Las zonas de reserva ya existen

El director de Indepaz hace un reposado análisis en torno a la polémica sobre la ampliación de la propiedad campesina, que tanto revuelo ha causado en los últimos días.

¿Cuál es el problema con las Zonas de Reserva Campesina (ZRC)? No hay duda de su legalidad, como lo establece la ley 160 de 1994. Con ese marco, entre los años 1997 y 2002, se aprobaron seis zonas mediante resolución del Incoder. Una de ellas se revalidó en 2011, para un total de 831.111 hectáreas.

Entre 2002 y 2011, el gobierno de Álvaro Uribe no autorizó ninguna, y con la administración Santos se inició formalmente el proceso para siete nuevas: dos en Montes de María con 458.000 hectáreas, una en Catatumbo con 350.000 hectáreas, dos en el Meta con 250.000, y las otras en Cesar (150.000) y Sumapaz (40.000). Además, el Incoder registra diez solicitudes que están en estudio y que tienen 471.948 hectáreas.

Entre las que están aprobadas, las que tienen resolución de inicio de trámite y las que están en estudio, que son 23 zonas, suman 2’056.059 hectáreas que son posesiones de campesinos colonos que tienen en promedio una Unidad Agrícola Familiar. De seguir adelante este proceso lo que se tendrá a corto plazo es simplemente la formalización de la propiedad campesina de esas posesiones de vieja data que forman parte de las olas de expulsión de los campesinos hacia la selva en las diversas épocas de violencia y de concentración de las mejores tierras.

Si todo es tan legal ¿en dónde está el escándalo? Hay varias historias alrededor de estas zonas campesinas y de otras que se han destapado como procesos para la formación de nuevas zonas que, según la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (ANZORC), implican el reclamo de formalización de 40 nuevas reservas con cerca de siete millones de hectáreas.

En la mesa de conversaciones de La Habana, las Zonas de Reserva Campesina han aparecido como una de las formas de ordenamiento del desarrollo rural y figuran tanto en la propuesta del Gobierno como en las enviadas por la Mesa de Unidad de organizaciones Agrarias (MUA).

Para sectores terratenientes y del uribismo, el asunto ha sido de contrainsurgencia y no de derechos campesinos. Muchas de las ZRC autorizadas, en trámite o en proceso, están ubicadas en regiones en donde en las últimas décadas ha sido evidente la presencia de la guerrilla y figuran en los mapas de guerra como zonas rojas. Allí la prioridad de las políticas ha sido desalojar a los grupos armados ilegales, desplazar a los colonos, controlar militarmente y pasar a una fase de consolidación.

Solo entonces, y bajo la órbita del gobierno, se consideran aceptables políticas de formalización de la propiedad de pequeños poseedores. Y cuando se ha acercado esa situación de consolidación, a las aspiraciones campesinas, y de los simpatizantes de la guerrilla cuando han existido, se les superponen los intereses de acaparadores de tierras, ocupantes de “buena” y mala fe de predios de desplazados y los proyectos de grandes inversionistas.

El debate se ha calentado porque a la demanda de reconocimiento en los términos de la ley vigente, la Asociación de ZRC y las FARC ahora le agregan la propuesta de un reconocimiento como entidades territoriales con derechos iguales de autonomía a los que hoy tienen por constitución y por ley los resguardos y territorios colectivos de comunidades negras.

En esa línea, también han propuesto la exclusión de esas zonas de los planes extractivistas y el establecimiento del derecho a la consulta previa para cualquier programa de inversión en esos territorios.

Planteado el problema, se superponen mapas distintos: el primero es el de zonas campesinas que demandan formalización y políticas de bienestar y desarrollo; el segundo mapa es el de las aspiraciones territoriales de quienes quieren aprovechar la situación de conflicto para desalojar poseedores y adelantar macroproyectos minero-energéticos o agroindustriales; el tercer mapa es el de la guerra y la disputa por territorios por encima de las 200.000 familias pobladoras, y el cuarto es el mapa político de una hipotética situación de post conflicto.

Quitándole volumen a la angustia del ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, sobre posibles “republiquetas”, lo que queda es un interesante tema de reconocimiento de derechos de propiedad a los campesinos y una posibilidad de tratamiento a territorios que han sido durante décadas zonas de tránsito o de retaguardia de las guerrillas.

Si se quiere la paz en Colombia lo primero que se debe hacer es sacar de la mesa a los ‘avivatos’ y traficantes de tierras para megaproyectos y sentarse a ver en detalle cual es la realidad de esos 40 nuevos procesos que proponen legalizar como ZRC.

Con los que cumplan los actuales requisitos de ley, lo adecuado es iniciar formalmente los trámites. Y sobre las políticas especiales de bienestar y ecodesarrollo, se debe proceder a articular una oferta audaz de bienes públicos, crédito, tecnología, mercadeo y de ordenamiento territorial y ambiental.

Como han advertido campesinos y grupos étnicos, todo esto sin menoscabo de los criterios de protección de parques naturales, zonas forestales y de la propiedad colectiva indígena o afrodescendiente.

El debate sobre autonomía de ZRC, zonas interétnicas y zonas campesinas de desarrollo agropecuario no hay que agotarlo ahora. Por lo pronto, la MUA y ANZORC, pueden avanzar en figuras de participación y en la afirmación de la prioridad del derecho a la alimentación sobre los títulos mineros, dejando la cuestión de la autonomía, más compleja y con mayores resistencias, para los escenarios de la llamada fase tres o del post conflicto.

No deja de preocupar que se presente tanto escándalo cuando se habla de tierras ya poseídas por colonos y nada se ha dicho de los alcances redistributivos del anunciado fondo de tierras que en el proyecto oficial no parece incluir tierras buenas en la frontera agrícola para ampliar allí la economía campesina. Por ahora se limita a baldíos que no se sabe en dónde están, predios de ‘narcos’ que ya se repartieron los ‘cacos’ y parapolíticos de la Dirección Nacional de Estupefacientes o que esperan 15 años de procesos y otros de mala calidad y ubicados en extramuros.

Si nos descuidamos, a la vuelta de la esquina tendremos la curiosa situación en la cual en lugar de una reforma agraria y rural para la paz lo que se pone a la ofensiva es la redistribución de baldíos y zonas campesinas declaradas rojas, a favor de los grandes propietarios e inversionistas nacionales y extranjeros.

Si en un siglo se le negó al campesino, a sangre y fuego, el acceso a la propiedad en los valles interandinos, ahora los opositores a la ampliación de la propiedad campesina y étnica, quieren quedarse con posesiones en las partes altas de las cordilleras y hasta con buena parte de la Amazonía y la Orinoquia. ‘That is the question’.

 

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