Así embolataron la plata de la salud de los indígenas de Cumaribo, Vichada

Después de tres años de investigación, la Fiscalía capturó al alcalde, al ex alcalde y a funcionarios de la IPS Matsuldani por anomalías en la prestación de salud.
Usaban las mismas fotografías para sus informes de gestión y los menores de edad que “atendían” en programas de nutrición aparecían registrados en Neiva, entre otros.

CumariboEl Morichal

Cumaribo es el municipio más extenso de Colombia. Es incluso más grande que Sri Lanka. stá ubicado en el Vichada, y cada año, 38.000 millones de pesos son invertidos aquí. Aquí los índices de Necesidades Básicas Insatisfechas llegan al 82.4% en Cumaribo, los casos de malaria suceden a 16 de cada 1000 habitantes, y los 8 centros de salud del municipio no dan abasto.

Esta semana, la Fiscalía capturó tanto el ex alcalde de Cumaribo, Arnulfo Romero Pardo, como el actual alcalde, Hermenegildo Beltrán Sosa. Así mismo, a la exsecretaria de Desarrollo Social del municipio, Leidy Yurani Plazas Barreto, la subgerente de Matsuldani, Deisy Solano Herrera, y el coordinador de la IPS, Haider Puertas Lombana por haberse la presunta apropiaron ilícita de más de $950 millones de pesos destinados a los planes de intervenciones colectivas del municipio más grande del país, cuya población es 80% indígena, de acuerdo con la Gobernación del Vichada.

¿Y los 2.300 millones?

Los Planes de Intervenciones Colectivas, o los famosos PIC, no son intervenciones médicas como cirugías, servicios de Urgencias, o consultas médicas, sino que son actividades complementarias de salud pública que van dirigidas a una comunidad. Por ejemplo, un taller para evitar el embarazo adolescente o un folleto que informe sobre los peligros de fumar cigarrillo. Además, son gratuitos para la población.

Según el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP), el departamento del Vichada ha invertido más de $18.500 millones en los últimos cinco años (2013-2017). De acuerdo con el periódico El Morichal, entre las empresas o entidades contratadas para los PIC son el Hospital Departamental San Juan de Dios, la Unidad Básica de Atención del Departamento (UBA), IPS INCI Salud y las IPS indígenas UNUMA ACIM y Matsuldani.

Esta última es la que ha dado dolores de cabeza a la Fiscalía, a los indígenas desatendidos en salud y al departamento. Entre 2015 y 2017, la alcaldía de Cumaribo y la IPS Matsuldani celebraron contratos para la prestación de servicios en salud de los PIC por $15.700 millones de pesos. Es decir que, de la plata de salud de los PIC para la población de Vichada, Cumaribo se llevó casi 2 tercios.

A pesar de que sea el municipio más extenso, que tenga 8 lugares de atención entre hospitales y puestos de salud para cubrir 74.000 kilómetros de distancia y que cuente con mayoría de población indígena (lo que exige una atención con enfoque étnico), es una suma demasiado grande como para no sospechar. Para el ejemplo, un botón: lo que otras entidades en otros municipios recibieron por la ejecución de los PIC en Vichada, a lo largo de tres años, suman la mitad de lo que la IPS Matsuldani recibió en febrero de 2017: más de $ 2,300 millones.

En abril de 2017, el medio de comunicación llanero El Morichal consultó a Fabio Alexis García, representante legal de la IPS Matsuldani, sobre esta jugosa cifra. “Tenemos toda la experiencia que exige la normatividad en especial la resolución 518 del 24 de febrero del 2015. Y somos una IPS que solo desarrolla o ejecuta plan de intervenciones colectivas” Además agregó que “No tenemos ni manejamos ningún tipo de contratación con las EPS, es decir, no hacemos atención primaria en salud. Hacemos promoción y prevención en salud pública” manifestó.

Pero la Fiscalía, que esta semana capturó a cinco de los implicados, difiere.

Desde mayo de 2015, investigadores de CTI llegaron al Vichada. En esa visita comprobaron que había anomalías tanto en la contratación como en la prestación de servicios. Por ejemplo, usaban las mismas fotografías para sus informes de gestión, los menores de edad que “atendían” en programas de nutrición aparecían registrados en Neiva, facturaban tarros de leche sin los registros de salubridad del Invima, tenían medicamentos parasitarios y para la tuberculosis mal almacenados y los soportes de la ejecución de programas no estaban firmados por la gente, tenían tachaduras, enmendaduras y vacíos.

Desde febrero de 2016, la Superintendencia Nacional de Salud advirtió que la IPS Matsuldani no era idónea para atender a la población. La Procuraduría Regional de Vichada también sospechaba, y en octubre del año pasado le abrió una investigación disciplinaria al alcalde de Cumaribo, Hermenegildo Beltrán Sosa, por las irregularidades en la adjudicación de un contrato por más de 2.300 millones de pesos para ejecutar “actividades de prevención en salud para la población indígena del municipio”, en 2017, con esa IPS.

Ambas entidades alegaron que el contrato fue asignado “a dedo”, sin convocar a concurso público y sin tener en cuenta las denuncias por el mal servicio (o la ausencia total del mismo) hechas por los indígenas ante la Superintendencia de Salud. La Fiscalía añade que también se encontró que una de las sociedades de los funcionarios de la IPS indígena habría sido beneficiada con la adjudicación de un bien baldío, mediante la modificación irregular del Plan Básico de Ordenamiento Territorial que sustituyó la destinación rural por urbana de ese predio.