Uribistas se declaran perseguidos políticos

Cuando empezaba la discusión de la prórroga a la Ley de Orden Público, el Centro Democrático se retiró del Congreso alegando persecución contra la oposición por la captura del hermano del expresidente Álvaro Uribe, Santiago Uribe.

Paloma Valencia, vocera del Centro Democrático en el Congreso.Archivo El Espectador

La decisión de la Fiscalía de ordenar la captura del hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez, Santiago Uribe, levantó ampolla en el país y como era los parlamentarios de la bancada del Centro Democrático se declararon perseguidos políticos.

Además de las declaraciones en contra de decisión de la Fiscalía, teniendo como escenario el Congreso en donde se discutía la prórroga a la Ley de Orden Público, el Centro Democrático con vocería de la senadora Paloma Valencia declaró la persecución y se rehusó a participar en la discusión.

“La detención infame del hermano del expresidente Álvaro Uribe en medio de este debate, oscurece el ambiente, limita las libertades públicas y deja sin garantías a la oposición. Esa captura viene a corroborar las graves denuncias que acaba de realizar el presidente Uribe ante la OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y los congresistas de Estados Unidos”, afirmó Valencia.

La vocera del Centro Democrático agregó que esta detención hace parte de la estrategia de este gobierno para perseguir judicialmente al uribismo como mecanismo para que acepte la impunidad de los narcoterroristas de las Farc. Esta nueva villanía es una muestra más del ánimo persecutorio de este gobierno y su incondicional aliada, la Fiscalía”.

Ante estos duros señalamientos, el ministro de Justicia, Yesid Reyes afirmó que “el gobierno no tiene que ver con esta decisión ni con ninguna que tome la Fiscalía o cualquier instancia de la justicia. En general cuando se dan estos casos el país se divide, a veces elogian la decisión, a veces la critican, pero lo importante es tener claro que la justicia y la Fiscalía actúan de forma independiente y con base en criterios estrictamente jurídicos que el Gobierno respeta. La garantía que da el Gobierno es que respeta profundamente la independencia de la rama”.