Alerta ante necesidad de plan de choque en salud

El cese de actividades en departamentos como Putumayo y las amenazas de cierre en Boyacá y Amazonas se suman a las dificultades del sector.

Estudiantes de medicina de las universidades de Bogotá realizaron un cacerolazo este jueves. / David Campuzano

El descontento del cuerpo médico con la reforma a la salud que se tramita en el Congreso y la falta de presupuesto en los hospitales —que ha dado lugar a amenazas de cierre de centros clínicos como el Hospital de Meissen— no son únicamente un dolor de cabeza para la administración de Bogotá. Una situación similar viven regiones aisladas como Putumayo y Amazonas, por lo que ayer la Defensoría del Pueblo lanzó una alerta al Gobierno.

El defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, le envió ayer una carta al ministro de Salud, Alejandro Gaviria, en la que le expresa su preocupación ante las amenazas de cierre de los hospitales del país y cuáles son las zonas con mayor dificultad.

En Putumayo, el defensor regional del departamento señaló que los trabajadores del Hospital Puerto Asís (II nivel) están en cese temporal de actividades desde hace una semana por falta de pago de salarios. En Amazonas, el organismo advirtió que por incumplimiento en el pago de las EPS el Hospital San Rafael de Leticia adeuda el pago de nómina a sus trabajadores, lo que llevaría al cese de atención de los habitantes.

No es menos desalentador el panorama en la región central del país. El defensor regional de Boyacá informó que los trabajadores del Hospital Regional de II nivel del Valle de Tenza han solicitado la intervención de la Defensoría del Pueblo debido a que el centro de salud les debe entre dos y cinco meses de salario a funcionarios y contratistas.

Los graves síntomas son un hecho común en las demás zonas del país, cuya causa es la misma que han repetido los gerentes de los hospitales: las deudas de las EPS. Según datos reportados por el Ministerio de Salud al Senado, tan sólo hasta diciembre de 2012 las cuentas por cobrar de los 964 centros públicos de Colombia a las EPS eran de $4,1 billones.

Por otra parte, de acuerdo con la directora de la Asociación Nacional de Internos y Residentes (ANIR), Carolina Corcho, el paro en contra a la reforma a la salud se prolongará hasta el miércoles.

Ante este crítico panorama, Otálora le pidió al ministro Gaviria que explique cuál es el plan de choque que tiene previsto su cartera para mitigar los alcances de la crisis y prevenir el colapso en la prestación de servicios de salud en los ámbitos nacional y distrital, que pondría en riesgo la atención de los colombianos e, incluso, costar vidas.