Una mirada al dilema caucano

Frente a lo que sucede hoy en Cauca cabe una pregunta: ¿en verdad se trata de una confrontación entre Estado y pueblos indígenas? Sin duda que no. Al contrario, han transcurrido décadas de estrecha comunión entre ambas culturas y no es creíble que esta historia haya quedado olvidada.

Quisiera pensar que se trata de la opinión de una fuerza importante indígena, pero no representa la totalidad. Hay que escuchar, por ejemplo, a líderes culturales como los consejos de ancianos. Además, cabe pensar en mecanismos de aproximación como la concertación para escuchar a los pueblos indígenas a través de sus representantes legítimos.

Romper el diálogo no es un mecanismo del siglo XXI, es retroceder a la misma causa que por siglos tuvo la comunidad indígena para obtener su reconocimiento del Estado. El convenio 169 de la OIT de 1989 no fue gratuito, surgió de esa gran presión del mundo indígena que parece hoy desconocida en el departamento del Cauca.

Igualmente, romper con la Constitución y el capítulo indígena de su diversidad étnica y cultural, además construida con sus mismos líderes y eje de reconocimiento en otros países, tampoco se compadece con lo que está pasando.

El Estado tiene que ejercer constitucionalmente el control del país y garantizar en todo el territorio la paz y la seguridad. Es cierto que ha fallado, y de ahí las acciones de responsabilidad, pero esto no extingue su misión. Si los indígenas están en medio del conflicto, es injusto pensar que sólo a ellos atañe el problema. También hay soldados caídos.

Por eso es imperativo el diálogo entre ambas culturas, a nivel de igualdad. Ambas tienen la razón y la obligación es el consenso. Diálogo con una metodología que permita acciones de apoyo socioeconómico y rescate de valores culturales. Un diálogo más intercultural que político.

No es posible renunciar a la soberanía del pueblo colombiano representada en sus instituciones. De ahí la importancia de rodearlas. Tampoco es viable desconocer el objetivo de la paz interna reclamado por los indígenas. Pero su método los dejaría abocados a un factor desestabilizador de presencia de grupos al margen de la ley.

Los indígenas no pueden renunciar a su propia justicia y ante una reacción armada no tendrían opción de defensa, sólo sometimiento. Y en este escenario fallaría el Estado en su papel interventor ordenado por la Constitución. La misma de la cual hacen parte los indígenas, quienes además tuvieron activa presencia en su creación en 1991.

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