Urgencia por un tercer acuerdo

Expectativa por acuerdo en solución al problema de drogas ilícitas es el telón de fondo del momento crucial que vive hoy el proceso de paz.

La erradicación de cultivos ilícitos es una de las salidas de reintegración que se han planteado en la mesa de negociaciones en La Habana. / Archivo

A 28 días de las elecciones presidenciales y seis meses después de la firma del segundo acuerdo del proceso, relativo a la participación en política, la urgencia de noticias sobre nuevos avances en la mesa de diálogos se ha convertido en una exigencia. No sólo porque quienes se oponen a la negociación en La Habana, algunos en campaña, aprovechan este silencio para pescar en el río revuelto de las especulaciones, sino porque cualquier reporte positivo sobre la discusión en Cuba puede ser determinante para la decisión de los electores.

Sin embargo, no es un tema fácil. Desde la perspectiva de la guerrilla, porque ésta se resiste a facilitarle a la campaña reeleccionista un acuerdo que fortalezca su opción en las urnas, aunque en el fondo sabe que la victoria de Santos significa la continuidad de los diálogos y blindaje para el esquema actual. En el imaginario del Gobierno, porque sacar adelante el acuerdo de solución para el problema de las drogas ilícitas tiene un componente que va más allá de su propia voluntad: la negativa de Estados Unidos a ceder en el tema de la extradición.

Ambas partes se mueven entre sus propias disyuntivas, y por lo que traslucen sus últimas declaraciones, hay optimismo frente a la concreción del tercer acuerdo. El pasado viernes, en una repentina intervención, el delegado de las Farc Jesús Santrich sostuvo que los avances son tan sustanciales que van más de 20 cuartillas de “acuerdos construidos”. Eso sí, los voceros de la guerrilla criticaron que el Departamento de Estado de los Estados Unidos persista en calificar a algunos de sus líderes como narcotraficantes.

El punto es que, según fuentes consultadas, son tan ciertos los avances en el tema de la solución a las drogas ilícitas que incluso existe la posibilidad de que las Farc acepten el compromiso de ayudar a la erradicación de cultivos de coca, marihuana y amapola. Obviamente, eso significaría quedarse en algunas regiones donde hoy hacen presencia, de tal manera que su labor sirva como una forma de reintegración a la vida civil; claro está, después de que salden sus cuentas con la justicia transicional acordada en el proceso de paz.

De alguna manera, una idea que encaja con ciertos postulados del acuerdo agrario y el de participación en política, en el sentido de que se habilite una circunscripción electoral especial en las regiones azotadas por el conflicto, como parte del modelo de “paz territorial” que identifica el proceso entre Gobierno y Farc. No cabe duda de que en algunas zonas, los guerrilleros hacen parte de comunidades campesinas, como lo admite el asesor de la Oficina del Alto Comisionado de Paz, Alejandro Reyes, lo que podría facilitar el escenario.

Al margen de las expectativas alrededor de un acuerdo sobre el tema de la solución a las drogas ilícitas, otro aspecto apunta a ser crucial en los próximos días para robustecer el proceso de paz. Como se sabe, el gobierno Santos reactivó el Consejo Nacional de Paz, que tendrá como coordinador a Luis Eduardo Garzón. La fecha probable para su instalación, según el exalcalde de Bogotá, es el 8 de mayo. Pero ese no es el único mecanismo de apoyo social y político a la mesa de diálogos en la lista de objetivos del Gobierno y sus asesores.

Según estableció El Espectador, el Ejecutivo busca que, además del Consejo Nacional de Paz, cobren protagonismo algunos “facilitadores” del proceso, en procura de que las Farc asuman que la búsqueda de una salida negociada al conflicto armado tiene importantes aliados. En este contexto, no se descarta que, por ejemplo, la excongresista Piedad Córdoba o la candidata presidencial Clara López puedan cumplir un papel eficaz en la mesa de diálogos. No como simples interlocutoras sino como voceras de la sociedad en favor de la paz.

También es claro que si se logra la evacuación del tercer punto sobre la solución al problema de las drogas ilícitas, lo que viene es nada más y nada menos que la crucial discusión sobre las víctimas. Por eso, éstas van a hacer presencia en La Habana y, de conformidad con recientes declaraciones de los delegados de las Farc en Cuba, la guerrilla está dispuesta a darles la cara. Claro está que ese momento determinante se daría después de que concluya el actual debate electoral. De concretarse, no cabe duda que sería fundamental para confiar en el proceso.

En resumidas cuentas, los delegados del Gobierno y las Farc en La Habana saben que la actual ronda de negociación es trascendental. Entre otros aspectos, porque los opositores del proceso de paz no cesan en sus críticas. La prueba fue que esta semana le tocó a la delegación del Gobierno, en voz del general (r) Jorge Enrique Mora, salir a aclarar que el tema de las Fuerzas Militares no está en discusión en La Habana. Del acuerdo agrario al de participación en política pasaron seis meses. Ahora van otros seis y el país pide nuevas noticias.

‘Acuerdo de paz no reestructurará FF.MM.’

Un inusitado preámbulo a la vigésimo cuarta ronda de diálogos entre el Gobierno y las Farc se dio esta semana, ante la creciente y descarnada oposición política de la administración Santos, también en campaña. Esta vez fue el general (r) Jorge Enrique Mora Rangel quien salió en defensa del proceso de paz y declaró enfáticamente que deben estar seguros y tranquilos de que el tema de la Fuerza Pública no ha sido ni será parte de las conversaciones en la mesa de diálogos. Mora Rangel resaltó que la misión de los soldados y policías no está en discusión, no forma parte de los acuerdos y no se han recibido instrucciones diferentes a que las Fuerzas Militares sigan cumpliendo con su deber constitucional. La salida de Mora se explica, entre otras razones, por la última movida de la campaña del candidato del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, quien el 21 de abril se reunió con exuniformados de la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares (Acore), en donde criticó el proceso en La Habana.
 

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