Una ley para frenar el abuso sexual en medio del conflicto

Incluye una adición al Código Penal que amplía la definición del concepto de violencia sexual.

El reelecto presdiente Juan Manuel Santos sancionó una ley en contra de la violencia sexual que incluye una adición al Código Penal que amplía la definición de este concepto. Incluso, este tipo de victimización, siempre y cuando se cumplan requisitos adoptados de las normas internacionales, será tipificada como un crimen de lesa humanidad. Además, establece mecanismos para que el Estado, aún si la víctima no presenta denuncia, la proteja.

"Esta ley es un gran homenaje a todas las mujeres que han sido víctimas de violencia sexual en el conflicto, y es una valiosa herramienta para la justicia. Además, surge en un momento muy apropiado, cuando el país busca una paz en la que los derechos de las víctimas sean honrados", afirmó Iván Cepeda, el representante a la Cámara, que junto a Ángela María Robledo y las organizaciones defensoras de derechos humanos, lideraron la aprobación.

A partir de esta ley, todos los funcionarios que adelantan la investigación o el juzgamiento de hechos de violencia sexual que ocurren de manera sistemática deberán declarar dentro del proceso judicial que la conducta, si es cometida de manera sistemática por un actor armado del conflicto, tiene el carácter de delito de lesa humanidad, y por lo tanto es imprescriptible. Es decir, el caso podrá ser juzgado sin importar el tiempo que pase entre la comisión del crimen y el desarrollo del proceso judicial.

La aprobación de la ley también afecta el articulado del Código Penal. Cambia la definición del término violencia para los tipos penales de violencia sexual, entendida como "la que se produce por el ejercicio del uso de la fuerza; la amenaza del uso de la fuerza; la coacción física o psicológica, como la causada por el temor a la violencia, la intimidación; la detención ilegal; la opresión psicológica; o el abuso de poder; la utilización de entornos de coacción y circunstancias similares que impidan a la víctima dar su libre consentimiento".

La Fiscalía, o al organismo al que le corresponda investigar las denuncias, no podrá condicionar "la determinación de la ocurrencia del hecho, a la presentación de pruebas físicas, ni podrá descartar la misma por la ausencia de rastros de AND, de fluidos u otros materiales”.

Esta nueva norma también ordena al Sistema de Registro Unificado de Casos de Violencia contra la Mujer un componente único de información "que permita conocer la dimensión de la violencia sexual, monitorear los factores de riesgo de la misma, y aportar elementos de análisis para evaluar las medidas adoptadas en materia de prevención, atención y protección".