Uribe dice que acusación en su contra por masacre de El Aro ya fue "desvirtuada"

El senador y expresidente dijo que le quieren hacer daño con esa decisión de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín.

El senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez se defendió de los señalamientos en su contra por la masacre de El Aro, ocurrida mientras era gobernador de Antioquia en 1997. Luego de que la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín compulsara copias a la Corte Suprema de Justicia para que se indague su comportamiento, el congresista del Centro Democrático cuestionó la decisión de la justicia. (Lea: Uribe será investigado por masacre de El Aro)

Luego de que la magistrada María Consuelo Rincón anunciara en audiencia pública la decisión sobre Uribe, el expresidente señaló a la jurista de estar relacionada con el entonces magistrado estrella de la parapolítica Iván Velásquez, quien hizo importantes denuncias sobre la relación de la clase política con las Autodefensas.

“El primer error de la magistrada es que el tema no es nuevo, no es un hecho nuevo. María Consuelo Rincón es de la cuerda de Iván Velásquez, quien ha utilizado la justicia para perseguirnos”, señaló.

Según él, la acusación en su contra ya fue ampliamente desvirtuada por el CTI de la Fiscalía con varias pruebas por lo ocurrido el 25 de octubre de en 1997 donde llegaron un grupo de paramilitares y masacraron a 17 personas, 60 casas fueron quemadas y 70 personas fueron desplazadas forzosamente en Ituango, corregimiento de El Aro.

Uribe sostuvo que aunque un testigo dijo que había ido a La Caucana a preparar la masacre, jamás pudo ir a visitar ese paraje de Antioquia. “Aunque un testigo dice que fui en un Jeep Nissan blanco y rojo cuando en realidad habría tenido que ir en avión o en helicóptero por razones de seguridad”, indicó.

El helicóptero de la gobernación

Uribe fue gobernador de Antioquia entre 1995 y 1997 y fue relacionado en el expediente por cuenta de varios testimonios, según los cuales un helicóptero del Servicio Aéreo de Salud de Antioquia, adscrito a la Gobernación, estuvo en el lugar de los hechos.

Sobre el tema, Uribe dijo que esas aeronaves son rigurosamente administradas de acuerdo con protocolos toda vez que los recorridos son “totalmente controlados y estrictos”.

Quienes manejan helicópteros autónomamente en servicio aéreo de salud, han explicado lo que les han preguntado y han desvirtuado imputación”, aseguró el exmandatario.

Uribe consideró que la decisión del Tribunal Superior de Medellín es “otra decisión judicial sólo con el ánimo de hacer daño político”.
La medida en contra del senador se incluyó en la sentencia condenatoria proferida contra Ramiro Vanoy, alias Cuco Vanoy, excomandante del bloque Mineros de las autodefensas.

El 25 de octubre de 1997, paramilitares llegaron al corregimiento de El Aro, del municipio de Ituango (Antioquia), y asesinaron al menos a diez personas en la plaza principal. Más tarde secuestraron a un grupo de pobladores y los obligaron a trasladar el ganado propiedad de los campesinos hasta el vecino municipio de Caucasia. Esos hechos produjeron el desplazamiento forzado de al menos 300 personas. Días después, el defensor de derechos humanos Jesús María Valle denunció que militares de la IV Brigada, con sede en Medellín, habían participado en la matanza.

Días después de la masacre, el defensor de derechos humanos Jesús María Valle denunció que militares de la IV Brigada, con sede en Medellín, habían participado en la matanza.

El entonces gobernador Uribe (1997) lo declaró “enemigo” de la Fuerza Pública y el Ejército lo denunció por injuria y calumnia. En 2006, la Corte Interamericana de Derechos Humanos le dio la razón a Valle, asesinado en 1998, y reconoció la responsabilidad del Estado en las masacres de El Aro y La Granja. En la sentencia quedó consignado que “cuando llegó un helicóptero (a la zona) los paramilitares dijeron que el pasajero era Carlos Castaño, quien se dirigió a la inspección de Policía y habló con los que allí se encontraban”. Asimismo, que los ‘paras’ actuaron de manera conjunta con miembros de las Fuerzas Armadas en el robo del ganado y el desplazamiento de las familias.