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hace 9 mins

"Vamos a mirarnos en el espejo de nuestras atrocidades"

Rodrigo Uprimny, director de Dejusticia, cuya organización ha analizado temas como el Marco Jurídico para la Paz, la participación en política de los guerrilleros reintegrados y las penas alternativas a la de cárcel, habla sobre el impacto que tendrá el reconocimiento, en el proceso de La Habana, de las víctimas de las guerrillas y de los agentes del Estado.

“Si los guerrilleros desmovilizados cumplen sus deberes frente a las víctimas, no debería existir, en principio, ningún impedimento para que puedan elegir y ser elegidos”, dice Uprimny. / Liz Durán - El Espectador

La frase más llamativa del comunicado en que el Gobierno y la guerrilla admiten que reconocerán a las víctimas de los dos lados, dice que “no vamos a intercambiar impunidades”. ¿Qué alcance le da a esa afirmación pública?

Es una declaración trascendental pues, en muchos procesos de paz, los actores armados y el Estado han tendido a perdonarse mutuamente sus atrocidades, ignorando que tienen deberes con las víctimas y que son estas las que pueden perdonar. El enunciado de que no habrá “intercambio de impunidades” muestra que, en este caso, las partes han adoptado una actitud distinta, aceptan que tienen que rendirles cuentas a la sociedad y a las víctimas, y asumen sus responsabilidades por las atrocidades que hayan cometido. No hay fórmulas fáciles para que esos propósitos se materialicen de manera que sean compatibles con una paz negociada, pero es un avance inmenso que ese sea el principio.


Si se trata de que no haya impunidad, las víctimas deberán tener voz y voto en las negociaciones. Ese objetivo, que aún no se concreta, ¿es necesario y cómo debe adelantarse?

Sería contradictorio que las partes reconocieran a las víctimas pero se reservaran las decisiones sobre cómo serán satisfechos los derechos de ellas, sin su participación. Es entonces esencial que se defina la presencia de las víctimas en la negociación y que tengan incidencia real en el proceso. Eso no será fácil, porque hay millones de personas afectadas por crímenes muy diversos perpetrados por actores distintos, pero tiene que hacerse. El anuncio de la realización de foros nacionales y regionales sobre estos casos es un inicio, pero tendremos que inventarnos otros mecanismos.


Sin embargo, los sectores más conservadores del poder militar y político no reconocen la existencia de “víctimas del Estado” porque parten de la base de que: a.- quienes lo representan, actúan en defensa de la “legalidad” y b.- El Estado no puede ser equiparado con grupos irregulares. ¿Qué opina de esa posición?

Es una posición jurídicamente equivocada y éticamente inhumana. Es cierto que el Estado colombiano actúa a nombre de la legalidad y que no puede ser equiparado con un grupo armado irregular. Pero eso no significa que los agentes del Estado no puedan y no hayan ocasionado víctimas. Si un integrante de la fuerza pública asesina a alguien, como ha sucedido con los miles de los mal llamados “falsos positivos”, es claro que ese muerto es una víctima del Estado y que debe ser reconocida como tal. Es más, a quienes representan la legalidad se les impone un deber superior. Al fin y al cabo, las víctimas de la guerrilla pueden acudir al Estado para obtener justicia y apoyo. Pero ¿a dónde acudirían las del Estado si este tiene como política no reconocerlas?


Otro punto complicado es que Estado y guerrilla reconozcan sus responsabilidades y, encima, acepten confesarlas. ¿Es posible que eso suceda y cómo hacerlo?

Si estas negociaciones de paz se concretan, como muchos creemos que puede ocurrir, es inevitable la creación de una gran comisión de la verdad para que la sociedad colombiana conozca, pero sobre todo reconozca, los crímenes que han sido cometidos en estas décadas, no sólo por las guerrillas sino también por el Estado y los paramilitares. Sólo si todos los colombianos nos miramos en el espejo de nuestras atrocidades, lo cual sería posible en el informe de una comisión de la verdad, lograremos reconocer la dignidad de las víctimas y construir una mejor democracia.


¿Las verdades crudas que revelaría una comisión de la verdad son útiles para la reconciliación de víctimas, victimarios y resto de la sociedad o, más bien, reabrirían viejas heridas?

Frente a la divulgación de la verdad sobre las atrocidades cometidas, suelen enfrentarse dos posiciones extremas: algunos prefieren silenciarla pues consideran que reabre las heridas, revictimiza a quienes ya han sufrido el impacto del conflicto e impide la reconciliación porque fomenta la polarización. Otros, por el contrario, le otorgan, al hecho de conocer la verdad, virtudes terapéuticas, pacificadoras y reconciliadoras. De acuerdo con las conclusiones de la profesora Leigh Payne en su libro Testimonios perturbadores, yo creo que el impacto de la confesión de la verdad es complejo y que inicialmente puede conducir a discusiones duras sobre lo ocurrido, pero que en el mediano y largo plazo fortalece la democracia.


Si hay dudas sobre el efecto real del ejercicio de cantarse las verdades, ¿no sería mejor echarles tierra a éstas?

