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hace 2 horas

Un fallo de repercusión a largo plazo

La decisión de la Corte Constitucional que dejó en firme la destitución de la exsenadora Piedad Córdoba por parte del procurador, y que respalda a Ordóñez en su facultad omnímoda de sacar del Capitolio a quien haya llegado allí, tendrá eco por la trascendencia de la sancionada.

Exsenadora Piedad Córdoba

“NO HAY ORDÓÑEZ QUE ME DETENGA”

Destacado: “Seguiré en la política hasta cuando me entierren”

¿Guardaba la esperanza de que la Corte Constitucional tumbara la destitución e inhabilidad por 18 años para ejercer cargos públicos que el procurador le impuso?

Sí, porque mi separación del Congreso es un caso clarísimo de persecución política y no tiene argumento jurídico válido: 1. porque quien me destituye pertenece al espectro político radicalmente opuesto al mío y, como si eso ya no fuera suficiente impedimento para ser mi juez, él no ha disimulado su animadversión hacia mí. 2. Porque la decisión de mi opositor político está basada en pruebas ilegales, declaradas como tal, nada más y nada menos que por la Corte Suprema de Justicia y 3. Porque buena parte de las pruebas solicitadas por mi defensa en la Procuraduría no fueron practicadas o no fueron tenidas en cuenta. En resumen, porque, entre otros derechos fundamentales, se me violó el del debido proceso.

Para usted, entonces, ¿Alejandro Ordóñez no es su juez disciplinario sino su enemigo político?

¿Alguien lo duda? La decisión anunciada por la corte fue “construyéndose”  desde cuando mis enemigos empezaron a crear en el imaginario de la sociedad la falsa idea de que yo pertenezco de las Farc. Me remito a una anécdota: una senadora cuyo nombre me reservó, me contó que había estado en  una comida con el procurador y que habían hablado de mí. Ella le dijo que la Corte Suprema había dictaminado que el computador de Reyes no era prueba válida y que no podía usarse como tal. Ordóñez le respondió, según ella, de la siguiente manera: “vamos a ver si tampoco les sirve el computador del  Mono Jojoy”. ¿Esa es la expresión de un juez o la de un enemigo político?

Se ha dicho en la prensa que el procurador hizo mucha presión sobre los magistrados ¿Cree que es cierto?

Desde hace mucho tiempo supe, por fuentes muy próximas a la corte, que el procurador hacía fuerte cabildeo entre los magistrados pero yo esperaba que unos cuantos fueran inmunes a esas presiones. No creo que todos ellos hayan sido susceptibles a las influencias pero sí flaquearon más de los que creía. Sin embargo, el resultado no es extraño porque lo cierto es que las influencias entre la Procuraduría y la corte van y vienen. Le pongo un solo ejemplo: uno de los magistrados que votó en mi contra, Jorge Pretelt  Chaljub,  tiene (o tuvo) a dos cercanas familiares suyas en altos cargos en la Procuraduría: su esposa Martha Ligia Patrón López y su hermana Martha Cecilia Pretelt Chaljub ¿Con cuál independencia y criterio iba a fallar ese togado?

Usted fue destituida por segunda vez por el procurador por otros hechos ¿Qué opina de esa nueva sanción?

Esa segunda destitución fue un acto de desespero de Ordóñez cuando pensaba que me iba a salvar de la primera. Y este último proceso  sí que fue arbitrario. La medida se tomó a pesar de que nunca hubo ninguna prueba física, verbal o de otra clase contra mí.  

¿Qué hará ahora que la corte respaldó a Ordóñez? ¿Se rinde y se recluirá en su casa?

¿Rendirme? No hay ninguna posibilidad. La política no se reduce a una curul ni al Congreso. Después de que salí de allá, hago más política que antes. No voy a abandonar ni mi pasión ni las convicciones que he defendido. La paz y la democracia como fines éticos superiores son parte de  mi razón de ser.  Y aunque por supuesto me afecta, lo que más me preocupa del fallo de la Corte Constitucional es la pérdida que ha sufrido la democracia en cuanto a independencia de la rama legislativa que ahora queda presa del temor de una sanción.  Esta decisión es la derrota del pensamiento libre y del disenso ideológico. En cuanto a mí, le reitero que seguiré en la política hasta cuando me entierren. No hay Ordóñez que me detenga.

Su confirmación de destitución llega, paradójicamente, en momentos en que se conversa de paz con las Farc ¿Incidirá este fallo en la mesa de negociación?

No, para nada. Puede generar cuestionamientos a las garantías que tendrá la  oposición en el país y es posible que cree un clima de desconfianza pero, de cualquier manera, la mesa debe continuar  para garantizar que la paz llegue a buen puerto.  Esto significa que hay que rodear al presidente. Yo, por mi parte, estoy dispuesta a hacerlo.

Se ha puesto de moda pedir asilo o evadir la justicia colombiana solicitando medidas cautelares a la Corte Interamericana ¿lo haría usted?

