Universidades privadas piden acceso a créditos y planes de pago para sobrevivir a la COVID-19

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Al menos nueve instituciones de educación superior afirmaron que si bien no están pidiendo auxilios, que además no son permitidos por la Constitución, sí solicitan “estar en igualdad de condiciones con el resto de sectores económicos”. Dijeron que la reducción de matrículas podría llegar al 50 % en esta crisis.

Como lo han hecho diversos sectores económicos, las universidades privadas también se pronunciaron para expresar su preocupación por los efectos que ha dejado a su paso la crisis desatada por la enfermedad COVID-19, generada por el virus SARS-CoV-2. El presidente Iván Duque Márquez prorrogó el aislamiento preventivo obligatorio hasta el 27 de mayo, decretó nuevamente el Estado de emergencia y dio a conocer una serie de medidas para las micro, pequeñas y medianas empresas del país. A diferenca de esto, aún no ha habido un pronunciamiento lo suficientemente determinante en favor de estas instituciones de educación superior. 

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Por ello, al menos nueve universidades privadas firmaron una carta dirigida al primer mandatario, a la opinión pública y al Congreso de la República, con el fin de expresar sus necesidades en el marco de la emergencia, el panorama que les acoge y solicitar respaldo por parte del Ejecutivo. Cabe recordar que los parlamentarios también son destinatarios de sus peticiones porque este jueves 7 de mayo está citada la ministra de Educación, María Victoria Angulo, a que asista a la plenaria de la Cámara para que explique los avances de su despacho frente al nuevo coronavirus y los apoyos al sector educativo.

Las entidades educativas afirmaron que la cuarentena por la pandemia las pone en riesgo, pues sus ingresos también disminuyen. Bajo esa realidad, expresaron que preveen que la reducción de las matrículas universitarias será sustancial y podría verse afectada hasta en un 50 %. La cesación de docentes y administrativos, y la desventurada incapacidad de algunas universidades para subsistir en este momento resultaría en "un retroceso de muchos años y la pérdida de logros mayúsculos en la construcción del capital social, científico e intelectual del país", dicen los firmantes de la misiva. 

"Las universidades privadas no están solicitando auxilios, que además no son permitidos por la Constitución; solo piden, en igualdad de condiciones con el resto de los sectores económicos, acceso a créditos financieros, alivio en el plan de pagos de sus obligaciones y ampliación de créditos y becas con apoyo oficial a los estudiantes más necesitados por medio del ICETEX", requirieron.

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En ese sentido, hicieron un llamado aún más específico: "solicitamos que que se extienda el plazo de los pagos de capital tramitados vía Findeter por dos o tres años más, que se abra una línea especial para créditos de capital, similares a los que se adjudican a empresas comerciales, que se amplíen los cupos de créditos en el ICETEX y que se acelere la entrega de recursos del programa Generación E". 

Ahora, reconocieron que se han venido implementado los recursos pactados en 2018 entre el Gobierno, los estudiantes y las instituciones, pero aclararon que eso no es un monto ideal porque en esta coyuntura no alcanza para salvarles de cerrar. " Las instituciones de educación superior públicas, tan importantes para el país, afortunadamente cuentan con presupuestos fijos, aunque pueden seguir siendo insuficientes, a pesar del acuerdo alcanzado en 2018, que inyecta a esas IES cuatro billones de pesos en la actual administración", explicaron, para reiterar que en definitiva necesitan acceso a recursos adicionales "toda vez que los ingresos provienen casi que exclusivamente de las matrículas. 

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Según declararon, Colombia destaca en América Latina porque ha aumentado la cobertura del servicio educativo. Las universidades privadas pasaron de representar un 15 % en la década de 1990 a ser el 53 % de la oferta en la actualidad. "Una crisis de las universidades es tan grave o más que la crisis de muchas empresas, ya que las primeras son organizaciones dedicadas a construir el capital social, cultural e intelectual del país. Esperamos del Gobierno Nacional y del Congreso de la República una respuesta favorable, que permita a las universidades y demás Instituciones de Educación Superior sobrevivir en esta difícil circunstancia", puntualizaron.

Los rectores que firmaron la carta son: Jaime Arias, de la Universidad Central, Carlos Urbano Sánchez, de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, Julio Jairo Ceballos, de la Universidad Pontificia Bolivariana, Germán Anzola Montero, de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales, Rosita Cuervo Payeras, de la Universidad de Boyacá, Mario Posada, de la Fundación Universidad de América, Carlos Eduardo Jaramillo, de la Universidad Autónoma de Manizales, Fernando Enrique Dejanón, de la Universidad Libre, y Behitman Céspedes, de la Universidad Católica de Pereira. 

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