Hacia un plan paralelo de drogas

El Ministerio de Salud prepara una política de salud pública que se aplicará hasta 2021. Expertos dicen que el Estado va a ciegas.

La última medición de consumo se hizo en el año 2008. /Andrés Torres

El Gobierno, a través del Ministerio de Salud, prepara un plan que se conocerá en diciembre y será aplicado en los próximos siete años, para atacar el consumo de drogas y los problemas de salud que se derivan de él. La hoja de ruta para tratar esta problemática actuaría paralelamente al acuerdo firmado con las Farc, que haría parte del posconflicto y que sostiene que en adelante la política antidrogas del Estado colombiano tendrá un enfoque de salud pública. Entretanto, el gran interrogante está en si el plan de salud tendrá un efecto concreto sobre los consumidores, que, de acuerdo con lo pactado en Cuba, serán la prioridad al abordar el tema de las sustancias ilícitas.

Según algunos académicos y expertos consultados por este diario, el proyecto de un plan integral en salud podría fracasar, pues no estaría cimentado en la realidad nacional y dejaría de lado la reducción de riesgos y daños en consumidores, que es la tendencia que se impone en el mundo para mitigar los efectos sociales y de salud del consumo de drogas. No obstante, el Ministerio de Salud dice que el diseño de la política hasta ahora comienza, que se hará a partir de la evaluación del plan de salud pública en drogas que se trazó en 2007 (que está programada para agosto) y que su base serán las discusiones que se tengan con la comunidad científica, académica, médica e incluso con los consumidores.

Este diario conoció el documento “Consumo de sustancias psicoactivas y salud pública en Colombia”, que, según fuentes del Minsalud, es la base de la discusión que se abrirá desde julio sobre el plan que regirá hasta 2021. En algunos apartes queda claro que la proyección es que el enfoque estará en: “si hay consumo, hay un problema de salud mental”. Es decir, la puerta quedará abierta para que la política se enfoque en la reclusión, la abstinencia y la provisión de fármacos. Es más, en el documento, rotulado como un “borrador de trabajo”, queda claro que bajo esos principios se está haciendo, y se hará, la política de prevención.

Otro aparte del texto de 27 páginas dice que no existe una evaluación formal sobre los tratamientos, tampoco indicadores de pacientes atendidos por el sistema de salud y su estado actual de consumo, ni una regulación clara sobre los procedimientos impartidos a los usuarios. Además enfoca los programas de reducción de riesgos y daños en sustancias como el bazuco o la heroína, mas no en otras drogas como la marihuana o la cocaína que, de acuerdo con las mediciones de 2008, abarcan una porción mayor de consumidores.

No es a raíz de lo acordado con la guerrilla que el país comienza a abordar el asunto de las drogas desde una perspectiva de salud. En 2009, bajo el gobierno de Álvaro Uribe, fue sancionado el acto legislativo que criminalizó con contundencia al distribuidor de drogas y propendió por el acceso a la salud para los drogodependientes. Los efectos de esa norma han sido tenues, pues no se reglamentó durante el primer cuatrienio de Juan Manuel Santos. No obstante, en 2011, una ley impulsada por el Partido Liberal garantizó el acceso a los servicios de salud para los usuarios de drogas y la inclusión de servicios médicos especializados en el Plan Obligatorio de Salud (POS).

La entrada en vigencia de esa ley coincidió, precisamente, “con una política que se enfocó en el tratamiento, pensado casi exclusivamente como la abstinencia, y en la prevención, que es una labor casi de educación. El plan que va a salir tiene que tener el acento en la reducción de daños, que cubriría a cerca del 85% de usuarios de drogas que no son problemáticos o no son sujetos de tratamiento. Pero en Colombia tenemos muchísimas dificultades para aterrizar los cómos y seguramente seguirá prevaleciendo el enfoque viejo”, sostiene Susana Ferguson, quien lideró hasta hace dos años proyectos comunitarios de escucha para consumidores, un modelo de mitigación de daños que perdió continuidad a nivel nacional.

El viceministro de Salud, Fernando Ruiz, le dijo a El Espectador que “hay modelos de reducción de riesgo y daño en el mundo que tienen resultados positivos, pero que, a decir verdad, no están avalados plenamente por la comunidad científica y médica. La dificultad que hay para implementar esas estrategias es que todavía están por construir. Es necesario que haya una discusión internacional que nos dé lineamientos para trazar esa política”.

Ruiz aseguró que la reglamentación de la ley de 2009 vendrá con el plan que se anunciará en diciembre y que, seguramente, con ella “quedarán regulados” los usos terapéuticos de sustancias prohibidas, como la marihuana y hasta la hoja de coca. También dijo que el siguiente paso será la regulación de alternativas de reducción de riesgos y daños para usuarios no problemáticos, pero la política del Gobierno es clara en que avanzará al ritmo de los acuerdos internacionales.

“Más allá de que la gran masa de la población consumidora se está quedando fuera del sistema de salud y que no hay una forma cuantitativa de revisar el plan que termina este año y que se va a reformular, el gran problema es que ni siquiera conocemos cómo está el consumo hoy. El último estudio nacional de consumo se realizó en 2008, hace seis años, mientras que en países como Chile y Argentina los hacen cada cuatro, de tal manera que pueden adecuar las políticas a las tendencias que marcan esos estudios”, sostiene Julián Quintero, de Acción Técnica Social, la organización que coordina en Pereira y Dosquebradas, con apoyo de los gobiernos locales, un programa de intercambio de jeringas que busca disminuir los índices de contagio de VIH y hepatitis entre usuarios de drogas inyectadas.

Inés Elvira Mejía, de la Junta Asesora de Drogas del Gobierno Nacional y quien acompañó los planes departamentales de drogas del Minsalud, dice que su cuestionamiento es que “ese replanteamiento de política pública no se hará sobre una evaluación del camino recorrido. Yo propondría que antes de trazar el plan se haga una evaluación para poder conservar lo valioso y que esa nueva hoja de ruta se compadezca con la inversión realizada. El énfasis se lo está llevando la prevención que se está concentrando en los menores de edad, dejando de lado a poblaciones con índices de consumo muy altos, como los universitarios”.

Los expertos consultados coinciden en que seguir la línea de “problematizar” el consumo es un retroceso de cara al debate mundial, aunque el Ministerio de Salud tiene claro que mientras no haya consensos internacionales sobre alternativas en reducción del riesgo y daño, más allá de que haya experiencias exitosas en Europa, Norteamérica y el sur del continente, el foco de la salud pública seguirá siendo el de la prevención y la atención médica. Todos coinciden en que el reto del Estado, paralelo a su anhelo de paz, es construir un plan que cobije a los consumidores, que hoy no se sabe cuántos son ni cómo hacen uso del sistema de salud y que, como lo reconoció el mismo Estado en La Habana, son el eslabón más débil de la cadena del narcotráfico.

Temas relacionados