Jamás. Tengo totalmente claro que soy una lideresa política, que no debo nada y que porque tengo esa certeza, estoy dispuesta a dar la cara y a responder por todos y cada uno de mis actos. Amo e a este país y por él estoy dispuesta a dar hasta la vida. No tengo odios ni rencores, ni afán de venganza ni siquiera contra Alejandro Ordoñez aunque me haya hecho tanto daño. Para lo que corresponda, él tendrá que enfrentarse solo ante su conciencia y ante el Dios que tanto dice respetar, por lo que hace. No necesito intervenir para nada en ese proceso ni voy a desgastarme en emociones negativas. Que cada quien viva con sus cargas.

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Expresidente Corte Constitucional Alfredo Beltrán

“EL CONGRESO QUEDÓ POSTRADO ANTE EL PROCURADOR”

Destacado: “Se llegó a la conclusión de que el nominador (Senado) quedó supeditado a su nominado (el procurador) lo cual es absurdo”

¿Qué opina del fallo de la Constitucional en que se respalda al procurador y se le niega la tutela a Piedad Córdoba?

En primer lugar hay que decir que es una tutela resuelta por la corte con bastante retardo. El procurador produjo la decisión de destitución en 2010 y la tutela fue seleccionada por la corte hace 18 o 20 meses cuando el plazo para definirla era infinitamente menor. En segundo lugar, el debate jurídico de fondo en esta decisión es bien distinto al que la gente se está imaginando.

¿Por qué?

Porque la gente no sabe que el objeto de la tutela fallada por la Corte no era la de definir si la exsenadora era o no auxiliadora de las Farc. Ese punto estaba por fuera del ámbito de interés de la tutela. Lo que se discutía era si el Procurador General tiene o no la potestad de destituir a los miembros del Congreso. Nosotros sostenemos que no la tiene. En una sentencia en la misma corte, pero de hace unos años, el magistrado Alejandro Martínez Caballero dijo que  el procurador puede ejercer esa facultad contra miembros de corporaciones públicas de elección popular, pero circunscrita a miembros de los consejos municipales y de las asambleas departamentales porque esos servidores solo tienen funciones administrativas como las de él, no legislativas como las de los congresistas.

No podría, entonces, el procurador, sancionar a los congresistas.

Así es. Y la razón es clara: el Congreso es la cabeza del poder legislativo como expresión directa de la voluntad popular. Es obvio que para cumplir esa función autónomamente, no puede estar sometido a la destitución por parte de un funcionario administrativo, como el procurador,  entre otras razones porque los senadores son sus electores. Con la decisión de la Corte Constitucional se llega a la conclusión de que el nominador (Senado) queda supeditado a la potestad disciplinaria de su nominado (el procurador) lo cual es absurdo.

Cuando usted dice que este no es un fallo para resolver si Piedad Córdoba tuvo nexos con las Farc, ¿significa que ese punto no fue examinado por la Corte?

Exactamente. El fallo no se refiere a las consideraciones del procurador contra la exsenadora en cuanto a que él cree que ella tiene nexos con la guerrilla. Repito, en la tutela se planteaba solo la discusión sobre si el jefe del Ministerio Público tiene la facultad de destituir a un congresista o no. La corte ha dicho que sí la tiene, lo cual, a mi juicio, es gravísimo para la democracia colombiana siendo él, como lo es, un funcionario administrativo y los miembros del Congreso, los  representantes directos del pueblo. La Carta política sigue siendo la misma y no se puede modificar la interpretación de los principios constitucionales que quedaron en juego en este caso.

¿Cuáles pueden ser las consecuencias de este fallo, ya no para Córdoba sino para los parlamentarios actuales y futuros?

Que un funcionario queda con tanto poder que va a estar por encima de la voluntad popular. 

Si yo le dijera a los congresistas: “pongan sus barbas a remojar” después de esta confirmación de la facultad de destitución del procurador, ¿estaría exagerando?

Simplemente estaría haciendo una radiografía de la situación actual de postración en que quedó el Congreso frente al Procurador General de la Nación.

El origen de este lío ¿no será la redacción confusa en la Constitución en este punto?

La Carta política tiene normas que deben interpretarse de acuerdo con los principios que la inspiran.  En su preámbulo se dice, claramente, que la República se organiza bajo el valor de la democracia, fundamento que se repite en su artículo primero de manera que no hay lugar a confusión, si uno se apega a la esencia de la misma.

En todo caso, los congresistas deben tener quién los vigile. Si no es el procurador ¿quién cumple esa función?

La propia Constitución instituyó causales de pérdida de investidura para los senadores y representantes quienes, por ciertas faltas, pueden ser retirados del Congreso pero dependiendo del examen de una corporación colegiada, es decir, de un juez plural en cuyas deliberaciones hay variados conceptos. Esa es tarea que la Carta le dio al Consejo de Estado, órgano que sí tiene funciones jurisdiccionales y no administrativas. 

Dicho lo anterior, para usted ¿este fallo no es jurídico sino político?

Uno tiene que admitir que los fallos de la Corte Constitucional siempre son político-jurídicos porque interpretan la Carta política. Pero en cuanto a esta decisión en concreto, el asunto es tan delicado que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo con claridad, revisando un caso similar al de la exsenadora Córdoba, que a un miembro del legislativo solo se le puede destituir en virtud de una sentencia de carácter penal. Colombia va, entonces, en contravía  del principio universal de la autonomía y la independencia del legislador.

