Aborto legal se seguirá prestando

A pesar de la decisión del Consejo de Estado de anular dos circulares de la Supersalud que regulaban la prestación del servicio, Acemi señala que es un derecho que está en el plan de salud.

Con o sin circulares de la Superintendencia de Salud vigentes, las EPS del país seguirán prestando a través de sus IPS el servicio de interrupción legal y voluntaria del embarazo (ILVE) a las mujeres que lo soliciten. Así lo indicaron el gremio de las EPS, Acemi, y la Supersalud, tras conocerse el fallo del Consejo de Estado que anuló dos circulares expedidas en 2009 y en 2011, las cuales establecían directrices frente a la prestación del servicio. La razón para seguir haciéndolo, según Acemi y la Supersalud, es sencilla: se trata de un derecho que otorgó la Corte Constitucional y que está por encima de cualquier directriz.

Las circulares anuladas habían sido expedidas por la Supersalud para reglamentar la prestación del servicio ILVE, en respuesta a la sentencia de la Corte Constitucional, que despenalizó el aborto en tres casos específicos: cuando el embarazo es producto de abuso sexual, cuando hay malformación del feto incompatible con la vida o cuando está en riesgo la salud física o mental de la mujer. En los documentos se daban órdenes e instrucciones a las EPS y entidades de salud, tanto públicas como privadas, y se establecían las sanciones que podían recibir en caso de incumplir las circulares.

Estas directrices fueron demandadas en 2011 por el hospital San Ignacio de Bogotá, que argumentó que la Supersalud carecía de competencia para proferirlas y para regular el derecho fundamental a la objeción de conciencia. La demanda fue apoyada por la Procuraduría General de la Nación, que en un concepto enviado al Consejo de Estado argumentó que en las circulares la Superintendencia de Salud daba a varias decisiones judiciales y actos administrativos relacionados con el tema un alcance que no tenían.

El pasado martes, tras analizar diferentes leyes, sentencias y tutelas, el Consejo de Estado les dio la razón al demandante y a la Procuraduría. Con ponencia de la magistrada María Elizabeth García, el alto tribunal concluyó que la Superintendencia no tenía competencia para expedir dichas disposiciones, ya que “la norma en las que justificó las circulares no le asignan a la Supersalud facultades para regular este servicio”. Asimismo recordó que sus funciones son inspección, vigilancia y control de las entidades prestadoras de servicios de salud, y que la facultad de reglamentar los abortos legales recae en el presidente y el Ministerio de Salud.

A pesar de que la noticia de la anulación de estas circulares se conoció en la noche del pasado martes, dichas directrices ya las había derogado la propia Superintendencia de Salud el pasado 26 de abril, cuando expidió una nueva circular, la 03 de 2013, con la que nuevamente daba instrucciones a las EPS para la prestación del servicio de interrupción voluntaria del embarazo, pero esta vez apoyada en diferentes pronunciamientos de la Corte Constitucional. Una de las razones por las cuales derogó las circulares anteriores fue que ambas se basaban en el decreto 4444 de 2006, con el que el Gobierno intentó regular directamente la prestación del servicio de abortos legales, pero que fue suspendido en 2009 y finalmente anulado a comienzos de este año.

La duda que surgió alrededor de la reciente decisión del Consejo de Estado fue hasta qué punto podría afectar la última circular de la Supersalud. Sin embargo, la conclusión de varios actores vinculados al sistema de salud fue la misma: “No tendrá ningún efecto y el servicio se seguirá prestando”.

Al consultar directamente al gremio de las EPS, Acemi, respondieron que el fallo en nada afectaba la forma como estaban prestando el servicio. De acuerdo con Jaime Arias Ramírez, presidente de Acemi, la decisión no cambia el panorama para las entidades de salud en cuanto a la atención de pacientes que deciden acudir a la ILVE.

“Todas venimos cumpliendo las circulares, tanto las que acaba de tumbar el Consejo de Estado como la que expidió la Supersalud en abril pasado. A pesar de que se caen las circulares de años anteriores, tenemos entendido que la última que se expidió sigue vigente y por esta razón la seguiremos cumpliendo en la prestación del servicio en los tres casos que reguló la Corte Constitucional”, declaró.

Por su parte, Ana Sofía Santos, vicepresidenta jurídica de Acemi, dijo que, tras revisar la decisión del Consejo de Estado, el derecho de las mujeres sigue intacto. “Los procedimientos están incluidos de forma legítima en el Plan Obligatorio de Salud (POS). El que se hubieran caído esas circulares no quiere decir que no se puede prestar el servicio. Lo que haga el Consejo de Estado no revoca lo que la Corte Constitucional ya despenalizó. Y si la intención de la Procuraduría es que estos procedimientos no se carguen al sistema de salud, no lo va a lograr por esta vía, ya que no ataca el plan de beneficios del POS. Si la ILVE está incluida, es una obligación cumplir en términos de ley”.

