Ya son 37 candidatos asesinados

Autoridades mantienen especial vigilancia en Antioquia y Cauca.

Aunque el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, entregó un parte de “tranquilidad electoral” en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Tolima, Cundinamarca y la ciudad de Bogotá, es claro que la situación de orden público en el Cauca y el asesinato de un candidato al Concejo del municipio de Santa Rosa de Osos (Antioquia) mantienen las alarmas prendidas en el Gobierno Nacional.

En la noche del jueves pasado murió Gildardo de Jesús Gómez, de 56 años y quien aspiraba al Concejo de Santa Rosa de Osos por el Partido Verde, tras haber sido herido a tiros por unos desconocidos que asaltaban su finca en zona rural del municipio.

Por el momento, las autoridades han dicho que no hubo móviles políticos y que la acción fue perpetrada por ladrones que dispararon en su contra al percatarse de que estaba armado con un machete. Con Gómez son ya 37 las personas vinculadas con la actual campaña electoral asesinadas en el país.

Y aunque se puede decir que la situación en el centro del país es de tranquilidad, el mismo Vargas Lleras reconoció que hay zonas críticas, como el departamento del Cauca, por lo que se hizo necesario adelantar en todo el país el Plan Democracia, con miras a blindar los comicios de autoridades locales y regionales de octubre próximo contra todo tipo de irregularidades.

“En los municipios de Corinto, Toribío, Jambaló, Silvia, Cajibío, Suárez, López de Micay, Timbiquí y Guapi se hace necesario tomar acciones inmediatas, incluyendo también en este grupo a Argelia, para garantizar que no exista un solo municipio del país en el que no se pueda adelantar el debate electoral”, afirmó.

Otra zona crítica precisamente es Antioquia. Recientemente la Misión de Observación Electoral (MOE) advirtió que ha recibido información de candidatos amenazados en Tarazá, Valdivia, El Carmen de Viboral, La Unión, La Ceja y Medellín.

Según Vargas Lleras, en los últimos días se ha triplicado el número de denuncias por amenazas a aspirantes a las elecciones de octubre, gente que ha pedido protección del Gobierno. El mes pasado sólo se habían reportado 24 denuncias, mientras que en lo corrido del último mes son 79 los candidatos que han informado de amenazas. Asimismo, la Unidad de Reacción Inmediata para la Transparencia Electoral (Uriel) ha recibido 855 quejas, 90 de ellas por influencia de grupos al margen de la ley y 171 por trashumancia o trasteo de votantes.

 

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