El clima político adverso a Piedad Córdoba ¿pudo influir negativamente en el ánimo de la mayoría de los miembros de la Constitucional?  

Siempre se ha dicho que el juez no puede escaparse a su tiempo porque es un hombre de su sociedad que se encarga de administrar justicia. Es inevitable que el medio circundante influya en sus criterios.

Ahora, refiriéndome a la destitución impuesta por Ordóñez ¿cómo explicar la contradicción entre la decisión de la Corte Suprema  que declaró ilegales las pruebas contra Córdoba, y la posterior sanción del procurador, basada en las mismas pruebas? 

La Corte Suprema ni siquiera encontró elementos de juicio para vincular formalmente a un proceso penal a la exsenadora.  Mucho menos para juzgarla o para condenarla.  De acuerdo con esto, está claro que el procurador no ha debido examinar su conducta disciplinaria con base en las mismas pruebas porque, en efecto, la justicia colombiana ha entrado en contradicción consigo misma. Claro, uno se puede inventar una respuesta: los  procesos son separados y como son separados y quienes juzgan son diferentes, se puede llegar a conclusiones diversas. Pero se oculta el eje del asunto: que están examinando a la misma persona por unos mismos hechos, con conclusiones opuestas.

¿Cómo interpreta usted una segunda sanción de destitución a Córdoba por parte del procurador? ¿Persigue la Procuraduría a la exsenadora?

Solo le digo que es como si después de muerta una persona, vienen por ella para rematarla y así asegurarse de que nunca resucite.

En materia de actividad política ¿qué puede hacer de aquí para adelante Piedad Córdoba en Colombia?

Puede continuar desarrollando todas las acciones políticas que desee sin ser elegida y sin ocupar cargos públicos.

¿Ella puede acudir la Corte Interamericana para que revise su caso?

Sí. Si lo desea, podría acudir a la Corte Interamericana. El punto es que cuando llegue esa decisión será tarde porque no podría ser reintegrada al Senado pues ya habría terminado su periodo. Sin embargo, sería de gran importancia para crear un cuerpo de doctrina a fin de contener los abusos y la desfiguración de la democracia hacia el futuro.

Abultado resultado en contra

La decisión de la Corte Constitucional en el caso de la tutela interpuesta por Piedad Córdoba mediante su apoderado, el exmagistrado de esa misma corte Alfredo Beltrán contra el fallo del procurador Alejandro Ordóñez de separarla del Congreso cuando apenas llevaba unos meses de haber sido elegida, y de inhabilitarla por 18 años para ejercer cargos públicos, estuvo rodeada de toda clase de rumores desde cuando llegó allí, hace más de año y medio. Según las versiones, Ordóñez y sus asesores hicieron lobby permanente ante los magistrados para asegurar que el fallo saliera a su favor aunque se conoce la cercanía de él con la mayoría de los togados. En cuanto a la accionante, se dijo que su abogado Beltrán se opuso rotundamente a ejercer algún tipo de presión. El ponente del caso fue el presidente de la corporación Jorge Iván Palacio y su propuesta ante la sala plena triunfó: confirmar la facultad de Ordóñez de ser el juez disciplinario de los congresistas aún cuando los senadores son quienes eligen al Procurador General. Seis de los nueve magistrados se alinearon con Palacio: Nilson Pinilla, Jorge Pretelt, Mauricio González, Luis Guillermo Guerrero,  Alberto Rojas y Gabriel Eduardo Mendoza.  Y dos, conocidos por sus posiciones liberales y de defensa de los derechos ciudadanos, salvaron su voto: Luis Ernesto Vargas y María Victoria Calle.

“Me persiguen por mis ideas”

La  decisión de la Corte Constitucional de respaldar al procurador fue tomada 7 - 2 ¿Qué piensa de esa diferencia?

Que en la corte la mayoría se había alineado  hace rato y que ese resultado se conocía puesto que fue cantado por varios medios, sobre todo después de que el columnista Ramiro Bejarano habló del 7-2 con una semana de anticipación.

Sin embargo ¿esperó que fallaran a su favor?

Sí, aunque me equivoqué porque confiaba en la trayectoria de algunos magistrados y en su apego a la Constitución y a la ley. Estaba tranquila, además, por el reconocimiento mundial que tuvo la corte en el pasado. Y porque mi apoderado era Alfredo Beltrán, un expresidente de esa corporación absolutamente respetuoso del Estado de derecho.  

Usted dice que las pruebas en su contra se preconstituyeron ¿A qué se refiere?

A que desde el gobierno Uribe se me viene persiguiendo por mis ideas y a que los fallos en mi contra están contaminados de esa persecución. Recuerde los artículos de prensa, los afiches contra mí en 18 ciudades y el desprestigio a que fui sometida desde las entidades oficiales empezando por  el  Das, varios de cuyos exfuncionarios  confesaron que su trabajo consistía en inventar pruebas contra mí.  Esa operación estatal era para vincularme con el terrorismo y con  las Farc por lo que fui finalmente destituida.

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