Una política criminal también para el posconflicto

Fiscal general, Néstor Humberto Martínez. / Archivo

“El Estado no se preparó para la transición”. Lo dijo el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, en su intervención en el Congreso Nacional de Municipios que se lleva a cabo en Cartagena, en la que si bien destacó que el Acuerdo de Paz ha traído una disminución de la extorsión, el secuestro o las lesiones personales, también es evidente el crecimiento de otras acciones delictivas como el hurto y, aunque los homicidios en general están cayendo a una tasa del 12 %, en muchas de las llamadas zonas de consolidación, donde antes estaban las Farc, la realidad es muy distinta: en Antioquia han crecido 10 %, en Santander 35 %, en Caquetá 50 % y en Norte de Santander 10 %.

Según el jefe del ente investigador, el 25 % de esos homicidios han sido cometidos bajo la modalidad de sicariato y lo que se evidencia es una confrontación entre bandas criminales por la captura de economías ilícitas, como el narcotráfico y la minería ilegal. “Es una realidad muy triste, porque quiere decir que, en la medida en que hubo un desplazamiento de las Farc de estas zonas, no se planearon medidas por parte del Estado para impedir el intento de captura por parte de otras organizaciones criminales, y el Gobierno ya reconoce que hay que hacer mucho en este frente”, enfatizó.

Para el fiscal, el fenómeno no se ataca simplemente con la presencia de la fuerza lícita del Estado: “Eso es más de lo mismo. Es necesario que hagamos un tránsito a la economía formal y a la superación de la marginalidad a partir de una política pública que ofrezca condiciones de vida digna en esos territorios, en donde no llega la salud ni la educación y en muchas no se conoce una sola agencia del Banco Agrario”. Y en este sentido, agregó que el crecimiento de los cultivos ilícitos, que se da prioritariamente en las mencionadas zonas de consolidación, es ya un obstáculo serio para la consolidación de una paz estable y duradera, de la que tanto se habla.

Todo lo anterior como introducción para llegar a lo que fue el eje central del discurso de Martínez: el llamado para que se establezca una política criminal integral y sobre todo coherente con las circunstancias actuales de un país ya en posconflicto, con una que otra pulla al Gobierno. “No podemos seguir dando bandazos y palos de ciego en esta materia”, dijo. Y seguidamente arremetió contra una serie de proyectos de ley que apuntan a promover excarcelaciones masivas de las organizaciones criminales, como el 418 de 2016, presentado por el exministro de Justicia Jorge Eduardo Londoño, y los de jubileo que tramitan varios partidos políticos a raíz de la futura visita del papa Francisco.

“Ese proyecto (el 418) lo que plantea es que para todas las penas menores de 10 años, que es el gran universo delictivo de Colombia, haya prisión domiciliaria; que los que cumplan el 45 % de la condena se vayan para la casa; que cuando la condena sea hasta de seis años de prisión, se suspenda de iure; que haya libertad condicional para quienes cumplan el 55 % de la condena; y un combo: hoy, por dos días de trabajo o estudio se redime un día de pena, pero ahora se propone que sea tres días por dos. Y si en el centro penitenciario no hay programas de estudio o trabajo, se presumirá de pleno derecho que el reo ha cumplido con ellos. El mensaje a la sociedad es que delinquir paga”, advirtió el fiscal.

Hay otra perla que plantea dicho proyecto: en lo sucesivo, para legalizar una captura, el juez de garantías debe previamente consultar al Inpec si hay cupo carcelario en adecuadas condiciones de dignidad. “Mejor dicho, la policía, los alcaldes y la Fiscalía vamos a tener que echarles llave a nuestros despachos, porque no vamos a poder volver a imponer el orden y la autoridad en los territorios sobre la base de que no hay centros carcelarios suficientes para enfrentar el problema del delito en Colombia”, refirió. Según Martínez, aunque el nuevo ministro de Justicia, Enrique Gil, prometió que la iniciativa se iba a retirar del Congreso, hasta el momento no lo ha hecho.

Por otra parte, el jefe del ente investigador calificó como “rebajatones”, es decir, una “feria de rebajas”, los cuatro proyectos de jubileo que ya están en curso, de iniciativa partidista, y que van en contravía de la política criminal para una sociedad como la colombiana. “Inclusive uno de ellos plantea la liberación inmediata de todos aquellos que estén sindicados y no hayan sido condenados, incluyendo los de corrupción. O sea, los sindicados de Odebrecht se van para la casa. Eso es abiertamente inconstitucional”, dijo.

Martínez aseguró que no se trata de oponerse a la resocialización de las personas privadas de la libertad, pero no se puede combatir el hacinamiento carcelario a partir de la excarcelación masiva, pues ello genera dificultades a la sociedad. Al final de su intervención, anunció que le presentará un proyecto al Gobierno, para ser tramitado vía fast track, en el que, entre otros temas, propone que la prueba testimonial contra las organizaciones criminales pueda ser anticipada; que los términos de la detención preventiva no sean de un año; que se amplíen los términos de las investigaciones previas y posteriores a las imputaciones, al igual que en las búsquedas preventivas en las bases de datos.

Igualmente, el fiscal señaló que no se puede seguir sometiendo al régimen judicial ordinario el costreñimiento que las organizaciones criminales están haciendo a las comunidades inmersas en programas de erradicación de cultivos. También pidió penas más severas para aquellos profesionales que asesoran o colaboran con las organizaciones criminales e incluso planteó el bloqueo obligatorio, con alcances de punibilidad, a los operadores de redes y servicios de comunicaciones en las cárceles, desde donde se ejecuta el 50 % de las extorsiones en el país. Y que las empresas proveedoras de mensajes de texto y de voz (caso Whatsapp) no puedan operar si no firman un acuerdo con la obligación de desencriptar las conversaciones cuando, previa autorización judicial, puedan estar afectas a organizaciones criminales.

“Lo que quiero es que se abra un gran debate nacional sobre hacia dónde debe ir la política criminal en Colombia, si debe ser de relajamiento o que eficazmente combata el crimen. Pero esto no debe ser en conciliábulos y corrillos cerrados, porque la seguridad ciudadana nos corresponde a todos. No es una posición insular o caprichosa mía, yo recorro el país y sé que los alcaldes y gobernadores reclaman una política que vaya en contravía de la que se quiere postular desde los centros académicos. No creo que vayamos a hacer tránsito hacia una paz estable y duradera si la política criminal sigue amputando las manos de la justicia”, concluyó.