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El próximo jueves 9 de abril, en el Día de las Víctimas, el Estado reconocerá que más de 2.000 desplazamientos, desapariciones, asesinatos, estigmatizaciones y todo tipo de hechos violentos que se han registrado en contra de los miembros de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (Anuc) son suficientes para considerarla uno de los actores sociales que más ha perdido durante la guerra.
Desde agosto de 2014, la Anuc se ha reunido con representantes de diversos ministerios y de la Unidad de Víctimas para hacer un diagnóstico del daño recibido por esa organización a manos de guerrillas, paramilitares y agentes del Estado durante el desarrollo del conflicto armado. Ahora, durante el encuentro que se realizará en Ramiriquí, Boyacá, a partir de este jueves, la Asociación tiene la expectativa de que el diagnóstico quede listo y que, de la mano con el Gobierno, puedan comenzar a construir un plan de reparación colectiva que sería anunciado el próximo 7 de julio, con ocasión de los 45 años de esa organización campesina.
La construcción de ese plan de reparación no será tarea fácil para el Estado, pues, más allá de que cerca de 5.000 miembros o familiares de asociados a la Anuc son sujetos de reparación individual, hasta ahora, el diagnóstico del daño ha identificado que “fuimos víctimas como organización, pues nos destruyeron el tejido social. El conflicto armado impidió que la gente se vinculara o que permaneciera asociada. Nos significó perder muchos bienes como las casas campesinas. Hoy tenemos 160 de éstas en el mismo número de municipios, después de tener 600”, dice Luis Alejandro Jiménez, presidente de la Anuc.
Más allá de que la Anuc pueda afiliar a usuarios campesinos, volver a los municipios donde fue exterminada o silenciada y hacer planes de tierras, que es su esencia, hay una propuesta que ya conoce el gobierno Santos y que consiste en que se les dé representación política directa a las comunidades rurales.
A grandes rasgos, la propuesta es la misma que desde la Asociación enviaron a la mesa de conversaciones entre el Gobierno y las Farc en La Habana (Cuba). Se trata de la creación de una circunscripción especial campesina. Los argumentos centrales de la Anuc son que cerca de la tercera parte de la población de Colombia sigue siendo campesina, que no hay acceso a los mecanismos de sufragio y que las fuerzas electorales corresponden a movimientos de los centros urbanos alejados de la cotidianidad campesina.
La propuesta es clave para que la Anuc se siente a concertar con el Gobierno la ruta de reparación. Saben que esta solución se puede enmarcar en las políticas que se desarrollen en el posconflicto y que si Santos quiere poner fin a la violencia que sobre ellas se ha cernido, es necesario que su representación la asuman ellas mismas y no terceros. Una dinámica que, en últimas, fue la que desde todos los actores de la guerra se les quiso imponer, ya sea para estigmatizarles o para asumir una falsa vocería de su causa por lograr que la tierra sea para los que la trabajan, como dice la proclama de la Anuc desde su fundación.