UP seguirá en la arena política

La decisión será anunciada la próxima semana y el ente electoral se basará en un concepto del Consejo de Estado.

Cerca de 5.000 miembros de la UP fueron asesinados, por este motivo no presentaron candidatos en 2002.

Luego de una década de batallas jurídicas, el 9 de julio de 2013, el Consejo de Estado le restituyó la personería jurídica a la Unión Patriótica (UP), reconociendo que sus militantes habían sido víctimas del exterminio por cuenta de fuerzas oscuras al margen de la ley. Pero ocho meses después, con los resultados de las elecciones al Congreso y de acuerdo con la normatividad vigente, amenazaban con sepultar nuevamente a esa colectividad, por no lograr los votos necesarios para mantener la personería jurídica. No obstante, nuevamente el Consejo de Estado, a través de un concepto, lanzó un salvavidas que será acogido por el Consejo Nacional Electoral CNE), y la próxima semana se ratificará la permanencia de la UP, al menos hasta 2018.

Según conoció El Espectador, la próxima semana, en sala plena, el máximo organismo electoral del país tomará esa decisión y ya hay un consenso entre los nueve magistrados para mantener con vida a la UP, porque la restitución de la personería jurídica, aunque les permitía presentar candidatos para el Senado, para todas las elecciones departamentales a la Cámara y para circunscripciones especiales, a pocos meses de las elecciones les hacía imposible enfrentarse al debate en condiciones de igualdad.

Argumento que estuvo por encima de lo planteado por el artículo 108 de la Constitución, que plantea que mantendrán vigencia las colectividades cuya “votación no sea inferior al 3% de los votos emitidos válidamente en el territorio nacional en elecciones de Cámara de Representantes o Senado. Las perderán si no consiguen ese porcentaje en las elecciones de las mismas corporaciones públicas”. La UP no alcanzó el umbral y bajo la luz de la norma tendría que dejar de existir.

En realidad, hubo otros factores que incidieron en la decisión que tomará el CNE. Para el Gobierno era claro que en un escenario de negociación de paz y reparación, como el que se trata hoy en La Habana con las Farc, era un pésimo mensaje que la UP no tuviera las posibilidades de participación política. Al fin y al cabo, una de las metas de ese diálogo es que los miembros de las guerrillas cambien los fusiles por los votos. Así lo entendió el ministro del Interior, Aurelio Iragorri, que se dio a la tarea de buscar la forma de mantener la colectividad viva.

Y lo logró. La carta de salvación vino a través de una consulta que le hizo al Consejo de Estado, en la que le planteaba diferentes vías para que la UP no desapareciera. Las opciones eran: que a la colectividad se le aplicara la normatividad de 2002, año en el que perdió su personería; que se les mantuviera vigente argumentando su reparación como condición de víctimas o que se asumiera a la UP la condición de minoría política. Las tres fueron rechazadas. Pero el alto tribunal abrió la puerta con un argumento que el Consejo Nacional Electoral acogerá.

Dicha tesis señala que “la UP está en un proceso de transición hacia el restablecimiento de sus derechos políticos. Para que ello sea posible, el partido debe tener un plazo razonable que le permita enfrentarse al umbral electoral en condiciones de igualdad. La sala concluye que la UP debe mantener su personería hasta las próximas elecciones de 2018, con el fin de que puedan ejercer sus derechos de participación”.

El mismo ministro Iragorri, en un encuentro con los magistrados del CNE, el 24 de julio de 2014, les pidió que “teniendo en cuenta que el tiempo transcurrido entre la restitución de la personería jurídica a la UP y las elecciones al Congreso de la República, el 9 marzo de 2014, fue muy corto para que el partido se hubiera fortalecido para acudir en condiciones de igualdad a la contienda electoral”.

La decisión está tomada. Y más allá de que la Constitución deje claro que es necesario superar un umbral de votos del 3% para seguir en el escenario político, en el caso de la UP pudo más el reconocimiento del exterminio del que fueron víctimas, las desfavorables condiciones para enfrentar un debate electoral y, sobre todo, la necesidad de mandar un mensaje a La Habana de que es posible dejar las armas y pelear desde la arena política.

 

 

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