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Por la presunta responsabilidad fiscal en la que incurrieron -por concepto de recobros al Fosyga- varias EPS del país, la Contraloría General de la República les abrió una investigación.
Entre las EPS indagadas se encuentran: Sanitas, Saludcoop, Cormedica, Coomeva, Famisanar, Salud Total, SuSalud, Cruz Blanca, Cafesalud y Compensar.
Los hechos tienen que ver con “consensos al interior de la agremiación con miras a la exclusión de medicamentos del Plan Obligatorio de Salud (POS), que ya habían sido cubiertos financieramente por vía de la Unidad de Pago por Capitación”, señala El País de Cali.
Asimismo, con la “afectación a la debida transparencia en el mercado de aseguramiento en salud, materializada en la circulación de información entre las EPS y Acemi y que debía reportarse a los entes regulatorios para el cálculo de la Unidad de Pago por Capitación y de notas técnicas; información esencial para competir en el mercado”.
Según el organismo de control, el monto asciende a los $1,8 billones, “porque se incrementó un costo a cargo del recurso público en la prestación del servicio de salud". Estos presuntos cobros irregulares por concepto de medicamentos al Fosyga se habrían llevado a cabo tras acuerdos entre 2007 a 2009.
La contralora Sandra Morelli dijo que la responsabilidad fiscal en la que eventualmente habrían incurrido las prestadoras de salud es “consecuencia de la conducta que fue identificada en su momento por la Superintendencia de Industria y Comercio y que dio lugar a que se hablara en esa providencia del cartel de las EPS para ponerse de acuerdo en los precios de los medicamentos y recobros”.
El proceso se inicia, de acuerdo con Morelli, “contra las personas que lideraron y aprobaron ese acuerdo cuya recurrencia prueba la SIC, que en algunos casos eran los representantes legales de las EPS”.
El presidente de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, Acemi, Jaime Arias, manifestó en Caracol Radio que recibe con tranquilidad la investigación adelantada por la Contraloría. Explicó que se trata de un proceso que viene desde hace siete años y se deriva de las investigaciones que adelantó la Superintendencia de Industria y Comercio.
Sin embargo, manifestó que tiene el temor que esas investigaciones -por un presunto detrimento patrimonial en el sector de la salud- no sean completamente imparciales y que puedan tener un sesgo ideológico o jurídico.