Víctimas "nacionales", prioridad de Santos

Los retos que el Ejecutivo deberá surtir antes de que acabe el año para restablecer los derechos de siete organizaciones sociales.

´La UP no ha entrado en un proceso de reparación pero será fortalecida “materialmente”.  / Archivo - El Espectador
´La UP no ha entrado en un proceso de reparación pero será fortalecida “materialmente”. / Archivo - El Espectador

Mientras en Cuba el Gobierno y las Farc buscan consensos sobre la mejor forma de garantizar los derechos de las víctimas y se prepara una nueva lista de 12 de ellas para que expongan sus propuestas, reclamos y exigencias ante las delegaciones de las partes, en Colombia, tres años después de aprobada la Ley de Víctimas, el Gobierno puso a andar un plan para acelerar la reparación integral de siete grupos u organizaciones sociales y políticas que han sido reconocidas como víctimas del conflicto.

La Ley 1448 de 2011, conocida como la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, estableció que existen dos tipos de reparación colectiva. Una, para comunidades, entendidas como “conjuntos sociales que comparten una identidad basada en prácticas, cultura, patrones de enseñanza, territorio o historia”. Y otra, para grupos y organizaciones, que son aquellas que comparten “condiciones comunes respecto a la causa generadora del daño”.

Sobre estas últimas, la Unidad de Víctimas puso en marcha un plan conocido por El Espectador, denominado “Estrategia de Casos Nacionales” que cobija a organizaciones que representan a buena parte de la sociedad colombiana y los derechos que le han sido vulnerados por los distintos actores del conflicto.

Ellas son el movimiento sindical, los periodistas, la ONG de derechos humanos Instituto Popular de Capacitación (IPC), la plataforma de organizaciones Red de Iniciativas Ciudadanas por la Paz y contra la guerra (Redepaz), el grupo denominado “de Concejales y Diputados”, la organización Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Colombia (Anuc) y la Unión Patriótica (UP).

El plan, cuyo cumplimiento está programado para final de 2015, no parte de ceros y ya tiene unas metas para diciembre del año que corre. Por ejemplo, en el caso del movimiento sindical, el Gobierno, a partir de la reunión del presidente Juan Manuel Santos con las centrales obreras el pasado 9 de abril, adquirió el compromiso de instalar una mesa con las organizaciones de trabajadores y los empresarios, luego iniciará la inclusión de los distintos sindicatos en el Registro Único de Víctimas y organizará encuentros regionales de trabajadores, uno con énfasis en las mujeres. En los próximos días, el presidente firmará el decreto que instala la mesa.

Para el caso de la Unión Patriótica, que a diferencia de los otros grupos nacionales no está en un plan de reparación colectiva, la meta de 2014 es que los acercamientos con el Ejecutivo desemboquen en el fortalecimiento de la organización. La idea es que el Estado le dé condiciones materiales a ese grupo para que, con la personería jurídica que le fue mantenida por el Consejo de Estado, pueda tener un papel importante en la vida política del país.

Por su parte, el Instituto Popular de Capacitación concertó un plan que apunta a que pueda fortalecer su rol movilizador en Antioquia y recupere su vocación de investigación y observación de derechos humanos en el país. En concreto, en diciembre, deberá estar firmado el plan de reparación colectiva.

En el caso de los periodistas, iniciará el proceso de diagnóstico del daño colectivo, se ampliará la base de casos individuales, se establecerá un mecanismo de verificación de la no repetición y se hará una sistematización de las expectativas de reparación para trazar la ruta durante 2015. Por el lado de Redepaz, el compromiso del gobierno es asociarse con ella para la consolidación del Pacto Nacional por la Paz y la realización de iniciativas como la Semana por la Paz que se desarrollará esta semana.

Otra de las acciones tiene que ver con la reunión del comité de impulso de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos que, en las regiones, y con el acompañamiento de la Unidad de Víctimas, hará el diagnóstico del daño colectivo. El Estado ha reconocido que esta organización, surgida en 1968 con el proyecto de reforma agraria ‘llerista’, vuelva a tener la función para la cual fue concebida, tener incidencia en la política agraria del país.

Con el grupo identificado como “de concejales y diputados”, que ya han sido incluidos en el Registro Único de Víctimas y en el que han sido priorizados los casos del secuestro de Armando Acuña, las masacres del Concejo de Rivera (Huila), Puerto Rico (Caquetá) y de los diputados del Valle, así como el secuestro de los concejales de Orito, el diagnóstico se hará por todo el país desde septiembre.

Aunque la Unidad de Víctimas tiene registrados 298 casos de reparación colectiva, con estos siete establece su apuesta política por unos grupos que recogen varios derechos del grueso de la sociedad como el de elegir y ser elegido, a la información, a la libre asociación o el derecho a la huelga. Seguramente, representantes de estos procesos de reparación, que iniciaron en 2012 en su mayoría, serán reconocidos en las listas de las cuatro delegaciones de víctimas que faltan por ir a La Habana pues, el desarrollo de sus derechos civiles y políticos será fundamental para poner en marcha el posconflicto.

 

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@CamiloSeguraA