La verificación, clave para el fin del conflicto

Gobierno, Farc y observadores internacionales, liderados por la ONU, analizarán los eventuales incidentes en el terreno para prevenir inconvenientes en el cese el fuego bilateral y definitivo.

EFE

Aunque sólo hasta este jueves se conocieron los detalles de cómo será la puesta en marcha del mecanismo de verificación del cese el fuego bilateral y el proceso de dejación de armas por parte de las Farc, desde hace varios meses la ONU viene trabajando a toda marcha para cumplir con la tarea confiada. Y no es para menos. Se trata de un asunto trascendental para el proceso de paz, no sólo porque representa una prueba de fuego en la que se medirá la disposición real de las Farc para abandonar la guerra e iniciar el tránsito a la vida civil, sino también porque Naciones Unidas se la jugará a fondo coordinando un dispositivo sin antecedentes en el mundo: una misión política con un mecanismo tripartito. (Lea también: 10.400 procesos contra guerrilleros de las Farc pasarían a la justicia especial para la paz)

Como quedó establecido en la Resolución 2261 del Consejo de Seguridad de la ONU, a través de la cual se dio vía libre a su creación, la misión estará integrada por observadores internacionales desarmados, que se encargarán de vigilar y verificar la dejación de armas y, además, hará parte de la comisión tripartita –compuesta por el Gobierno, las Farc y delegados de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac)– que tendrá la labor de custodiar que se cumpla lo pactado para el cese el fuego bilateral y definitivo y cuya participación durará 12 meses. El Gobierno estima que la misión cuente con cerca de 450 observadores, según declaró la canciller María Ángela Holguín, 50 de los cuales serían de España, como lo anticipó este jueves el Ministerio de Asuntos Exteriores de ese país, que participará por petición propia. (La histórica entrevista que mindefensa le concedió a un guerrillero de las Farc)

Con semejante trabajo por delante, la planificación del engorroso proceso comenzó hace varios meses. Entre el 3 y el 6 de febrero, por ejemplo, un equipo de constatación viajó a Bogotá para dialogar con el grupo de Naciones Unidas en Colombia, con el objetivo de buscar cooperación en procura de reducir los costos y tiempos necesarios para poner en marcha la misión, que consta de tres grandes etapas. (¿El acuerdo final de paz se firmará en Colombia o en Cuba?)

La primera consistió en conformar un equipo de planeación interdepartamental y la visita de un equipo de avanzada –el pasado 24 de febrero– para establecer la sede de la misión y evaluar las condiciones de los ocho lugares propuestos por las partes para fijar las sedes regionales del mecanismo. Según explicó el secretario General de la ONU Ban Ki-moon en una carta enviada al Consejo de Seguridad del organismo, dichas sedes funcionarán “como bases desde las que los observadores se desplazarán a las oficinas locales, en las que se llevarán a cabo actividades de vigilancia y verificación una vez que entre en vigor el cese del fuego y comience la labor sustantiva de la misión”.

En la segunda etapa, la misión deberá prepararse para operar a nivel local, tanto con representantes del Gobierno como de las Farc, en las zonas en las que se hará efectivo el cese el fuego y la dejación de armas. Como estos puntos acaban de ser acordados, la ONU tiene ahora que definir cuáles serán las necesidades de personal y equipo, teniendo en cuenta el número, tamaño y ubicación de las zonas; es decir, las 23 zonas veredales transitorias de normalización y los ocho campamentos. Finalmente se realizará el envío de los observadores para la entrada en funcionamiento de la misión, hecho que sólo podrá darse una vez las partes firmen el acuerdo definitivo.

Lo establecido en el acuerdo de cese el fuego bilateral y definitivo firmado este jueves deja varios puntos claros sobre los momentos claves en los que entrará a jugar la misión de la ONU. Se especificó, por ejemplo, que el organismo recibirá la totalidad del armamento en dos tiempos: uno de control y otro de dejación. En términos generales, la tarea será registrar, identificar, monitorear y verificar la tenencia, para recolectar y almacenar las armas. El cálculo hecho por las partes es que a más tardar el día D+180 finalice el proceso de extracción por parte de la ONU. En todo caso, el mecanismo tiene que certificar y comunicar cada una de las fases del procedimiento de dejación de armas.

Sobre el monitoreo del cumplimiento del cese el fuego, el acuerdo del jueves determina que la ubicación de los campamentos dentro de las zonas veredales transitorias de normalización se hará de forma tal que el mecanismo pueda ejercer su función. Además, serán los observadores quienes coordinen el ingreso de la Policía u otra autoridad armada del Estado a las zonas, en caso de que se presente algún hecho o alteración que así lo requiera. La idea es que el trabajo esté articulado con las comunidades, organizaciones sociales y entidades del Estado para que aporten información sobre situaciones irregulares. En este aspecto, cabe resaltar que cualquier reincidencia de las Farc en actividades delictivas como extorsión, secuestro o narcotráfico, entre otras, es considerada una violación del cese el fuego.

Aunque se ha allanado el camino y los avances son significativos, los retos inmediatos también son importantes. Y la urgencia mayor, según calculan algunos analistas, será la financiación para mantener la misión operando en terreno. Se espera que la misión esté compuesta por un personal de 450 observadores internacionales desarmados, además del equipo de apoyo, y teniendo en cuenta que esta no es una misión de mantenimiento de paz sino una misión política, la financiación es menos generosa, pues estas últimas se costean con el presupuesto regular de las Naciones Unidas. Para el periodo 2016-2017 el monto aprobado fue de US $5.400 millones para las operaciones corrientes, presupuesto que es independiente del designado para las misiones de paz, que para el periodo fiscal 2015-2016 costaron US $8.270 millones.

Un punto al que hizo referencia el mismo Ban Ki-moon en la carta dirigida al Consejo de Seguridad, cuando señaló que si bien la financiación de las primeras actividades de la etapa inicial corrió por cuenta de los “gastos imprevistos y extraordinarios relativos al mantenimiento de la paz y la seguridad”, se solicitaría ante la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto una autorización para contraer obligaciones con el objetivo de cubrir las necesidades restantes de dicha fase. Los recursos para las otras dos, aseguró, los examinarán cuando los procedimientos se presenten ante la Asamblea General.

 

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