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Cada vez que llega una denuncia a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, los escándalos en contra de quienes son cuestionados por sus presuntas faltas acaparan toda la atención de la opinión pública. Y, cómo no, si dicha célula judicial del Capitolio se encarga de investigar los hechos que involucran al propio presidente de la República, a los magistrados de las altas cortes y al fiscal general de la nación.
Pero la historia ha demostrado que, con más de 60 años de existencia, la Comisión de Acusación ha actuado, más bien, como uno de los órganos menos eficaces y, por ello, con más baja reputación en el país. Su inacción y falta de decisión en los episodios de mayor coyuntura en Colombia han hecho, incluso, que esa célula de la Cámara baja pase a ser llamada como la Comisión de Absoluciones.
Sin embargo, era de esperarse que a raíz de las recientes denuncias reveladas por el jefe del ente acusador, Néstor Humberto Martínez, sobre presunta corrupción en la Corte Suprema de Justicia, las autoridades competentes no se quedaran de brazos cruzados. Y por eso, la Comisión de Acusación decidió abrir indagación previa a los exmagistrados del alto tribunal José Leonidas Bustos y Francisco Javier Ricaurte, señalados de haber cometido, aparentemente, actos de corrupción para favorecer procesos judiciales que se adelantaban contra los senadores Musa Besayle y Hernán Andrade; y contra el excongresista Luis Alfredo Ramos. (Lea: Tres exmagistrados y tres congresistas enredados en caso de corrupción).
En un documento expedido la tarde de este jueves, firmado por los representantes que tienen a su cargo la investigación del caso, Edward Rodríguez (Centro Democrático) y Fabio Arroyave (partido Liberal), hacen pública la determinación, al tiempo que anunciaron otras decisiones para acelerar las investigaciones que permitan determinar si hubo o no corrupción en las actuaciones de los exmagistrados Bustos y Ricaurte. (Lea: Exmagistrado implicado en escándalo de corrupción aspira a la JEP).
Para ello, fue citado a indagatoria el que es, probablemente, la ficha clave de todo este escándalo: el exfiscal anticorrupción, Luis Gustavo Moreno, hoy investigado por los sobornos que habría recibido del exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, para obstruir las investigaciones que se adelantaban en su contra por corrupción en el departamento.
“(…) Ponerle de presente la grabación que fue remitida a esta Comisión para que exprese todo lo que sepa o le conste en relación con los presuntos hechos de corrupción a los que allí se hace referencia”, señala el texto firmado por los legisladores, haciendo referencia a las conversaciones telefónicas sostenidas entre el exgobernador Lyons y el abogado Leonardo Pinilla en el que hablan sobre la presunta participación de los exmagistrados Leonidas Bustos y Francisco Ricaurte en hechos de corrupción para favorecer procesos judiciales. Lo anterior, según las investigaciones que se adelanta, al mismo tiempo, en Estados Unidos.
De hecho, también fue citado Leonardo Pinilla para que diga si reconoce haber tomado parte en dicha conversación y si estuvo comprometido en los hechos de corrupción, tal y como lo revelarían las grabaciones telefónicas. Entre otras decisiones, además, se le pide a la Fiscalía conformar un Grupo de Tareas Especiales, compuesto por investigadores de criminalística del CTI para que presten apoyo operativo a la investigación. Y a la Procuraduría, se le solicita apoyo con un agente especial para acompañar la investigación.
¿Comisión de Absoluciones?
A la célula investigativa del Congreso han llegado cientos y miles de denuncias en contra de los más altos dirigentes del Estado, y con las más altas dignidades por diferentes hechos. Incluso, en contra del presidente Juan Manuel Santos a propósito de los escándalos que rodean la financiación de su campaña, supuestamente contaminada por los escándalos de Odebrecht. Sin embargo, poco o nada se espera de dichos procesos.
Tal vez, el caso más emblemático que tuvo en sus manos la Comisión de Acusación fue el que recibió en contra del expresidente Ernesto Samper quien, durante su mandato, fue señalado de haber recibido dineros del narcotráfico para financiar su campaña. Pero, ¿en qué terminó? En la preclusión del caso.
Y lo mismo ha ocurrido con casos enigmáticos. Por ejemplo, el expresidente Álvaro Uribe hubo más de un centenar de procesos por diferentes causas, como faltas disciplinarias o penales. El expresidente Andrés Pastrana también ha tenido procesos allí y los exfiscales Mario Iguarán y Alfonso Gómez Méndez, entre otros varios aforados.
El único caso excepcional que ha tenido resultados sancionatorios fue el que se le adelantó en el segundo semestre de 2016 al exmagistrado y expresidente de la Corte Constitucional, Jorge Ignacio Pretelt, quien fue suspendido por el Senado de la República por haber pedido, aparentemente, la suma de $500 millones para favorecer en el trámite de una tutela a la liquidada Fidupetrol. Al magistrado le fue levantado el fuero para ser procesado por el delito de concusión en la Corte Suprema de Justicia.
Entonces, ¿qué va a pasar en el caso de los exmagistrados que hoy están en el ojo del huracán, Leonidas Bustos y Francisco Ricaurte? Nuevamente, la Comisión de Acusación tiene en sus manos una oportunidad de oro para demostrar que no es, como se dice abiertamente, un órgano inservible y serán los congresistas del uribismo, Edward Rodríguez, y del liberalismo, Fabio Arroyave los que se encargarán de determinar hasta dónde, en realidad, están comprometidos como representantes del Congreso, en la lucha contra la olla podrida que cada vez destapa más casos en el país: la corrupción.