“Esto es un tema personal del fiscal (e) Perdomo”: Caterina Heyck

La exfuncionaria critica que mientras ella fue removida de su cargo por presentar una carta en la Corte Constitucional, un fiscal que ella misma denunció, Álvaro Sarmiento, recibe condecoraciones al tiempo que es investigado.

Caterina Heyck es profesora de la maestría de Derechos Humanos de la Universidad Externado.  / Óscar Pérez
Caterina Heyck es profesora de la maestría de Derechos Humanos de la Universidad Externado. / Óscar Pérez

Caterina Heyck fue, hasta el pasado jueves, una funcionaria clave en la Fiscalía. Empezó como asesora del fiscal Eduardo Montealegre en temas de paz y justicia transicional; luego fue la coordinadora de las dependencias más complejas, como lavado de activos y crimen organizado. Y hace poco llegó a hacerse cargo del área de asuntos constitucionales. Sin embargo, fue removida de su cargo pues, dice la resolución que firmó el fiscal general (e) Jorge Perdomo, ya no es una funcionaria confiable. Aunque este no es el único movimiento en la Fiscalía –la semana pasada se supo que el fiscal (e) Perdomo había autorizado el traslado de siete funcionarios–, el caso de Heyck estaría relacionado con una carta que presentó en la Corte Constitucional sobre el tema del plebiscito para la paz. (Vea aquí la carta)

Ella no accedió a renunciar. Un día después le notificaron que había sido declarada insubsistente por falta de confianza y fue removida de su cargo. Una salida a empellones de quien fue siempre de la entera confianza de Montealegre. Como coordinadora de fiscalías especializadas tuvo que estudiar el caso de la periodista Jineth Bedoya y logró dos condenas; también tuvo a su cargo la investigación sobre las desapariciones y torturas en la cárcel La Modelo y el proceso de extradición de Don Mario, que no ha culminado. El Espectador habló con Heyck sobre lo que pasó en la Fiscalía la semana pasada.

¿Qué relación hay entre la carta enviada a la Corte Constitucional y su salida de la Fiscalía?

Yo mantengo contacto con varias personas con quienes lideramos la pauta del acuerdo humanitario hace unos años, entre ellos Ángela Giraldo, Sigifredo López, Yolanda Pulecio, José Uriel Pérez y Juan Manuel López. Más de una vez tuvimos discusiones alrededor de la paz y el plebiscito. Nos sentimos muy cercanos al tema porque por muchos años luchamos para que el acuerdo especial y el canje de secuestrados (intercambio de secuestrados en poder de la guerrilla por miembros de ese grupo presos) fueran vistos como figuras válidas. Antes de que el fiscal (e) Jorge Perdomo hiciera su ponencia en la Corte en la audiencia sobre el plebiscito, le recomendé que tocara este punto. No lo hizo. Entonces decidimos enviar una carta hablando sobre el tema. Es un derecho que tenemos como ciudadanos.

¿Qué decía la carta?

Habla sobre la historia de los acuerdos humanitarios y de conceptos jurídicos sobre la paz. Fue una aproximación teórica al tema y expusimos una propuesta concreta para diferenciar los acuerdos que se han logrado en La Habana, como el del reclutamiento de menores o el de la búsqueda de desaparecidos, frente a lo que sería el acuerdo final. Esa diferenciación conceptual nadie la había hecho y creímos que era útil que la Corte la tuviera. No era otra cosa que un texto académico que también tenía un poco de las experiencias de Sigifredo López y Yolanda Pulecio (madre de Íngrid Betancourt), ambos víctimas de secuestro por las Farc. No era cualquier carta, yo estudié el tema para mi tesis doctoral y dos de mis libros tocan el tema. Muchos murieron esperando un acuerdo humanitario.

¿Señalaron en la carta si consideran pertinente el plebiscito?

Los acuerdos ligados al conflicto armado no requieren refrendación y sería inconstitucional preguntarle al pueblo si está de acuerdo con el fin de la violencia directa. Por eso hacemos la diferenciación entre los acuerdos. La ley de mayorías no aplica frente a derechos fundamentales. Lo que sí se le puede preguntar al pueblo son cuestiones de paz estructural: si está de acuerdo con las reformas de política agraria o de drogas. Nos preocupa que este tema termine en una equivocación por razones jurídicas que están en contra de la paz.

