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Para muchas familias y comunidades de las zonas periféricas del país, este 2020 comenzó bajo el miedo, la amenaza y la muerte. Bojayá (Chocó) y Buenaventura (Valle del Cauca) alertaron a las autoridades de la presencia de grupos armados que los obligaban salir de sus hogares y el lamentable registro de muertes de líderes sociales se abrió con el asesinato de Gloria Ocampo, el pasado 7 de enero.
En lo corrido de este 2020, que ha enfrentado al Gobierno y Naciones Unidas por lo que dice cada uno se encuentra la situación de defensores humanos en el país, 27 líderes han sido asesinados, cinco casos más que en el mismo período en 2019, es decir, un aumento del 23%, según la Misión de Observación Electoral (MOE).
De esas 27 personas que han perdido la vida, 18 corresponden a líderes sociales, cinco políticos y cuatro comunales. Y eso que el informe no contó los casos reportados en este marzo: dos asesinatos a líderes comunales y uno a un líder social.
Así mismo, se han registrado 81 hechos de violencia política, siendo los líderes sociales los más afectados al reportar 45 hechos, seguidos por los líderes políticos con 27 casos y nueve corresponden a líderes comunales. Estos hechos se han presentado en 50 municipios, en 24 de los 32 departamentos del país.
En el análisis de la MOE, hay una división entre las tres clasificaciones de líderes y le dan un énfasis a los líderes comunales haciendo una alerta a las alcaldías, gobernaciones y Gobierno Nacional porque se acercan las elecciones de las Juntas de Acción Comunal (JAC), “lo que incrementa el riesgo que tiene este tipo de liderazgo en lo local”.
Tanto en enero y febrero de 2019 y 2020 se presentaron nueve casos de violencia política contra líderes comunales, el año pasado los hechos fueron más letales, pues se contabilizaron nueve asesinatos, tres atentados y una amenaza. Mientras que este, hubo cuatro asesinatos, un atentado, dos secuestros y dos amenazas.
“Entre los hechos ocurridos en 2020 se resalta Putumayo como un departamento donde la violencia contra los exmiembros y miembros de las JAC están siendo asesinados. Por ejemplo, Gloria Ocampo, lideresa social que hace dos años había sido secretaria de JAC en Puerto Guzmán, quien fue asesinada en enero. Mientras que en febrero dos líderes, el fiscal de la JAC Villa Fátima y su hijo que era coordinador de Comité de Obras de esta JAC, fueron secuestrados y posteriormente asesinados también Puerto Guzmán”.
Por las próximas elecciones y estos hechos, la MOE hace el llamado para que las autoridades establezcan políticas de prevención y mitigación de la violencia. Y ponen ejemplos de herramientas ya existentes de las cuales los alcaldes y gobernadores se pueden basar: Mesas Territoriales de Prevención, Comités Territorial de Prevención y los comités de Alertas para la Reacción Rápida en las zonas PDET.
Igualmente, a las autoridades locales les piden que estas políticas queden consignadas en los planes de desarrollo que están por debatirse en las corporaciones, así como el seguimiento a las elecciones de las JAC.
“Las personerías son esenciales en la política de prevención y protección de los líderes y lideresas a nivel local. En ese sentido es necesario que esta entidad recolecte información de los hechos de violencia contra los líderes y sus comunidades, así como de los riesgos y amenazas que hay en sus territorios para transmitirla a las alcaldías”, apuntaron.
El departamento con más casos de homicidios es Cauca, con cinco, le siguen Cauca, con cuatro, y Norte de Santander, con tres. Igualmente, se han reportado tres situaciones de secuestro, uno en Cauca y dos de Putumayo.
En el informe, señalan que, de los 45 hechos de violencia contra líderes sociales, 23 de ellos ocurrieron en ocho de los 16 municipios PDET. “Por lo tanto es necesario que haya mayor atención en dichas regiones por parte de los gobiernos locales y el Gobierno Nacional”, apunta.