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La plenaria del Senado aprobó la noche de este lunes, en penúltimo debate, el proyecto de ley que desarrolla el punto seis de la Consulta Anticorrupción, liderada por la exsenadora Claudia López y la aún congresista de la Alianza Verde, Angélica Lozano. Se trata de aquel punto que obligaría a los altos funcionarios del Estado a hacer públicas sus declaraciones de renta, de bienes y el registro de conflictos de interés, si es que los hay, en el ejercicio de sus cargos.
La iniciativa, de cinco artículos, ahora pasa a la Cámara de Representantes y, una vez reciba luz verde, se convertirá en ley de la República. Según explicó la senadora Lozano durante su intervención, la información requerida se dará a conocer en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP), y los detalles precisos en asuntos como dirección específica de los inmuebles de los funcionarios será protegida. “No se publicará, tampoco, la matrícula inmobiliaria. Sólo su ubicación, referida al lugar en donde el inmueble se encuentra ubicado”, detalló Lozano.
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La pregunta seis que se les hizo a los colombianos en la consulta popular, que tuvo lugar el 26 de agosto del año pasado, indagaba sobre si consideraban que debería ser obligatorio que todos los funcionarios electos hicieran público, a escrutinio de la ciudadanía, sus declaraciones de bienes, patrimonio, rentas, pago de impuestos y conflictos de interés, como requisito para posesionarse y ejercer el cargo. Además, indicaba expresamente que se podían de oficio investigaciones penales y aplicar la extinción de dominio al elegido “y a su potencial red de testaferros”. Una pregunta que alcanzó los 11’667.429 votos.
La congresista de los verdes explicó que, de aprobarse en su totalidad el proyecto –que tuvo su primer sí en las comisiones primeras conjuntas de Senado y Cámara el año anterior-, la eventual ley recaería sobre a los servidores públicos electos mediante voto popular, los magistrados de las cortes, altos dignatarios de las instituciones de control, ministros, superintendentes, directores de departamentos administrativos, entre otros altos funcionarios del Estado. Dicha información será anual y se excluirá la referente a los familiares del funcionario.
Aunque el proyecto fue aprobado por mayoría, el senador de Colombia Justa-Libres dejó constancia de su rechazo a la iniciativa, por considerar que pone en riesgo a los funcionarios. “Lo que debe explicar el funcionario es el cambio patrimonial en los ejercicios anuales que le corresponden y no exponer el patrimonio a la opinión publica que, vía las redes sociales, sabe quién es la familia, la dirección y demás información. La inseguridad en este país es tan alta en este momento que exponer a todos los funcionarios me parece una gran irresponsabilidad”, concluyó el legislador.