Si usted presenta una carta como ciudadana, ¿cómo explica que la hayan despedido por firmar esa carta?

Es un contrasentido. ¿Por qué se me niega mi derecho como ciudadana de ir a la Corte? Simplemente era abrir un debate jurídico y no entrar en una guerra ideológica de quién tiene la razón. Eso es contraproducente, no está acorde con la búsqueda de la paz. El doctor Perdomo no se tomó la molestia de leer el documento. Ni siquiera lo estaba contradiciendo con respecto a lo que él dijo en la Corte Constitucional.

¿Cómo se enteró de que iba a ser apartada de la Fiscalía?

A mí el miércoles me piden la renuncia porque Perdomo necesita hacer unos cambios. No se las doy. Al día siguiente me llega una resolución en la que, en términos deplorables, me declaran insubsistente por falta de confianza y me remueven de mi cargo. Me pareció increíble que esto pasara justo un día antes de que en la Corte Suprema votaran por primera vez para elegir al nuevo fiscal. ¿Para qué hacer un movimiento como este si era posible que al día siguiente tuviéramos un nuevo jefe que sí valorara mi trabajo? Justo días antes de mi despido, la Fiscalía publicó unas fotografías de la condecoración que la Embajada de Estados Unidos les hizo a varios fiscales, entre ellos, uno que yo misma denuncié.

¿A quién se refiere?

Al exdirector de crimen organizado, Álvaro Sarmiento. Lo que pasó con él fue muy oscuro y se tiene que investigar a profundidad. A la Fiscalía llegó un anónimo que coincidió con una reunión de él con los abogados de los hermanos Comba y unas reuniones a escondidas con los Úsuga. (El anónimo fue conocido también por El Espectador, que en diciembre de 2015 denunció que a Sarmiento lo acusaban de recibir “gruesas sumas de dinero por intermedio de alias Gafas, a fin de dejar en la impunidad miles de crímenes cometidos por el grupo ilegal conocido como Los Rastrojos, a cargo de alias los Comba“). Entonces las cosas son así: a él lo condecoran a y a mí me sacan. Me indigna.

¿Álvaro Sarmiento sigue vinculado a la Fiscalía?

Claro. Lo trasladaron. Esto en la Fiscalía pasa mucho: los cambian para que solo trabajen para cobrar el sueldo, mientras que hay unos fiscales que arriesgan el pellejo todos los días y les toca andar en buseta.

¿Sarmiento es uno de esos que trabajan por cobrar el sueldo?

Pues no se tiene conocimiento de que tenga ningún proceso.

¿Le ha preguntado al fiscal Perdomo por qué la declaró insubsistente?

No. Él nunca me llamó y todo ha sido a través de asesoras de su despacho. Según las reglas, cuando a un funcionario lo declaran insubsistente, no es necesario argumentar por qué. Pero cuando dicen que es por falta de confianza, sí tiene que hacerlo. Decirme que me echan porque ya no soy confiable es un atentado a mi buen nombre, sobre todo después de mi trabajo. Yo sé que esto es un tema personal de Perdomo.

¿Qué pudo motivar esa falta de confianza?

No tengo ni idea. Todo mi trabajo quedó consignado en el libro de rendición de cuentas que se publicó hace una semana. Yo estuve detrás de la condena en el caso de la periodista Jineth Bedoya; de la solicitud de exclusión de Justicia y Paz de Mario Jaimes Mejía, alias el Panadero, y Alejandro Cárdenas Orozco, alias J.J.; tuve a mi cargo el caso de las desapariciones y torturas en la cárcel La Modelo; coordiné el grupo para el caso de Don Mario y tuve el proceso de su extradición; también estuve en la imputación de cargos contra Mancuso por lavado de activos. ¡Es que yo tuve a mi cargo las siete direcciones especializadas de la Fiscalía! A mí me han amenazado y denunciado muchas veces. Yo puse en riesgo mi vida. No puede ser que ahora me digan que no me tienen confianza.

¿Qué va a hacer ahora?

Estoy organizando ideas y mirando el norte. Yo quiero seguir trabajando por la paz como lo vengo haciendo desde 2002. Ese es mi compromiso.

El Espectador quiso saber la posición oficial de la Fiscalía. En su respuesta, el organismo se limitó a señalar que el cargo de Heyck era de libre nombramiento y se abstuvo de hacer comentarios.