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hace 13 horas

A un pelo del fin del conflicto

Los delegados de paz trabajan en tres acuerdos fundamentales: el cese bilateral del fuego, la dejación de las armas y las garantías de seguridad.

Los negociadores del Gobierno y las Farc han firmado tres acuerdos parciales y cerca de una decena de medidas de construcción de confianza. / EFE
Los negociadores del Gobierno y las Farc han firmado tres acuerdos parciales y cerca de una decena de medidas de construcción de confianza. / EFE

El ciclo 50 de los diálogos de paz entre el Gobierno y las Farc se reinició ayer en La Habana (Cuba), y no se trata de una ronda más: las delegaciones trabajarán sin descanso, en una especie de cónclave, que busca que el humo blanco selle para siempre el fin del conflicto armado en Colombia.

El acuerdo está caliente. Y así lo dejó claro el presidente Juan Manuel Santos hace dos días, cuando dijo que espera que el proceso de paz finalice antes del 20 de julio. Otra señal de optimismo la dio Pablo Catatumbo, plenipotenciario de las Farc en La Habana, quien desde su cuenta en Twitter anunció que trabajarán arduamente para que esta semana el país tenga “buenas noticias” de paz. Sin embargo, el encargado de bajarle la espuma a las especulaciones fue el propio comandante de las Farc Timoleón Jiménez, al escribir en esa misma red social que “la experiencia dicta que los plazos fatales le hacen daño al proceso”, agregando: “Aunque avanzamos, aún falta pelo pa’l moño”.

Y es que desde la mañana de ayer corre en el país el rumor de que el acuerdo de fin del conflicto será anunciado este jueves desde Cuba, con la presencia del presidente Santos. No obstante, desde la Casa de Nariño han dicho que no hay nada confirmado. Lo cierto es que existe un alto porcentaje de probabilidades de que la noticia se dé antes de que termine la semana, y es por esto que los delegados de Gobierno y Farc se la están jugando a fondo desde ayer.

Según pudo establecer El Espectador, se trata de tres acuerdos del punto denominado Fin del Conflicto, que está constituido por siete apartados. El primero, y el más emblemático, es la hoja de ruta que conducirá al cese bilateral y definitivo del fuego y de las hostilidades. Ello implica el funcionamiento de los mecanismos de verificación y las características de las denominadas zonas de ubicación.

Precisamente en este último punto, hasta ayer, al cierre de esta edición, persistían diferencias en cuanto a la cantidad. Las Farc pedían 50, mientras que el Gobierno ofrecía 14. Ante la sustancial diferencia, allegados al proceso sostienen que pactarán 38.

En la mesa de diálogos cada punto está íntimamente ligado con los otros: el cese bilateral, las zonas de concentración y el proceso de dejación de armas hacen parte de un todo. De ahí que el otro acuerdo en el que trabajan sea sobre esto último y en él la mecánica es altamente técnica y tiene que ver en cómo será el proceso gradual de desarme.

La primera fase será de identificación, recolección y almacenamiento de las armas. Posteriormente, el material explosivo y el armamento artesanal será destruido. Luego, un porcentaje importante de armas será extraído por la ONU y puestas en custodia de un tercer país, mientras otro porcentaje será almacenado en las zonas de concentración, pero no podrá ser utilizado. Finalmente, un porcentaje menor, que oscila entre 10 % y 5 %, quedará para los esquemas de seguridad de la misma guerrilla.

Y sobre esto versa el tercer acuerdo: garantías y desmonte de las estructuras sucesoras del paramilitarismo. Una materia que está bastante avanzada y que ha sido trabajada desde la subcomisión encabezada por el general (r) Óscar Naranjo, a nombre del Gobierno, y Pablo Catatumbo, como vocero de las Farc.

Ya se sabe que el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP) Diego Mora ha estado viajando recurrentemente a La Habana. De aquí saldrá el anuncio sobre unos esquemas de seguridad con participación de miembros de las Farc, apoyo de la UNP y la creación de un bloque especial de desmonte del paramilitarismo, que tendrá como objetivo desarticular las llamadas bandas criminales y esclarecer, con fiscales especializados, cómo operan las redes de apoyo a estas estructuras, identificando a miembros de la Fuerza Pública involucrados y particulares que han financiado y promovido su creación.