‘Urge que Iván Márquez se pronuncie’: Iván Cepeda

El senador del Polo Democrático, quien fue uno de los más importantes facilitadores del Acuerdo de Paz, sostiene que la falta de claridad sobre la extradición ha producido una gran incertidumbre en quienes dejan las armas.

Alfredo Molano Jimeno
25 de septiembre de 2018 - 08:07 p. m.
El senador Iván Cepeda, uno de los más importantes facilitadores del Acuerdo de Paz con las Farc. / Cristian Garavito
El senador Iván Cepeda, uno de los más importantes facilitadores del Acuerdo de Paz con las Farc. / Cristian Garavito
Foto: Cristian Garavito / El Espectador

Este miércoles se cumple el plazo que le dio la JEP a los excomandantes guerrilleros para que reiteren su compromiso con el Acuerdo de Paz. Usted es una de las personas que estuvo más cerca del proceso de paz, ¿cómo evalúa lo que está ocurriendo?

He sido partidario de ver el proceso de la manera más positiva. Obviamente sin ilusiones ingenuas y creo que sus avances son formidables. Hay muchas maneras de medir esos alcances que ha tenido el proceso de paz en el país: su repercusión política, social, económica, cultural; pero por supuesto, eso no significa no alertar sobre los problemas que hay, y menos, obviar que estamos en un momento decisorio. Un momento en el cual ya se dio paso a la participación en el Congreso, pero también es un momento muy ligado al proceso de la justicia restaurativa, en el que hay que entrar de lleno a cumplir los compromisos que se han establecido. Igualmente, el nuevo gobierno tiene que hacer realidad la afirmación de que le va a cumplir a los excombatientes, ahora miembros de la nueva fuerza política, con la reincorporación de la mejor forma. Así que todo eso genera, por supuesto, una situación de preocupación, y al mismo tiempo, hay que activar todos los esfuerzos, las energías, los buenos oficios posibles, para que se termine de amarrar y arraigar el proceso de paz. Igualmente se debe hacer una afirmación muy radical en la civilidad, en el propósito de la reconciliación y de cumplir con lo pactado.

La Comisión de Paz del Senado estuvo en Miravalle, ¿Qué sensación le quedó de lo que está ocurriendo entre los excombatientes de las Farc?

Por una parte, observé que están haciendo un gran esfuerzo para incorporarse a una vida cotidiana normal, que tiene muchas limitaciones y precariedades, pero que están buscando convertirlo en un proyecto económico, social y político. Lo que hay en ese espacio son ocho proyectos productivos, de los cuales, la gran mayoría, seis o cinco, han sido sacados adelante con la voluntad de los excombatientes y el apoyo de la cooperación internacional. El resto, son ayudas supremamente débiles que brinda el gobierno. La reunión que tuvimos con la Comisión de Paz y el alto Comisionado dio cuenta de esto. Por eso se tomó la decisión de crear una mesa técnica, al estilo de la que se creó con los proyectos anticorrupción, para discutir un tema concreto: ¿cómo lograr que haya tierra para esos proyectos productivos? La población de excombatientes es esencialmente rural y está ligada al entorno social que hay en esos territorios y es claro que se requiere tierras para su efectiva reincorporación. En esa misma visita constatamos un sentimiento de preocupación e incertidumbre por la situación de los líderes. Y de manera directa, les preocupa el tema de la extradición, ya que ese es un factor que no depende de las autoridades colombianas y que si no se soluciona de una manera adecuada puede convertirse, a mi modo de ver, en la punta de lanza de la desestabilización general del proceso.

¿Dice que el temor a la extradición es el que ha despertado la incertidumbre y ha generado una especie de desbandada de los grandes dirigentes de La Farc?

No diría desbandada, pero si es un factor terriblemente perjudicial porque pone decisiones que son del proceso de paz, y de su estabilidad, en cabeza no de la autoridad nacional sino en la voluntad, el capricho, de autoridades extranjeras, que por supuesto tienen también sus intereses. No es un secreto que congresistas como Marco Rubio y otros, que representan a los sectores más extremistas de la derecha en Estados Unidos están interesados en hacerle daño al proceso. Y se ha venido impulsando una campaña según la cual el proceso de paz es dañino, y está ligado al aumento de los cultivos de uso ilícito. Esto con el fin de que el proceso de paz no sea apoyado por los partidos Demócrata y Republicano en Estados Unidos.

¿Qué información concreta recibieron sobre Iván Márquez y de Óscar 'el paisa'?

No recibimos nada distinto a la afirmación de gente de su entorno que señaló: 'Iván Márquez y los otros excomandantes de Farc siguen comprometidos con la paz'. Lo que hemos hecho es un llamado perentorio, uno con una carta dirigida a Iván Márquez, en el sentido de que urge que él se pronuncie por su condición de jefe de la delegación que negoció el Acuerdo de paz, pero también por su importancia dentro de lo que fue la guerrilla y hoy es el nuevo movimiento político de la FARC. Márquez es un dirigente que tiene una influencia considerable al interior de la organización. Y pasa el tiempo, se mantiene el silencio, y eso no ayuda. No contribuyente a resolver los problemas del proceso.

