Zancadilla a la Supersalud

La Superintendencia denuncia que la justicia está ‘bloqueando’ su actuar al exigirle, a través de tutelas, que devuelva a sus dueños EPS intervenidas por iliquidez. Hay casos en que propietarios aprovechan para desaparecer recursos.

La superintendente encargada de Salud, Mery  Bolívar.  / El Tiempo
La superintendente encargada de Salud, Mery Bolívar. / El Tiempo

En las últimas semanas, a la oficina jurídica de la Superintendencia de Salud ha llegado una cascada de notificaciones de jueces de todos los rincones del país, que le exigen a la institución dar un paso atrás en decisiones tomadas frente a algunas EPS. Mientras la Supersalud decide intervenirlas después de comprobar que están en crisis, que no tienen con qué pagarles a los prestadores de servicios (principalmente a las clínicas y hospitales) y que corren peligro de desaparecer, los jueces han favorecido acciones de tutela interpuestas por los dueños de las empresas que piden que regresen a sus manos. Ya son varios los casos. Solamente la semana pasada se repitió dos veces: con Emdisalud y con Salud Cóndor.

En la mayoría de las ocasiones son sólo días los que las EPS regresan a manos de sus propietarios originales, pues la Superintendencia, a través de otra acción judicial, logra retomar el control. El problema es que a veces —aseguran fuentes cercanas a los procesos— esos pocos días son suficientes para que los dueños muevan en las EPS las fichas como quieran (contabilidad, informes, bases de datos) y se ha dado el caso, incluso, de que vacíen las cuentas y devuelvan a la empresa en ceros (como en el caso de Salud Colombia).

William Javier Vega, abogado de la Superintendencia de Salud, resume con estas palabras la situación: “La justicia está bloqueando nuestras acciones administrativas a través de las tutelas”.

El de SaludCoop es quizás el caso más sonado. El 31 de octubre del año pasado, por decisión del juez 37 civil del Circuito de Bogotá, la EPS volvió a manos de sus propietarios originales. Durante 17 días tuvieron el control completo de la empresa. En ese momento, otra decisión judicial le devolvió el control a la Superintendencia. Pero la historia no se quedó ahí: el Consejo Superior de la Judicatura suspendió temporalmente al juez que había favorecido a SaludCoop y le abrió una investigación disciplinaria. Se trataba de Hugo Hernando Moreno, el mismo que antes había ordenado detener la intervención de otra EPS en problemas: Salud Cóndor.

Los primeros estudios de la Superintendencia decían que la EPS del régimen subsidiado Salud Cóndor (360.500 afiliados, principalmente en Nariño, Valle, Cauca, Caldas y Bogotá), enfrentaba una crisis financiera. Se ordenó entonces su intervención administrativa (el 7 de abril de 2011), lo que le dio a la Supersalud el poder absoluto sobre la EPS. En ese momento se dijo que la empresa no cumplía con su margen de solvencia, que no contaba con liquidez y, por lo tanto, no tenía cómo pagarle a la red prestadora de servicios de salud, lo que se traduce en que no podía prestar una atención “oportuna y de calidad” a sus usuarios.

Aquí es donde entra a jugar el nombrado juez 37 Civil del Circuito de Bogotá quien, “amparando los derechos al debido proceso, defensa, igualdad y personalidad jurídica”, le da la razón a la gerente general de Salud Cóndor, Adriana María Cano, y le devuelve el poder de administrar la EPS (12 de septiembre de 2011). Un mes y dos días después vuelven a reinar los argumentos de la Superintendencia que retoma el control.

Y la crisis continuaba. Estudios más exhaustivos llevaron a nuevos hallazgos, más preocupantes, más severos, que le dieron motivos a la Supersalud para tomar una decisión más drástica: pedir su liquidación. “No era una entidad viable, sostenible —explica Vega—. Seguía incumpliendo y teniendo problemas con la red de hospitales, que había dicho que si no le pagaban no iba a atender a los pacientes ni a firmar nuevos contratos. Estos motivos llevaron a que en julio de 2012 se declarara la intervención forzosa administrativa para liquidar, decisión que estuvo detenida por una acción popular en Nariño, y mientras no hubo fallo no se confirmó la medida en una resolución”.

Pero cuando ya la decisión estaba tomada y el futuro inminente de Salud Cóndor era la liquidación, llegó una nueva tutela, que es la última parte de esta historia. El jueves pasado, a la oficina jurídica de la Superintendencia llegó una nueva notificación sobre una acción de tutela que, otra vez, habían interpuesto unos socios de la compañía pidiendo revocar la medida. “Es importante saber que la liquidación de Cóndor no se hizo de la noche a la mañana. El debido proceso se ha respetado”, enfatiza el abogado Vega.

Lo que viene será la respuesta de la Superintendencia a la tutela y la decisión final de un juez.

La historia de la EPS subsidiada Emdisalud (que tenía cerca de 920 mil afiliados, fundamentalmente en Antioquia, Córdoba y Bolívar) es casi la misma. Así la resume William Vega: Hay unos incumplimientos financieros. Se produce la intervención para administrar y así se mantiene durante un año y medio. Con las nuevas visitas y estudios se determina que es inviable. Se ordena la liquidación, “que ya está ejecutoriada”, es decir, que ya es un hecho.

Los dueños presentan un recurso de reposición que no tiene futuro, y entonces viene el recurso de la tutela. Cuatro acciones presentadas en diferentes lugares (dos en Montería y dos en Cartagena), todas falladas en su contra y una última, la quinta, notificada el jueves de la semana pasada y firmada por la jueza María Andrea Navarro del Juzgado Promiscuo Municipal de Puerto Libertador, que les da la razón.

“Si ya en cuatro ocasiones les habían dicho que no se les estaba violando ningún derecho ¿por qué la última sale a su favor?”, se pregunta Vega Además explica que “los afiliados estaban a punto de ser asignados por los alcaldes para ser atendidos por otras entidades porque Emdisalud ya no tiene red”.

La superintendente encargada de Salud, Mery Bolívar, dice que este hecho deja a los usuarios “en un limbo jurídico. La entidad ya no brinda las garantías. Si volvemos a entregarla, ¿cómo se va a garantizar la prestación? Con esta decisión se está poniendo en riesgo la vida de los usuario”.

La Superintendencia impugnó la orden de la jueza y está esperando una decisión final que puede tomar 15 días, el mismo tiempo en el que los pacientes de Emdisalud estarán en el limbo. “En 15 días pueden pasar muchas cosas. Si se muere un paciente, ¿quién responde?”, se pregunta Vega.

 

 

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