Un estatuto que no le gusta a la oposición

Para el ministro Juan F. Cristo, el estatuto es el paso a una democracia mucho más madura, dinámica y respetuosa de los derechos de la oposición. / El Espectador.

En buena medida, el Estatuto de la Oposición que aprobó recientemente el Congreso y que está por conciliarse responde a una aspiración pendiente desde hace 26 años. Y la realidad es que tuvo que firmarse un acuerdo de paz con las Farc para que el Legislativo fuera capaz de sacar adelante un mínimo de garantías que les aseguraran a quienes están del lado opuesto al Gobierno de turno ejercer plenamente sus derechos.

El pasado muestra que, arrancando la década de los 90, el país vivió una especie de hastío, derivado de la oleada de asesinatos sistemáticos producidos, entre otras cosas, por el auge del narcotráfico, el recrudecimiento del paramilitarismo y, primordialmente, la intolerancia política que se acostumbró —como hoy— a dividir a Colombia.

Por eso, surtido el trámite del Estatuto, que, de hecho, nace con la sombra del exterminio de todo un partido minoritario como la Unión Patriótica, no dejan de sorprender las declaraciones recientes de quienes hoy están en esa orilla de la oposición. “Tanto esperar para semejante robo. Lo que se hizo fue legalizar la mermelada”, dijo la senadora Claudia López, de la Alianza Verde. Y con esa frase, no sólo ella sino diferentes sectores dejaron ver que aún hay saldos pendientes.

Por ejemplo, para Jairo Estrada, uno de los integrantes de Voces de Paz, movimiento que vigila desde el Congreso la implementación del Acuerdo de Paz, se hubiera podido ir mucho más allá: “Si la democracia funcionara en Colombia, no sería necesario un Estatuto de la Oposición, pero el hecho de que sea necesario disputarlo es porque en el país ni siquiera se brindan garantías mínimas para ejercerla”, dijo. Y, en ese sentido, expresó su inconformidad con lo que se estableció en el derecho de réplica, hablando de uno de sus artículos.

Según explicó, los partidos del Gobierno quedan con mayores garantías para acceder a los medios de comunicación, pese a que se dará la oportunidad de controvertir, incluso, las alocuciones presidenciales. “Tampoco se garantiza el derecho de pertenecer a entidades del Estado, como lograr un asiento en la junta directiva del Banco de la República, ni se establecieron regulaciones claras para que los organismos de control, como la Procuraduría o la Contraloría, estén en manos de fuerzas opositoras”, agregó Estrada.

La exsenadora Piedad Córdoba fue más allá. Dijo que de nada sirve contar con el Estatuto de la Oposición si las condiciones de seguridad para ejercerla siguen siendo paupérrimas. Y cuestionó las condiciones en las que, por ejemplo, defensores de derechos humanos y líderes sociales ejercen la política en medio de constantes amenazas, asesinatos y la negativa del Gobierno a admitir que se trata de una situación sistemática.

“No toda la oposición se encuentra en el espacio parlamentario. También está en las veredas, municipios y otros lugares donde también se hace política, y el paramilitarismo, por la vía armada, impide el ejercicio de ese derecho fundamental. Así que la principal garantía es la seguridad, pues sin salvaguardar el derecho a la vida, no puede existir el derecho de hacer política, y creo que al Gobierno y a la Fiscalía se les está haciendo tarde con la no puesta en marcha de la Unidad de Desmantelamiento del Paramilitarismo contemplada en el Acuerdo Final”, enfatizó.

Otro asunto que tampoco dejó contentos a los sectores de oposición tiene que ver con el que establece el derecho a que, al declarase formalmente en esa orilla, determinen el orden del día en las sesiones plenarias y en las comisiones legislativas hasta tres veces en cada período del Congreso. Algunas voces consultadas por El Espectador señalaron que faltó definir la obligatoriedad de asistencia de los congresistas pues, según dijeron, si aún con la agenda de Gobierno el ausentismo es protagonista, se agudizará aún más con los temas que defina la oposición.

Y finalmente está el asunto de la llamada mermelada. Según el senador Antonio Navarro, uno de los congresistas que votaron negativamente el Estatuto, su rechazo tuvo que ver con que no se hubieran establecido las audiencias públicas para la asignación del presupuesto anual de la nación: “O sea, que vigiláramos la mermelada. Claro, a la oposición no le dan ni la queremos, y esa es la principal fuente de la desventaja, porque con la mermelada llevan plata a las regiones y la cambian por votos. Ese es el factor más grande de desigualdad. Por eso, para poder controlar eso queríamos audiencias públicas en las regiones”, explicó. Eso sumado a que también se eliminó la posibilidad de que existiera una procuraduría delegada encargada de vigilar que los derechos de la oposición se hagan efectivos.

Y por los lados del Centro Democrático, principal partido de oposición, el Estatuto es “un pequeño ratoncito”. Como dijo el senador José Obdulio Gaviria, “si por eso estaban peleando, no estaban peleando por nada. Todas las medidas son cosméticas. Esos derechos se ganan con propuestas políticas y no con leyes, y el que quede en el Gobierno debe tener un criterio de respetar a las minorías”.

En todo caso, como dicen algunos críticos, es preferible que luego de 26 años exista por fin de manera tangible el Estatuto de la Oposición, pese a los vacíos que persisten. Pero, eso sí, para usar las palabras del senador del Polo Jorge Robledo, lo que hay que evitar a toda costa es que entre al terreno del “gatopardismo”, es decir, cambiarlo todo para que todo siga igual.