En su visita a Colombia, para conocer de cerca el desarrollo de la Ley de Justicia y Paz, el escándalo de la ‘parapolítica’ y el conflicto con la guerrilla, entre otros temas, el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Luis Moreno Ocampo, no dejó por fuera de su recorrido a las víctimas.
A pocas horas de abandonar el país, se reunió de manera privada con 11 representantes de organizaciones defensoras de derechos humanos, quienes le expresaron estar preocupados por la situación de la población civil, le pidieron “no quitarle los ojos de encima” al asunto colombiano y, de manera audaz, le sugirieron que ponga a consideración de la CPI la posibilidad de abrir el expediente de algún político o militar de alto rango, “procesado por delitos de lesa humanidad, cuyo caso haya quedado impune”.
En el encuentro, que se realizó el pasado martes por la noche en un hotel al norte de Bogotá, y duró cerca de dos horas, los delgados de las ONG entregaron al jurista argentino varios documentos con cifras y testimonios que, en opinión de ellos, evidencian la realidad de Justicia y Paz. Puntualmente, le dijeron al funcionario que la extradición de los jefes ‘paras’ a Estados Unidos entorpece la reparación a las víctimas y que la debilidad en algunas investigaciones por ‘parapolítica’, sumada al enfrentamiento entre los poderes Ejecutivo y Judicial, podría lesionar seriamente ese proceso.
“Le contamos que, desde el principio, la Ley de Justicia y Paz fue concebida para que los procesados gozaran de impunidad, y aunque eso lo corrigió en parte la Corte Constitucional con unas sentencias, el peligro sigue latente”, explicó el director de la Comisión Colombiana de Juristas, Gustavo Gallón.
En concepto de los activistas, es necesario algo más que la observación por parte de la CPI, por lo que le pidieron al organismo internacional que asuma “un caso representativo” que estimule para que los otros procesos sean resueltos en Colombia.
Y no sólo eso. También pusieron a consideración del fiscal Moreno la idea de que los políticos que tengan nexos comprobados con las autodefensas sean enjuiciados por delitos de lesa humanidad.
Además, detallaron a Moreno los ataques del presidente Álvaro Uribe a la Corte Suprema; le hablaron de los supuestos complots en contra de los magistrados del alto tribunal y del riesgo que existe de que esta situación debilite el proceso de la ‘parapolítica’.
Iván Cepeda, del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, le dijo a El Espectador que, en concreto, se habló de los casos del ex senador Mario Uribe, primo del Presidente, quien recobró su libertad recientemente, debido a que la Fiscalía consideró que no había méritos suficientes para mantenerlo detenido, y del general retirado del Ejército Rito Alejo del Río, quien no se encuentra procesado pero ha sido mencionado en varias versiones libres de paramilitares que lo relacionan con esa organización ilegal. “Le manifestamos al Fiscal que, en ambos casos, las pruebas deberían ser objeto de verificación y valoración”.
Todos los activistas consultados coincidieron en que, ante cada palabra pronunciada en la reunión, el jurista guardó un “prudente silencio”, y sólo se limitó a decir que tomaría “atenta nota” de la información que le estaban suministrando.
“Nosotros le insistimos en que siga fijando su atención en Colombia. Es muy importante que la vigilancia de la CPI sea permanente”, expresó Reinaldo Villalba, del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.
El fiscal de la Corte Penal Internacional abandonó el país ayer, luego de un corto encuentro con Uribe en la Casa de Nariño. Aunque no respondió nada en concreto a los defensores de derechos humanos, éstos se quedaron con la promesa que hizo el lunes en Urabá: “no habrá impunidad”.