Víctimas de violencia intrafamiliar tendrían beneficios a la hora de adquirir vivienda

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La Cámara aprobó una proposición de varios partidos para beneficiar a las mujeres, en el marco de la discusión del proyecto que establece instrumentos y mecanismos que servirán de estímulo en materia de vivienda y hábitat.

En desarrollo de la discusión del proyecto de ley que busca definir la política pública de vivienda y hábitat, y que adopta normas para garantizar el derecho a una casa digna, la Cámara de Representantes aprobó la inclusión de un artículo para que las mujeres que hayan sido víctimas de violencia intrafamiliar tengan beneficios a la hora de adquirir vivienda.

El artículo establece que el Gobierno Nacional, buscando garantizar la autonomía económica, la seguridad y el bienestar material y poblacional de la mujer, “promoverá beneficios diferenciales a favor de las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar en materia de vivienda, en suelo urbano o rural”.

La iniciativa, que indica además que el Ejecutivo reglamentará esa disposición, fue promovida por los representantes José Daniel López (Cambio Radical), Norma Hurtado (La U), Ángela María Robledo (Colombia Humana), Ana María Castañeda (senadora de Cambio Radical), Ángela Patricia Sanchez (Cambio Radical) y Juanita Goebertus (Alianza Verde).

“La Cámara aprobó nuestra propuesta para que las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar tengan acceso preferencial a programas de vivienda. Ojalá esto le ayude a miles a estar a salvo. A no depender de su agresor”, explicó López.

El proyecto de ley, que trae mensaje de urgencia del Gobierno, fue aprobado por las comisiones séptimas conjuntas de Senado y Cámara y ahora solo le resta ser discutido en plenaria de Senado. En el proyecto se establecen instrumentos y mecanismos que servirán de estímulo en materia de vivienda y hábitat, en el marco de la crisis económica generada la pandemia del nuevo coronavirus COVID-19.

Además de reconocerla como una política de Estado –para garantizar a largo plazo el desarrollo de los mecanismos y acciones que permitan su promoción–, la iniciativa define mecanismos para reducir el déficit habitacional en Colombia mediante el aumento del financiamiento a la demanda y la promoción del suelo urbanizable en el país.

A ello se suman garantías para que la utilización del suelo por parte de sus propietarios se ajuste a la función social de la propiedad y permita hacer efectivos los derechos constitucionales a la vivienda y a los servicios públicos domiciliarios, así como la adopción de esquemas de aprovechamiento económico del espacio público por parte de las entidades.

“En Colombia, el 36,6% ($5,14 millones) de los hogares habitan viviendas que no satisfacen los criterios de habitabilidad adecuadas. El déficit habitacional está compuesto por 1,37 millones de hogares (9,8%) que habitan en déficit de vivienda cuantitativo y 3,76 millones de hogares (26,8%) en déficit cualitativo, es decir viviendas con características físicas que imposibilitan que el hogar acceda de forma adecuada a los servicios”, argumentó el Ejecutivo.

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