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Salud Cóndor y Emdisalud, dos EPS del régimen subsidiado, están viviendo una misma realidad: mientras la Superintendencia de Salud ordenó su liquidación porque considera que no son financieramente sostenibles, dos jueces aseguran que la entidad no tiene argumentos para tomar esa decisión y le piden dar un paso atrás. En este momento, los dos casos están a la espera de una decisión final, pues la Supersalud impugnó ambas órdenes.
Como lo informó en la edición de ayer El Espectador, los dueños originales de estas EPS están buscando tumbar a través de tutelas las decisiones de la Supersalud para retomar el poder de las empresas. Y, en muchos casos, la justicia les está dando la razón, “bloqueando nuestras acciones administrativas”, según denunció el abogado de la entidad William Javier Vega.
Este diario tuvo acceso a los dos análisis forenses que se les realizaron a ambas EPS para develar las posibles irregularidades que las llevaron a la crisis que hoy enfrentan. Los hallazgos son contundentes.
Hallazgos en Salud Cóndor
El documento se titula Análisis forense de posibles irregularidades cometidas por Salud Cóndor durante los años 2009, 2010 y hasta el mes de abril de 2011. En él están contenidos los argumentos de la Superintendencia de Salud para pedir la intervención administrativa (7 de abril de 2011) y, posteriormente, la liquidación (julio de 2012) de esta EPS que cuenta con 360.500 afiliados, principalmente en Nariño, Valle, Cauca, Caldas y Bogotá.
Para empezar, se podría hablar de las presuntas anomalías en las autorizaciones médicas. Quizás el caso más notorio sea el de cinco autorizaciones, por $45’575.449, expedidas a nombre de cuatro usuarios fallecidos. Otro ejemplo que se puede destacar es el de 143 autorizaciones, por $1.198’184.844, que se realizaron bajo dos nombres: “Autorizador” y “Soniac”, y que no correspondían a usuarios reales. Según el documento “el usuario ‘Autorizador’ fue creado el 10 de mayo de 2010... según directrices verbal y telefónica de la subgerente de aseguramiento, la Sra. Mónica Posso”. Y un último ejemplo, el de una paciente de doce años a quien le recetaron el medicamento galsulfase (98 ampollas), que tiene un valor de $608’972.000 y que, según la madre de la menor, Eneyda Orozco, nunca le fue entregado a su hija; además se encontró un sobrecosto del 68% en este fármaco al comparar con los precios de Brasil, EE.UU. y España.
Otro aparte de la investigación está dedicado a las posibles irregularidades en las condiciones locativas de las IPS (clínicas y hospitales) que prestan los servicios de Salud Cóndor. Aquí se encontró que dos de ellas, Suministros Médicos de Colombia SAS y Suministros Médicos de Pasto SAS, de la capital nariñense, funcionaban en el mismo domicilio y, lo que es más grave, servían al mismo tiempo como vivienda. Otra de las IPS que aparece en los informes de la empresa, Integral Pharma SAS, no existe ni ha funcionado anteriormente.
Más conclusiones: se encontró que al 31 de marzo de 2011 se habían pagado anticipos por $13.082’299.844 a las 14 IPS analizadas, es decir, se hicieron estos pagos sin tener una deuda o factura asociada o registrada en la contabilidad de Salud Cóndor.
Radiografía de Emdisalud
En un informe de 42 páginas se detallan las posibles anomalías que reinaron en la EPS Emdisalud desde 2008 hasta diciembre de 2010. Esta EPS, en liquidación, atendía a cerca de 920.000 afiliados, fundamentalmente en Antioquia, Córdoba y Bolívar. ¿Qué se encontró? Sólo para empezar se podría mencionar los créditos que la empresa les otorgó a miembros de la junta directiva (práctica que no está autorizada en el reglamento de la EPS) y que nunca fueron devueltos. Wilson Barrios Guerra aparece como el mayor deudor, con $58’819.213. La lista la completan Keillin Ramos González, Nelly Banda Vargas, Rosa Sánchez Ortiz y Yolanda Uribe Graciano. En total, la compañía les prestó $171’000.000, de los que aún se le adeudan $141’453.000.
Al analizar las autorizaciones médicas se encontraron 2.264, por $6.099’447.237, que fueron expedidas a nombre de cuatro exempleados. En este caso, un usuario denominado “hvila” es quien tiene el mayor número de autorizaciones irregulares expedidas: un total de 2.210 por un valor de $312’083.973. Y un hallazgo más en este tema: se identificaron 208 autorizaciones médicas expedidas como de “alto costo” cuando en realidad correspondían a procedimientos de “bajo costo”. Esto quiere decir que se estaba pagando el doble por esa atención.
Otra posible irregularidad reseñada en este informe es la realización de procedimientos dobles. Un ejemplo: a la paciente Luz Maira Gómez Díaz, atendida por la IPS ESE Hospital San Jerónimo de Montería y diagnosticada con un “embarazo de alto riesgo”, se le autorizaron dos cesáreas en el mismo día, 12 de marzo de 2008.
También se encontró que a 31 de diciembre de 2010 existían anticipos por $2.064’563.135 girados a las IPS analizadas, lo que se traduce en que se realizaron sin tener una deuda o factura registrada en la contabilidad de la empresa.
Y para terminar se deja constancia de que al analizar un servidor y un disco duro externo de la EPS, se encontró que posiblemente “se realizó sobre el servidor de correos electrónicos una técnica de borrado seguro que normalmente evita la recuperación de datos que podrían haber sido relevantes para el caso objeto de análisis”.