Una semana de discusiones claves en el Congreso

La conciliación del Acto Legislativo para la Paz, la Ley de Transparencia Legislativa y la reglamentación del derecho fundamental a la objeción de conciencia son algunas de las iniciativas que marcarán la agenda esta semana.

En plenarias de Cámara y Senado se realizará esta semana la conciliación del Acto Legislativo para la Paz. / Archivo - El Espectador
En plenarias de Cámara y Senado se realizará esta semana la conciliación del Acto Legislativo para la Paz. / Archivo - El Espectador

La semana legislativa arranca hoy con una prioridad para el Gobierno: la conciliación del texto del Acto Legislativo para la Paz, aprobado el pasado miércoles en último debate por la Cámara de Representantes. Se trata de la herramienta jurídica mediante la cual el Gobierno blindará jurídicamente el acuerdo final de paz que se firme con las Farc en La Habana, elevando lo pactado a la categoría de Acuerdo Especial en el marco del derecho internacional humanitario.

La conciliación se refiere, prácticamente, a una modificación incluida en la ponencia para séptimo debate (artículo 5), que estipula el tiempo en que entraría en vigencia el artículo, señalando que será “a partir de la refrendación popular del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, a través del mecanismo que el Gobierno Nacional ponga en marcha para tal efecto”. La idea, según reveló el coordinador ponente, Hernán Penagos, es que hoy se reúnan los conciliadores para que el miércoles ambas plenarias aprueben el texto definitivo. Hecho el trámite, la ruta a seguir será la promulgación del Acto Legislativo para que pase a revisión de la Corte Constitucional.

Pero el Acto Legislativo es tan sólo uno de los proyectos claves que, a 15 días de que termine la legislatura, tienen el tiempo corriendo en contra. Otro de ellos, también relacionado con la paz, es el que se discutirá en último debate en plenaria de Cámara y que establece el acuerdo marco entre la ONU y el gobierno de Colombia relativo a las contribuciones al sistema de acuerdos de fuerzas de reserva de Naciones Unidas para las operaciones de mantenimiento de la paz. La iniciativa de la Cancillería busca establecer que los militares puedan ser parte de los cuerpos de paz (Cascos Azules), como lo anunció en septiembre pasado el presidente Juan Manuel Santos en la Asamblea General de la ONU, en donde se comprometió a aportar —de forma gradual— cerca de 5.000 hombres para dichas labores.

Otro asunto que se definirá en último debate en la misma corporación es el de la denominada Ley de Transparencia Legislativa, cuyo propósito es la rendición de cuentas de los senadores y representantes a la Cámara a los ciudadanos. El proyecto, impulsado por congresistas de varios partidos, obligaría a los legisladores a presentar un informe de gestión cada semestre, la hoja de vida de sus asesores, reporte de asistencia y un detallado informe de los viajes internacionales que realicen.

En el Senado, las discusiones también son varias. En la agenda figuran, por ejemplo, la reforma al mecanismo de selección de tutelas —presentada por la Defensoría del Pueblo—, que cursa tercer debate en comisión primera del Senado y que busca fortalecer y reglamentar los procesos para evitar casos de corrupción, como en el que estaría inmerso el magistrado Jorge Pretelt, quien habría solicitado dinero para favorecer con un fallo a Fidupetrol.

También se encuentra programado el último debate del proyecto de ley del Partido de la U, que establece un “código” para la defensa de los usuarios del transporte aéreo, con el objetivo de regular las penalidades que las aerolíneas les cobran, por ejemplo, por el cambio en el itinerario del tiquete.

Otro tema clave, que pasa a segundo debate en plenaria, es la iniciativa impulsada por la senadora Viviane Morales para regular el derecho fundamental a la objeción de conciencia en temas tan espinosos como el servicio militar, los servicios de salud y los asuntos religiosos.

Asimismo se discutirán normas como la “ley Isagén”, que busca regular la enajenación de la propiedad accionaria del nivel nacional con un cambio en el proceso de toma de decisión. Con esta norma se pretende que, para privatizar un activo público, ya no se requiera sólo del concepto favorable del consejo de ministros y una notificación al Congreso —como sucede actualmente—, sino que el Legislativo también tenga poder de decisión.

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