uso ilícito, entre las que se encuentran cinco razones para abandonar el glifosato.
 
La comisión presidida por el académico Daniel Mejía, y en la que participó como invitado el ministro del posconflicto, el general (r) Óscar Naranjo, sostuvo que los resultados del glifosato no son sostenibles (hay resiembra o migración de los cultivos), que es una medida ineficaz (en recursos) y que “implica una degradación de la percepción de legitimidad del Estado y sus instituciones”, así como riesgos ambientales y de salud.
 
Si la decisión está prácticamente tomada, el anuncio sería inminente. Pero hay un berenjenal jurídico que complica el panorama. Por un lado, no hay una política que pueda aplicarse de inmediato para sustituir las aspersiones y el reloj corre por el periodo de transición para la eliminación de las fumigaciones del que habló Santos, que terminará el primero de octubre. Otro lío viene por los anuncios que ya han hecho tanto el Minsalud como el presidente sobre los riesgos cancerígenos del glifosato. 
 
Como, seguramente, durante estos cinco meses seguirán las fumigaciones, el Gobierno debe pensar, también, en cómo responder a eventuales demandas que radiquen los campesinos que se sientan afectados por el herbicida toda vez que, públicamente, representantes del Ejecutivo reconocieron la probabilidad de un riesgo para la salud generado por este químico. Cómo explicar que una vez conocido el peligro se siguió asperjando, es otra duda entre las autoridades.
 
  Otro asunto que ocupará al Consejo, según fuentes del Minjusticia, es de los recursos empleados en las aspersiones. Por ejemplo, hay cerca de mil  unidades militares que brindan seguridad a los aviones fumigadores. El camino más sencillo para el Gobierno sería trasladarlas a la protección de los grupos móviles de erradicación manual.
 
 Sin embargo, en el Ministerio de Defensa han dicho que por más que esté comenzando un plan para fortalecer la erradicación manual, de la mano de la sustitución voluntaria y concertada de cultivos con las comunidades (uno de los pilares del acuerdo sobre drogas entre el Gobierno y las Farc), hoy no hay forma de llegar con esta estrategia a todo el territorio. La permanencia del conflicto armado y las condiciones geográficas siguen siendo una limitante.
 
Entonces, la propuesta más consistente que llevará el Gobierno a la mesa, para que sea el centro de un nuevo plan antinarcóticos, es la interdicción, mezclada con una intervención combinada de seguridad, justicia y desarrollo integral en las zonas de cultivos.
 
La base de la iniciativa está consagrada en una de las principales recomendaciones de la Comisión: radicalizar las medidas de interdicción impulsadas desde 2010, como “la detección y destrucción de laboratorios de cocaína, la incautación de cocaína en ruta al exterior y el control de precursores químicos, que han tenido una efectividad mucho más alta para reducir la producción y tráfico de cocaína, para golpear las finanzas de organizaciones criminales”.  
 
Así las cosas, es probable que hoy no haya grandes anuncios, pues más allá de la eliminación del glifosato el problema está en el futuro de la guerra que ha librado Colombia por cuatro décadas. El Gobierno tiene la oportunidad de forzar un cambio de enfoque en esa guerra que ha pedido revaluar  a nivel internacional y atacar, en el país, el corazón de los eslabones medios y altos de la cadena del narcotráfico.