A pesar de que en la decisión el Consejo de Estado señala que es el Ministerio de Salud y no la Supersalud el que debe reglamentar la ILVE, el ministerio expresó a través de su personal de prensa que no se pronunciará frente al tema. Sin embargo, funcionarios de la entidad coincidieron con Acemi al decir que, pese a la decisión del alto tribunal, la última circular de la Supersalud sigue vigente.

Y agregaron: “Las circulares que tumbó el Consejo de Estado se basan en el decreto 4444, que fue suspendido en 2009 y declarado nulo este año. Sin embargo, la última circular que da instrucciones a las EPS en cuanto al procedimiento no se basa en dicho decreto, y como sigue vigente, las EPS lo deben seguir cumpliendo. Si se analiza la última circular, lo que hace es recopilar los conceptos de la Corte Constitucional, con los que no se está generando norma nueva, sino mencionando lo que ya estableció la alta corte”.

Por su parte, Gustavo Morales Cobo, superintendente de Salud, señaló que el Consejo de Estado tiene razón al anular esas dos circulares por considerar que se basaban en un decreto nulo. Sin embargo, la circular 03 de 2013, la cual da cumplimiento a muchas órdenes que da la Corte Constitucional frente a la interrupción legal del embarazo, no ha sido demandada y sigue vigente. Agregó que la anulación de las circulares anteriores en nada cambia la realidad de que las mujeres tienen derecho a la ILVE en los tres casos que despenalizó el alto tribunal constitucional.

Al preguntarle si la decisión del Consejo de Estado podría afectar la reciente circular, Morales Cobo explicó que la reciente directriz derogó las circulares viejas, pero que si por cualquier motivo eso llegase a suceder, el derecho constitucional a la ILVE sigue existiendo. “Como es un derecho constitucional, los jueces de tutela serían los llamados a darles la protección. Todo el sistema de salud debe estar volcado a darles ese derecho”, indicó.

Haciendo referencia al fallo del Consejo de Estado, cuando éste afirma que la facultad reglamentaria recae en el presidente y el Ministerio de Salud y que regular el aborto legal no es su competencia, el supersalud dijo que todas las superintendencias pueden expedir normas e instrucciones que faciliten su labor de vigilancia y control.

“Con la circular no estamos reglamentando nada. Les estamos diciendo a las entidades qué tienen hacer para no ser sancionados. Vigilar que las mujeres tengan un servicio adecuado y oportuno para ejercer su derecho, es una forma de ejercer esa vigilancia. Estamos hablando de una protección especial a las mujeres y cualquier barrera para acceder a ese derecho es una odiosísima discriminación de género”, puntualizó.

Por esto, “con o sin circulares vigentes, las entidades de salud deben seguir prestando el servicio de interrupciones legales y voluntarias del embarazo (ILVE) a las mujeres que lo soliciten”, concluyó el superintendente de Salud.

 

 

Procuraduría evalúa acciones
 La Procuraduría  celebró la decisión del Consejo de Estado, por haber acogido su concepto frente a estas circulares. El Ministerio Público ha sido uno de los principales críticos de la despenalización del aborto y en varias oportunidades ha cuestionado los fundamentos legales que la Supersalud ha esgrimido para expedir las diferentes circulares con las que ha intentado garantizar la prestación del servicio en el país.
 Frente a la reciente circular de la Supersalud, la Procuraduría dijo que es similar a las derogadas, ya que dicta instrucciones a las entidades de salud, señalando las mismas obligaciones y restricciones con relación a las medidas administrativas y obstáculos “inconstitucionales a la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo”, el derecho fundamental a la objeción de conciencia, entre otros; además de reiterar la advertencia sobre sanciones por el incumplimiento a estas disposiciones, invocando como fundamento diferentes sentencias de revisión de tutela de la Corte Constitucional.
 Por esta razón sentenció que, “sin perjuicio de lo manifestado por el supersalud para sustentar la circular 3 de 2013, ahora que se han declarado nulas las anteriores circulares de la entidad, el Ministerio Público procederá a evaluar las acciones a seguir, de conformidad con sus competencias, para garantizar el cumplimiento de las decisiones del Consejo de Estado y hacer valer los efectos que la ley les asigna a las mismas”.

 

 

Las circulares anuladas
 La circular externa 058 de 2009 estaba dirigida a las entidades administradoras de planes y beneficios, e hizo algunas adiciones, modificaciones y exclusiones a una circular anterior (047 de 2007).
 Entre ellas, adicionó un inciso referente al cumplimiento de la sentencia C-355 de 2006 y adoptó seis medidas para permitir el procedimiento de la interrupción legal y voluntaria del embarazo (ILVE) por parte de las instituciones prestadoras de salud (IPS), sin importar si son laicas o confesionales.
 Por su parte, la circular externa 03 de 2011 estaba dirigida a los prestadores de salud e impartía once instrucciones, en las cuales se señalaban deberes y advertencias sobre las sanciones a entidades que no observaran o desacataran lo dispuesto sobre la ILVE.