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El exvicepresidente Germán Vargas Lleras se pronunció este martes sobre la decisión del tribunal de arbitraje que resolvió un pleito entre el Estado colombiano y Odebrecht, Episol y CSS Constructores y que determinó que la Nación no podía pagar más dinero del ordenado y que tampoco podía, en pocas palabras, responder por la corrupción de la multinacional brasilera.
“La interpretación de la Ley 1882 de 2018 por el Tribunal de Arbitramento y la posibilidad de que ella haga carrera en el futuro podrían poner en dificultades y encarecer sensiblemente el financiamiento de las obras de infraestructura en nuestro país”, escribió Vargas Lleras en su cuenta de Twitter.
La interpretación de la Ley 1882 de 2018 por el Tribunal de Arbitramento y la posibilidad de que ella haga carrera en el futuro podrían poner en dificultades y encarecer sensiblemente el financiamiento de las obras de infraestructura en nuestro país.
— Germán Vargas Lleras (@German_Vargas) August 20, 2019
En ese mismo sentido, pidió protección a los “terceros de buena fe”. “Los terceros de buena fe deben ser protegidos, pues ese es el espíritu de la norma”, agregó. Aunque aclaró que no quería entrar a controvertir el fallo, expresó que no proteger a los terceros, entendidos como los bancos que aportaron recursos para la financiación del proyecto de Ruta del Sol II, indicó que el no hacerlo “eleva el riesgo de los proyectos y, por lo tanto, su costo, además de crear un muy mal antecedente en materia de seguridad jurídica”.
Hace dos semanas, el tribunal de arbitramiento entre la Nación, Odebrecht y las concesionarias del proyecto Ruta del Sol II terció en esa disputa legal y determinó, en un documento de 699 páginas, que del presupuesto del Estado no podía salir un solo peso para pagar deudas ocasionadas por la corrupción de Odebrecht y que este solo debía pagar $ 211.273 millones y nada más, y no los $ 1,2 billones que, dicen los bancos, se les adeudan del crédito de $ 2,4 billones que le dieron a la concesionaria.
Asobancaria sentó una posición al respecto. En un comunicado de prensa sostuvo que para “el país lo más importante es salvaguardar la seguridad jurídica, que garantice un escenario de estabilidad para los inversionistas”. Más recientemente, los siete bancos involucrados en el proyecto pidieron al tribunal que ajustara el monto que definieron los árbitros porque, a su juicio, lo que determina un reciente fallo de la Corte Constitucional es que el Estado debe responder por todas las deudas que el concesionario tuviese con los terceros de buena fe.