Vuelve y juega “traslado exprés” de régimen pensional a menos de 10 años de la jubilación

Un grupo de congresistas conservadores presentó el proyecto, que ya tuvo su audiencia pública y espera arrancar discusión. Sería una "amnistía" por seis meses y el principal argumento es la falta de información de muchos usuarios sobre qué régimen les convenía más.

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Lentamente y con mucha discreción comienza a caminar en el Congreso un proyecto de ley sobre un asunto que ya se había puesto sobre la mesa durante la discusión del Plan Nacional de Desarrollo y que le pone los pelos de punta a los fondos privados de pensiones. Se trata de la iniciativa que les permitiría a los colombianos, durante seis meses, trasladarse de un régimen a otro (del público al privado o viceversa), siempre y cuando hayan cotizado un mínimo de 750 semanas, sean hombres mayores de 52 años o mujeres mayores de 50.

La iniciativa ya surtió su audiencia pública esta semana en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes y el objetivo es darles esa especie de “amnistía” a quienes crean que les conviene más estar en un lado u otro, teniendo en cuenta que en la actualidad los cotizantes solo pueden pasarse de régimen pensional una vez cada cinco años y la última posibilidad se da antes de que los hombres cumplan 52 años y las mujeres 47. Es decir, 10 años antes de cumplir la edad requerida para la jubilación.

En el Plan de Desarrollo que el gobierno del presidente Iván Duque puso a consideración del Legislativo durante el primer semestre del año, se incluyó un artículo, el 84, en el que se establecía esta especie de “gabela”, pero solo por cuatro meses, para que los colombianos pudieran dar el salto del régimen de ahorro individual solidario (fondos privados) al de prima media (Colpensiones), o viceversa. El argumento que siempre se ha esgrimido para justificar esta medida es que muchas personas no tuvieron la información suficiente para tomar una decisión sobre qué régimen les convenía más.

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De hecho, en su momento, Asofondos, el gremio que agrupa a los administradores de fondos de pensiones y cesantías, rechazó la inclusión del artículo advirtiendo que este significaría un n próximas días costo de $50 billones, y que podría afectar a unas 200 mil personas. Al final, el Gobierno les pidió a los ponentes retirar la propuesta.

Pero ahora, un grupo de congresistas conservadores ha vuelto a la carga. En su justificación sostienen que cuando Colombia adoptó en 1994 el modelo paralelo de seguridad social en pensiones, caracterizado por la competencia entre regímenes público y privado, durante la implementación del sistema “no se contó desde un principio con los mecanismos que garantizaran la protección de los usuarios, desde la perspectiva de la oferta adecuada en cantidad y calidad de la información que se les brindara, con el fin de que la toma de decisiones en cuanto a la afiliación o traslado a, o desde, determinado fondo de pensiones, estuviera precedida de un conocimiento completo, capaz de generar un consentimiento auténticamente informado”.

Los legisladores creen que “las deficiencias en el suministro de esa información, y muchas veces su total ausencia, a lo largo de más de 22 años, han desencadenado un considerable incremento de acciones judiciales en procura del traslado de un fondo pensional a otro, con el correlativo costo económico y social, y la congestión del aparato jurisdiccional encargado de resolver las citadas controversias”.

No se sabe que postura tendrá ahora el Gobierno frente a la iniciativa, que en próximos días iniciará su proceso de discusión en el Capitolio. Aunque habría que tener en cuenta que durante la discusión del Plan Nacional de Desarrollo, y el citado artículo 84, la ministra de Trabajo, Alicia Arango, expresó su rechazo a lo que algunos llaman “traslado exprés”  de un régimen pensional a otro.

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Redacción Politíca

Política

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