Víctimas, legión de veedores

Las 60 víctimas que viajaron a la mesa de diálogos de La Habana durante el año pasado se reunieron durante tres días para presentar una posición conjunta respecto al proceso de paz y especialmente sobre la discusión que Gobierno y Farc enfrentan en busca de un acuerdo en materia de derechos de los sobrevivientes de la guerra.

El evento, más allá de los principios consignados en el comunicado público, es significativo como ejercicio de resolución de conflictos, pues entre los firmantes están Tulio Murillo, guerrillero de las Farc preso en Colombia, y el general (r) Luis Herlindo Mendieta, quien pasó décadas secuestrado por esta organización guerrillera.

Y es que los delegados de las cinco delegación de víctimas sentaron su posición en nueve puntos, que son petición y recomendaciones que deben llegar a oídos de las partes en busca de un acuerdo y de los países e instituciones que acompañan y apoyan el proceso de paz.

El grupo de víctimas fue enfático en que su más sentida petición es que se encuentre una salida negociada a este largo conflicto armado, solución que debe incluir al Eln. También sostuvieron que la satisfacción de los derechos de las víctimas debe ser el centro del proceso de paz. “Las delegaciones seguiremos vigilantes de los resultados sobre el punto de víctimas”, sostienen.

En ese mismo sentido, los sobrevivientes de la guerra señalaron que una de sus más recurrentes peticiones se refiere al reconocimiento de responsabilidades. Pero al mismo tiempo manifestaron su preocupación profunda por la revictimización de que han sido objeto. Recibiendo amenazas, ofensas e incluso atentados, como el asesinato del hijo de Nilson Ruiz en enero pasado.

Finalmente, estos grupos de víctimas se mostraron dispuestos a construir una agenda conjunta para conformar una legión de sobrevivientes, que no solamente velen porque los acuerdos de paz satisfagan sus derechos, sino también para hacer caravanas a todos los rincones sufridos de este país, para hacer pedagogía de la paz e incentivar la reconciliación.

Casualmente, ayer mismo el presidente Santos firmó el decreto con el que se reglamenta la Ley 1408 de 2010 sobre Víctimas de Desaparición Forzada, la cual establece un banco de perfiles genéticos de desaparecidos, apoyo económico a los familiares de víctimas de este flagelo y se obliga al Estado a elaborar mapas y compartir información con la sociedad civil sobre este delito.

 

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