Independientemente de los efectos de la divulgación de la verdad, lo cierto es que las víctimas tienen derecho a saber lo que sucedió, y a que su sufrimiento sea reconocido. Por eso, será inevitable que en algún momento se conforme una comisión de la verdad.


La reparación a las víctimas es una de las bases que garantizan la verdadera justicia para ellas, pero lograr que los victimarios entreguen sus bienes no es fácil, como sucedió con los paramilitares. ¿Existen mecanismos eficientes para que los victimarios entreguen propiedades y dineros?

Es un asunto de justicia que los bienes de los victimarios sean usados para reparar a las víctimas, además de que garantiza la no repetición pues se priva a los últimos, de los beneficios de sus crímenes. Sin embargo, es un error ético y práctico pensar que los recursos para la reparación de las víctimas solo deben provenir de los bienes de los victimarios, por tres razones básicas: 1.- No hay recursos suficientes pues no es fácil perseguir esos bienes que, en todo caso, son limitados. 2.- Existen muchos otros actores, aparte de los victimarios, que se beneficiaron de la violencia y que por eso deben contribuir a la reparación. 3.- La superación del conflicto armado y la reparación de las víctimas es una responsabilidad de toda la sociedad.


¿Quiere decir que todos debemos pagar por lo sucedido en la guerra?

Por lo menos en materia de reparación económica sí, porque su financiación debe hacerse con los bienes de los victimarios, pero también con los recursos especiales de los beneficiarios de la violencia y con los impuestos generales que pagamos todos los ciudadanos.


¿Quién podría garantizarles a las víctimas seguridad sobre sus vidas y bienes, puesto que suele suceder que son revictimizadas por sus mismos agresores?

El Estado y, en particular, el Gobierno tienen el deber de proteger a las víctimas. Esto supone poner en marcha programas de protección, como lo ha ordenado la Corte Constitucional en varios fallos. Pero mientras subsista el conflicto armado, es indudable que ellas enfrentarán grandes riesgos. Por eso, aunque suene obvio, uno de los pasos decisivos para lograr seguridad para las víctimas y sus derechos es alcanzar una paz negociada. Por tanto, es muy contradictorio que el candidato Zuluaga y otros invoquen los derechos de las víctimas pero para ponerles obstáculos infranqueables como el que significaría el fracaso de las conversaciones o, dicho de otra manera, la continuación de la guerra.


Para usted, los guerrilleros reintegrados a la sociedad, previa reparación a sus víctimas, ¿deberían poder tener derechos políticos incluyendo elegir y ser elegidos?

Claro. El objetivo de una paz negociada es cambiar las balas por los votos. Por consiguiente, si los guerrilleros desmovilizados cumplen sus deberes frente a las víctimas, no debería existir, en principio, ningún impedimento para que participen en política y puedan elegir y ser elegidos. El derecho internacional impone deberes a los responsables de crímenes atroces en términos de rendición de cuentas ante la justicia, contribución a la verdad y a la reparación. Pero no existe ninguna norma internacional que prohíba la participación en política de quienes hayan cumplido o estén cumpliendo con esas obligaciones.


Hay convenios y organismos internacionales que vigilan el cumplimiento de los derechos humanos, y Colombia es firmante de ellos. ¿Cuáles delitos de los participantes en el proceso de paz pueden ser perdonados y cuáles no?

Los delitos políticos como la rebelión y conexos, por ejemplo una muerte ocasionada en combate, se pueden amnistiar o perdonar. Esto es claro y, jurídicamente, pacífico. Por el contrario, aunque hay discusión al respecto, creo que no pueden ser objeto de amnistías generales, sin condiciones, las violaciones graves a los derechos humanos, los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad. En principio deberían ser, entonces, sancionados. Pero dado su carácter masivo en Colombia, no es realista pensar que todos esos crímenes pueden ser investigados y castigados y, por ello, una paz negociada requiere el uso de mecanismos diversos, como puede ser la selección y la priorización de casos, a fin de concentrar la investigación judicial en los máximos responsables. También es posible usar mecanismos no judiciales para quienes no son los máximos responsables.


El actual proceso de paz y lo adelantado en el curso del mismo podría echarse abajo mañana lunes, según quien gane las elecciones hoy. ¿Existen mecanismos políticos o jurídicos que hagan obligatorio para los gobernantes que ciertos temas sean estatales y no de quien asuma el gobierno por cuatro años?

Sería deseable que la política de paz fuera de Estado y no de gobierno, y que no dependiera entonces de los resultados electorales. Pero hoy no existen elementos jurídicos que hagan vinculante los avances del proceso de paz para el nuevo presidente. Como sabemos, existe una discrepancia profunda entre los candidatos, pues Óscar Iván Zuluaga, luego de decir que suspendería los diálogos, ahora plantea condiciones para su continuación, tan exigentes que probablemente llevarían a su ruptura. Él, en todo caso, ha dicho que se reserva el derecho de revisar los consensos alcanzados por el gobierno actual con las Farc. Luego, gústenos o no, la única forma de que continúe este proceso de paz, que tiene posibilidades reales de llegar a feliz término, es que el presidente Santos sea reelegido.

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