La verdad tras el fallido debate contra Uribe por paramilitarismo

¿Por qué el Senado se negó a aprobar la proposición de hacerle un debate de control político por paramilitarismo al expresidente y hoy senador Álvaro Uribe?

Después de que el martes pasado la Plenaria del Senado hundiera la propuesta del senador Iván Cepeda, del Polo Democrático, de hacerle un debate de control político al expresidente Álvaro Uribe, hoy senador del Centro Democrático, por su supuesto favorecimiento al paramilitarismo durante su gobierno, se generó una tormenta en las toldas de la coalición de la Unidad Nacional que respalda al presidente Juan Manuel Santos.

Y es que según las cuentas hechas por el senador Armando Benedetti, del Partido de la U, fueron 52 los votos en contra de la realización del debate y 32 a favor. Fueron ocho los senadores que se declararon impedidos por ser familiares de condenados o investigados por parapolítica o tener investigaciones en su contra. De los 32 que votaron por el sí, cinco eran del Polo Democrático y cinco de la Alianza Verde. Es decir que sólo 22 santistas acompañaron a la Unidad Nacional en esa intención de poner en el banquillo a Uribe, dice Benedetti.

“¿Qué pasó? ¿Fue derrotada la Unidad Nacional? ¿Se perdieron los votos? ¿No hay bancada? ¿Fue un mensaje al Gobierno? La verdad, no entiendo qué pasó”, concluyó el congresista. De entrada, queda claro, eso sí, que aunque desde la Casa de Nariño nunca hubo un guiño o un pronunciamiento oficial, en el fondo se respaldaba la proposición de Iván Cepeda. Lo que se dice en voz baja es que el Gobierno prefería mantener ocupado al uribismo trabajando en su defensa ante los cuestionamientos por paramilitarismo, que enfilando baterías contra él.

Pero hay otra realidad que pocos quieren hoy reconocer abiertamente y que tiene que ver con el hecho de que al abrir la posibilidad de que un congresista le haga debate de control político a otro congresista, por hechos del presente o del pasado, es algo que podría jugar en contra de muchos de los que hoy tienen asiento en el Legislativo. En otras palabras, le dijo un senador a El Espectador pidiendo la reserva de su nombre, daría pie a una verdadera “cacería de brujas”, con senadores y representantes enfrentados entre sí, sacándose los cueros al sol y buscando réditos políticos a costa de sus rivales.

En otras palabras, no es tanto que Uribe todavía tiene mucha ascendencia entre los senadores del Partido de la U, los de Cambio Radical y uno que otro liberal –como algunos están diciendo hoy—sino que existe temor de abrir esa “caja de Pandora”. La verdad es que muchos de los que votaron en contra del debate a Uribe lo hicieron pensando en que abrir esa puerta implicaba la posibilidad de que más adelante otro de sus colegas quiera hacerle un debate de control político, ni siquiera por actuaciones recientes sino incluso por hechos del pasado, cuando ocuparon otros cargos públicos.

Y hasta se mencionaron ejemplos, siempre entre labios. Por ejemplo, que Claudia López, quien hace unos años adelantó contundentes investigaciones sobre los nexos entre políticos y paramilitares, y hoy no se ahorra en palabras para cuestionar la tan mentada “mermelada” del Gobierno en la reciente campaña electoral presidencial, ya tendría listo su debate contra Bernardo ‘Ñoño’ Elías y Musa Besaile, los congresistas más votados de la U, a quienes ya ha cuestionado abiertamente por sus relaciones ‘non sanctas’ y por ser herederos de esa clase política elegida gracias a la maquinaria de la contratación estatal.

No faltó quien insinuara que si se le hacía debate a Uribe, entonces le cabía también un control político a la hoy senadora del Partido Liberal Viviane Morales, para revisar todas sus actuaciones cuando estuvo al frente de la Fiscalía General de la Nación. Y, si se quiere, hasta a Horacio Serpa, también senador liberal, por el famoso Proceso 8.000 o Antonio Navarro, de la Alianza Verde, quien según algunos debe explicar una que otra actuación como secretario de gobierno del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro.

Y como no esperar también debates en contra de los senadores que se declararon impedidos para votar la proposición de Cepeda por ser familiares de políticos detenidos o por tener investigaciones preliminares por supuestos nexos con grupos paramilitares. En concreto, son los casos de Alfredo Ramos Maya del Centro Democrático, Dayra de Jesús Galvis de Cambio Radical, Andrés García Zuccardi de la U, Teresita García Romero de Opción Ciudadana, Nohora García Burgos y Yamira del Carmen Pestana del Partido Conservador, y Lidio García del Partido Liberal.

O sea, para responder a las preguntas de Benedetti, no es que haya fisuras en la Unidad Nacional o que Uribe siga acumulando tanto poder, aunque no cabe duda de que uno que otro miembro de la Unidad Nacional todavía le copia. Lo que aplica aquí es que “el que tiene rabo de paja” no se arrima a la candela. Y los congresistas saben muy bien que en un país tan polarizado y un escenario político en el que el juego sucio no se le rebaja a nadie, permitirse el control político entre sí puede terminar en una gazapera infernal y, de pronto, más de uno en verdaderos líos judiciales.

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