Precisamente la JEP les ha dado un ultimatum a estos excomandantes para que se presenten, ¿qué pasaría si no los excomandantes no aparecen?

Yo creo que es un llamado que entra dentro de los procedimientos de la Jurisdicción pero lo que me parece importante es que ese llamamiento debería estar acompañado de garantía, y me refiero a una en específico: en este momento los exguerrilleros llamados por la JEP para rendir cuentas no tiene ninguna clase de defensa en la jurisdicción.  Parte del acuerdo consistía en que se iba a crear una especie de defensoría pública para los excombatientes, que no tienen posibilidades de tener abogados, como si la tienen, por ejemplo, los militares, quienes cuentan con un número considerable de defensores. Entonces si se les exigue presentarse, se les debiera dar la posibilidad de defenderse, en consonancia con lo que fue el Acuerdo de Paz y de las mismas reglas de la JEP. Ahora, tampoco me parece garantista la actitud del Fiscal General de la Nación, quien no desperdicia oportunidad para buscar nuevas formas de atacar el proceso, de atacar la Jurisdicción Especial de Paz, y de intentar debilitarlas.

El proceso de paz con las Farc ha pasado diversos momentos difíciles, pero este parece ser el más crítico...

En este proceso de paz he aprendido que cuando uno cree que está en el punto más crítico, luego aparece uno más difícil. Entonces no me atrevo a calificar los momentos. Lo que sí creo profundamente, es que por más difíciles que sean esas crisis y esas circunstancias, el proceso de paz ha adquirido una dinámica y una solidez que le permite resistir a esa turbulencia y a esos golpes. Por supuesto, en eso no hay que confiarse de manera excesiva, pero yo creo que hemos avanzado sustancialmente en ese camino. Hoy hay una dirección de un partido político que tiene la convicción de que es el camino correcto y que lo está recorriendo a pesar de las dificultades. 

¿Cuales serían, a su juicio, las medidas que den tranquilidad a los miembros de la FARC?

Diría que el Presidente de la República debiera aclarar el problema de la extradición. Es su potestad,  y por supuesto entiendo que en este momento hay una relaciones difíciles con el nuevo gobierno de Estados Unidos, pero creo que el Presidente debe ponderar sus prioridades y brindar seguridad. Eso es lo que exige respetar los acuerdos, lo que se ha pactado, y darle una estabilidad en el tiempo. Por supuesto, está aquí todo lo que tiene que ver con el proceso de reincorporación en el plano de la seguridad, de los proyectos productivos. Se necesita darle garantías políticas al nuevo movimiento que ha surgido. Creo que no ayuda definitivamente lenguaje vengativo que mantienen ciertos sectores políticos con relación a la nueva fuerza política, habría que llamar a que se deponga ese lenguaje, en el que la FARC sigue siendo considerado un enemigo, y entender que se ha producido un cambio. Son hoy una fuerza política legal que tiene unos derecho, unos deberes también, y que por supuesto hay que respetar esa condición.  Comenzando por el ambiente en el Congreso de la República: hemos escuchado insistentes intervenciones del Centro Democrático en el que se irrespeta esa condición de excombatientes y de firmantes de un Acuerdo de Paz.  Hay un reglamento en el Congreso que se pueda apelar pero lo primero, tal vez sería, intentar recorrer el camino que ha propuesto el propio presidente Duque: buscar un acuerdo político que incluya a todas las fuerzas, para que se pueda hacer realidad lo que plantea el propio Acuerdo Final de Paz, y es que debe haber un pacto de todas las fuerzas políticas y sociales acerca de excluir la violencia de la política. Es uno de los puntos que se pactó en La Habana y que está sin desarrollo todavía.

¿Cómo ve el avance de la implementación en términos normativos? 

Hay que reiterar lo que hemos dicho desde las bancadas de la oposición: el proceso de implementación normativa no culminó con la finalización del procedimiento especial legislativo, llamado de fast track, sino que es un deber, como lo ha dicho la Corte Constitucional, que se extiende por los próximos 12 años. Así que nosotros hemos presentado unos proyectos a consideración del Legislativo. Uno de ellos está haciendo en este momento un trámite y es el de las 16 Circunscripciones Especiales de Paz para los territorios en el cuales golpeó con mayor fuerza el conflicto armado. Esperamos que avancen también temas pendientes como el catastro multimodal, la formalización de tierras, y el fondo de tierras para el campesinado pobre y desplazados. También está pendiente la reforma política, todos son asuntos que deben seguir siendo parte de la agenda del Congreso. 

Por Alfredo Molano Jimeno

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