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Desde julio estaba radicado en el Congreso un proyecto que proponía que la vacuna contra el COVID-19 fuera declarada de interés general y que los empresarios tuvieran un descuento tributario si donaban recursos para la compra de esta. Sin embargo, solo en octubre fue que el gobierno de Iván Duque le puso atención al proyecto y envió un mensaje de urgencia para que su trámite fuera expedito.
El Congreso atendió el llamado tardío y de forma exprés tramitó el proyecto de autoría del representante de Centro Democrático Ricardo Ferro. El proyecto tuvo un tránsito sin mayores problemáticas por las comisiones Terceras, que sesionaron de forma conjunta, y un camino similar en las plenarias de Cámara y Senado.
El Senado fue el encargado en la noche de este miércoles de dar el último sí necesario para que, por ley, la vacuna del COVID sea declarada de interés general. Además de este punto, se habilitó al gobierno “para concertar alianzas estratégicas con organismos multilaterales y el sector privado” para responder a cualquier amenaza o pandemia, no solo en la actual contingencia.
El proyecto de ley aprobado este miércoles también contempla que se otorgue un descuento tributario de hasta el 50% en el impuesto a la renta para aquellas personas que donen recursos para la compra de la vacuna. Esta figura es similar a la que se conoce como obras por impuestos.
Este fue uno de los puntos más controversiales, pues, desde la discusión de la ponencia, senadores como Gustavo Bolívar se opusieron a que se les rebajara impuestos a los más ricos. Iván Marulanda, de los Verdes, añadió en este punto que se les estaba entregando a privados la asignación de los recursos públicos. “Se recarga a los sectores menos favorecidos el valor de los beneficios tributarios, pues son recursos que deja de recibir el Estado”, también comentó el senador antioqueño.
Otra de las controversias de la noche vino en el apartado en el que se libera de la responsabilidad a las farmacéuticas por efectos secundarios de la vacuna. “Sólo serán responsables por acciones u omisiones dolosas o gravemente culposas, o por el incumplimiento de sus obligaciones de buenas prácticas de manufactura o de cualquier otra obligación que le haya sido impuesta en el proceso de aprobación”, reza el texto aprobado.
Desde la oposición se presentaron varias objeciones, lideradas principalmente por los senadores de la Alianza Verde. Antonio Sanguino y Angélica Lozano criticaron que desde el Gobierno se estuviera buscando liberar de la responsabilidad a las farmacéuticas y laboratorios en caso de que la vacuna causara efectos contraproducentes en los pacientes en los que se aplique.
A estas críticas, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, señaló que este punto era “la médula” del proyecto porque “da la posibilidad de tener acceso efectivo a la vacuna”. Ruiz recordó que los tiempos en el desarrollo de esta vacuna no cumplen con los tiempos ideales para las pruebas, por lo que el riesgo tenía que ser compartido.
El apartado destacable de la noche fue el de la gratuidad de la vacuna. Aunque desde comisión se había aprobado que así fuera para toda la población, el senador Efraín Cepeda logró introducir en la ponencia para plenaria que estuvieran exentos de este beneficio los estratos 5 y 6.
Este punto no fue aceptado por la mayoría de la plenaria, que cambió el parágrafo añadido para establecer que era el Ministerio de Salud el que establecería la prelación para el acceso a la vacuna. De esta forma quedó consignado que la vacuna contra el COVID-19 será gratuita para todos los que quieran acceder a ella en territorio colombiano.
Los artículos 7 y 10 quedaron pendientes de aprobación, por lo cual la discusión continuará este jueves. Igualmente, los textos de ambas corporaciones tendrán que ser conciliados en uno. Se espera que este procedimiento se lleve a cabo lo más pronto posible para que el presidente sancione la ley en las próximas semanas.