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En palabras del senador John Milton Rodríguez, del partido político cristiano Colombia Justa-Libres, la familia tradicional en Colombia está atravesando por una crisis. Y parte de la solución que plantea para que esta institución pueda salir bien librada es incluir en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) que hace su trámite en el Congreso de la República un nuevo pacto, denominado “Pacto por el fortalecimiento familiar”, que propenda por la protección de esa institución social que es considerada como el núcleo de la sociedad.
En términos prácticos, la propuesta de Rodríguez, que ya fue radicada en el Legislativo, contempla la implementación de una estrategia de prevención, reconciliación y orientación (PRO) que se vería materializada con la creación de los Centros de Atención Familiar (CAF), que funcionarían como un espacio de asesoramiento familiar en donde estarán psicólogos, sexólogos, conciliadores y miembros de comunidades religiosas, con el fin de reducir, por ejemplo, los embarazos no deseados, la desnutrición, la violencia intrafamiliar o los feminicidios.
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“El impacto fiscal es mínimo, porque utilizaría la infraestructura actual del Estado (comisarías de familia y oficinas del ICBF, entre otras) y los funcionarios, y lo que cambiaría sería la metodología de atención y trabajo enfocado en la prevención”, explica el senador Rodríguez. El segundo efecto que tendría la creación de este sistema sería el descongestionamiento del aparato jurídico del Estado.
El modelo de los CAF, por ejemplo, tendría unos componentes independientes que lo complementarían, como puntos móviles de difusión, talleres para la “enseñanza de principios y valores, línea nacional de atención integral para la familia 24 horas, programas de disminución de las cifras de aborto, programas de dignificación a los abuelos y la tercera edad, programas radiales de corta duración y comerciales radiales de sensibilización y difusión, entre otros”. De ese modelo harían parte el Ministerio del Interior, el Instituto Colombiano del Bienestar Familiar (ICBF), la Policía Nacional, las gobernaciones departamentales, las alcaldías municipales y distritales, la Fiscalía General de la Nación, comisarías de familia y el sector religioso.
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Los sectores que han hecho reparos a la propuesta han cuestionado que en el diagnóstico que presentó el senador argumenta que las amenazas y el debilitamiento de la familia se ven reflejados en “menos matrimonios y más divorcios, cifras alarmantes en materia de suicidio infantil y juvenil, infidelidad y violencia intrafamiliar, entre otros”. Además, como ejemplo cita un artículo del diario El Tiempo en el que señala que un informe de 2018 de la Superintendencia de Notariado y Registro reveló que en 2016 no se registró ningún matrimonio en la ciudad de Puerto Carreño, departamento del Vichada.
Es decir, parte de las preocupaciones están dirigidas a si lo que motiva la adición de un nuevo pacto es una crisis en el modelo de familia tradicional y si la propuesta dejaría por fuera otros modelos de familia o si esta propuesta reñiría con otros pactos, como el de equidad o diversidad. “Todo lo contrario. Es un pacto favorable para todas las comunidades y colectivos, para el fortalecimiento familiar que no pretende discriminar, sino ser incluyente. En él caben todos los modelos de familia, porque el Estado debe ser respetuoso de la libertad y la autonomía de cada persona”, responde Rodríguez.
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En pocas palabras, Rodríguez asegura que el pacto que propuso al Congreso para que se incluyera en el Plan Nacional de Desarrollo no intentará sustituir ninguno de los otros que están contemplado en el documento.
La propuesta tendrá que ser discutida en las sesiones sobre el PND, que se retomarán en el Congreso una vez se surtan las audiencias públicas en el país y en las que, se prevé, se efectuarán varias modificaciones a lo que se considera la hoja de ruta para los próximos cuatro años del Gobierno Nacional. Entrará a hacer parte, junto a los recursos para la paz, las propuestas para el sistema de pensiones, salud, peticiones de más recursos para las mujeres y cambios en la financiación de departamentos mediante los impuestos de licores, que son los temas que han estado en la mesa.